¿Por qué el Gobierno está incómodo con la JEP? / Análisis

Como si los frentes de polémica que ha abierto en poco más de un año fueran pocos, el gobierno del presidente Gustavo Petro la ha emprendido ahora contra la Jurisdicción Especial para la Paz.

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En carta del viernes al secretario general de Naciones Unidas, el presidente Petro se comprometió a cumplir los compromisos del Estado colombiano firmados en el Acuerdo de Paz con las Farc. Pero en ese mismo documento, hizo inusuales pronunciamientos en los que parece sugerir que la JEP no está cumpliendo con su mandato de hacer justicia frente a los hechos del conflicto perpetrados por la extinta guerrilla de las Farc y actores del Estado.

“Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla su gran cometido: la paz como derecho síntesis. Como jefe de Estado y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial del Consejo de Seguridad”, dice la comunicación entregada por la embajadora Leonor Zalabata en Nueva York.

El cómo “hará cumplir” y el qué considera cumplimiento del mandato de la JEP son arenas movedizas para la institucionalidad colombiana porque indican que el Presidente considera, erróneamente, que él o su gobierno tienen carácter de validadores de las decisiones de la justicia transicional, en un claro desconocimiento de la división de poderes y de la Constitución. Desconocimiento del que ya había hecho gala cuando se declaró “jefe” del fiscal general de la Nación, si bien tuvo después que echarse para atrás en sus afirmaciones.

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Que el Gobierno está incómodo con algunas decisiones de la JEP viene siendo evidente desde hace meses. Ya el canciller Álvaro Leyva había dicho en la ONU que la JEP se estaba “descarrilando”, y la dura crítica del tribunal a la falta de resultados de la ‘paz total’ para frenar la violencia, especialmente contra los desmovilizados de las Farc, tampoco le cayó bien al Ejecutivo.

El pleno cumplimiento de los Acuerdos de La Habana y Cartagena pasa por respetar, como bien lo recordó el presidente de la JEP, Roberto Vidal, la independencia de esa jurisdicción. La justicia no es ni subordinado ni instrumento de ningún Gobierno y sus decisiones no pueden ni deben legitimarse según se acomoden o no a las definiciones de ‘verdad’ y a la conveniencia de los poderes políticos de turno.

Y a propósito del pleno cumplimiento del acuerdo al que se compromete el Gobierno: ¿cómo resolverá la expresa prohibición plasmada en lo pactado con las Farc y blindada en la Constitución de volver a darles algún beneficio político a los que, como ‘Iván Márquez’, traicionaron la paz que firmaron hace 7 años, en noviembre de 2016?

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET