'La guerra se mide en litros de sangre': el informe presentado en el juicio contra el coronel (r) Publio Mejía por los 'falsos positivos'

Arrancó la segunda fase del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Mejía por 72 'falsos positivos'. Durante las audiencias, que comenzaron este martes 28 de enero, los abogados de las víctimas presentarán a sus testigos y el material probatorio para demostrar la responsabilidad del exoficial en los crímenes imputados. En la primera jornada, uno de los llamados al estrado fue el investigador Alberto Yepes, quien presentó ante la magistratura el informe 'Colombia: la guerra se mide en litros de sangre'.

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"El informe, que fue presentado ante la Corte Penal Internacional, buscaba demostrar que las personas más responsables sobre estos casos no habían sido procesados por la justicia en Colombia. Apuntaba a quienes habían comandado las unidades militares, tanto brigadas como batallones, que mostraban un mayor registro de víctimas de 'falsos positivos'", explicó el investigador Yepes a la magistratura sobre el objeto del estudio.

El estudio, firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, documentó más de 3.300 casos de personas inocentes asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, entre los años 2002 y 2008, en los diferentes rincones del país. 

De acuerdo con el testigo, se logró establecer un patrón criminal y el listado de los departamentos con mayor número de casos de 'falsos positivos': Antioquia, Cesar, Meta, Huila y Norte de Santander. Los batallones que encabezaban el deshonroso ranking fueron La Popa, en Cesar, y el Batallón Bajes, en Antioquia.

Ambas unidades militares hoy son objeto de las investigaciones de la JEP en el macrocaso 03, y, en los dos casos, sus comandantes, Publio Mejía, en el caso de La Popa, y Mario Montoya, en el de Bajes, han negado su responsabilidad en estas muertes.

Actualmente, los dos transitan por la ruta adversarial, contemplada para los actores del conflicto armado que no reconocen su participación en los hechos.

Durante la audiencia, los apoderados de las víctimas y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP, intentaban relacionar estos crímenes con una política motivada por los altos mandos que favorecían las bajas (los litros de sangre) con beneficios como vacaciones y permisos, lo que propició el asesinato de personas inocentes para engrosar las cifras de los resultados operacionales.

"Encontramos una correlación entre la política implementada por el alto Gobierno, que presionaban por resultados a los mandos de las unidades militares y promovían incentivos que motivaron la comisión de estos graves crímenes", declaró el testigo.

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Tambié, durante el encuentro, la defensa del acusado realizó el interrogatorio con el que se buscó reflejar el panorama de conflicto en la región durante los años sobre los que se centra la investigación, que motivaron la escalada en la respuesta militar. "Había presencia de grupos criminales y sobre todo de grupos paramilitares al mando de Jorge 40, Hernán Giraldo y Alias '39'", precisó Yepes.

El coronel (r) Publio Mejía es el primer compareciente de la JEP en ir a juicio por negarse a aceptar los crímenes imputados. En este caso, 72 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus subalternos cuando Mejía ejercía la comandancia del Batallón La Popa. 

Durante las sesiones anteriores de la audiencia, la UIA presentó a 22 testigos, 13 de ellos exmilitares al mando del coronel (r) Mejía, quienes detallaron exhaustivamente los casos en los que se orquestó un entramado criminal con paramilitares, que perfilaban a las víctimas, así como la simulación de combates en los que las personas eran asesinadas con anterioridad.

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Redacción Justicia