'Para las víctimas, el reconocimiento es un punto de partida necesario para continuar con los diálogos': magistrada Lily Rueda, sobre investigaciones de violencia sexual en la JEP

unos recursos jurídicos presentados por las antiguas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre estos una nulidad a las imputaciones de violencia sexual, están próximos a recibir respuesta por parte del alto tribunal. Esta Corte deberá decidir si mantiene o no estas acusaciones y continúa con la investigación, que presionaría el reconocimiento de los firmantes frente a estos crímenes como un patrón de conducta. Bajo este contexto, la magistrada relatora del macrocaso 11, que investiga la sistematicidad de los delitos de género, habló sobre los principales hallazgos en el expediente de la otrora guerrilla.

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Además del macrocaso 02, que estudió la situación territorial de Nariño y determinó un patrón de violencia sexual cometido por la antigua guerrilla, también hay una imputación en el macrocaso 01, que investiga el secuestro. Se evidenció una sistematicidad de malos tratos y hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como la violencia sexual. Por estos hechos, se realizó imputación a Rodrigo Londoño y Milton de Jesús Toncel, ex del Secretariado, como “responsables por mando, por omitir el control” (no prevenir, controlar ni castigar). Hubo reconocimiento de responsabilidad por parte de estos comparecientes y en la resolución de conclusiones, la Sala los declaró elegibles para sanción propia.

“(…) en el caso de las mujeres, una de las varias formas de humillación fue la mirada de la guardia masculina sobre el cuerpo desnudo de la mujer cuando defecaba, orinaba o se bañaba”, dice el auto.

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Las hipótesis de patrón que se han planteado en la apertura del Caso 11 sobre hechos atribuibles a las antiguas FARC-EP son, entre otros, crímenes contra niñas y mujeres de la población civil por razón de su género, crímenes motivados por la orientación sexual, la identidad o expresión de género diversa de las personas, y todo tipo de violencias de género al interior de sus propias filas, que incluyeron delitos sexuales, reproductivos y de prejuicio.

El macrocaso 11 está en sus primeras etapas, durante las cuales nos concentramos en la acreditación de víctimas y en la ampliación de información que nos permita, a mediano plazo, establecer los patrones y los crímenes que debemos imputar. Sin embargo, a partir de la investigación de hechos de violencia sexual en los otros macrocasos que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, hoy tenemos muchos aprendizajes y claridades sobre la forma en que debemos avanzar en las indagaciones del Caso 11, lo que nos permitirá avanzar de manera más ágil y sólida hacia la determinación de hechos y la imputación de las conductas.

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 Las víctimas de violencia sexual que participan en la JEP han sido enfáticas en manifestar que su mayor expectativa hacia los comparecientes es que aporten verdad y reconozcan responsabilidad por estas conductas. Así, han insistido en que el reconocimiento es un punto de partida que estiman necesario para avanzar en el diálogo con los comparecientes sobre los aportes que esperan de ellos en materia de reparación del daño. Paralelamente, las víctimas han narrado extensamente los daños que la violencia sexual ha causado en ellas, particularmente sobre su salud física y mental. Se trata de daños que no han sido atendidos por el Estado, por lo que persisten y se agravan con el tiempo. De esta manera, una de las líneas de restauración que es pertinente construir frente a estos daños particulares, tiene que ver con la recuperación integral de la salud de las víctimas.

Redacción Justicia.

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