Monsalve solicitó su isión en julio de este año y su caso se encuentra bajo estudio en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Monsalve, preso en La Picota, es un exparamilitar que fue empleado de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde supuestamente se organizaron los 'paras' del Bloque Metro.
También prometió contar la verdad de hechos relacionados con el conflicto Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero, quien actualmente enfrenta un juicio por el asesinato del dueño de Surtifruver. En su solicitud a la JEP, se presentó como miliciano de la exguerrilla de las Farc, aunque nunca estuvo en los listados que presentó el ahora partido político.
Aunque los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado no quedaron obligados a presentarse a la JEP, los magistrados de este sistema judicial han sido sorprendidos por una avalancha de particulares –muchos de ellos exfuncionarios del Estado–, que quieren acudir a él.
Hasta ahora, 478 civiles han radicado solicitudes de isión en la justicia para la paz, según documentos obtenidos en exclusiva por EL TIEMPO.
En esa lista hay exministros, excongresistas, exgobernadores, exalcaldes, exfuncionarios del DAS y de la Fiscalía, exjefes paramilitares, al menos un palmicultor, personas señaladas de relaciones con las Farc y los paramilitares, jefes y de bandas criminales y hasta ladrones de bancos.
Exjefes paramilitares que buscan entrar a la JEP
Además, aparece un exfuncionario de Indumil que le vendía municiones a la guerrilla, estudiantes universitarios investigados por terrorismo –hay 12 en la lista–, campesinos, falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, un exdirigente deportivo acusado de matar a su esposa y un secuestrador que buscaba a sus víctimas en Internet.
En la mayoría de los casos se trata de particulares que están presos y que buscan su libertad. Otros están libres pero tienen restricciones –por ejemplo, para salir del país– y quieren eliminarlas.
Por supuesto, a la justicia para la paz solo accederán los procesados por delitos relacionados con el conflicto armado y personas que, tras una valoración de los magistrados, representan, por la información que poseen, un potencial importante para la verdad que busca esclarecer esta justicia sobre hechos graves ocurridos durante el conflicto armado.
Hasta ahora, solo han sido itidos seis de los solicitantes. Dos de ellos son los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, cuya inclusión en la JEP fue inicialmente negada porque sus procesos (por vínculos con paramilitares y el llamado ‘cartel de la toga’, respectivamente) ya estaban en la Corte Suprema.
Excongresistas que han pedido cupo
La propia Sala de Apelaciones de la JEP consideró que debía evaluarse el potencial de verdad que tienen para contar los excongresistas.
“Les pedimos que nos estructuren su programa de verdad. En este y en todos los casos, los civiles que se postulan deben contar mucho más allá de lo que ya está en los expedientes”, le explicó a EL TIEMPO un magistrado de la JEP.
Como es lógico, muchos de los 478 particulares que aspiran a estar en la justicia transicional no serán itidos. EL TIEMPO verificó el prontuario judicial de quienes aparecen en la lista y encontró que un buen número de ellos han cometido delitos que nada tienen que ver con el conflicto.
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