Con un documento de seis páginas, el magistrado Alejandro Ramelli de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las solicitudes que le hizo la Procuraduría a esa justicia respecto a las investigaciones por presuntas víctimas de ‘falsos positivos’ que habrían sido enterradas como cuerpos sin identificar en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia.
La respuesta del magistrado consiste en un informe del cual se concluye que, en su mayoría, las acciones solicitadas por el procurador delegado Herman Rincón Cuellar ya habían sido implementadas por la JEP. Así lo explica en cinco puntos que desarrolla en el documento, con fecha del 24 de diciembre, en respuesta al memorial de la Procuraduría, con fecha del 19 de diciembre.
En el primero de los puntos, sobre la protección a la vida e integridad del compareciente que con sus testimonios llevó a la JEP hasta Dabeiba, y la de testigos que han participado del proceso, el magistrado resumió las órdenes de estudio de riesgo enviadas a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que se emitieron en julio y se reiteraron en diciembre.
Agrega que la UIA ya tomó medidas sobre el militar y su familia y que se ordenó hacer un estudio de riesgo similar respecto a dos personas que contribuyeron en la inspección en terreno.
Sobre la solicitud de hacer llamados a otros militares a versiones voluntarias, la JEP informó que ya se convocó a versión voluntaria a un superior del compareciente, a quien este último acusa de haber coordinado acciones relacionadas con la pantomima con la que se pretendía hacer pasar las ejecuciones extrajudiciales como legítimas.
Se trata de un sargento que tendrá que acudir a esa jurisdicción el 28 de enero del 2020, y a quien se le señala, por ejemplo, de ser la cabeza tras la consecución de las armas que les ponían a los cadáveres de las víctimas. Además, la JEP estudia a qué otros militares llamar a versiones por estos hechos.
En el tercer punto, respecto a la identificación plena de los cuerpos, la JEP informó a la Procuraduría que el Instituto de Medicina Legal ya “tuvo traslado de la información y efectuó una búsqueda en sus sistemas de información sobre personas reportadas como desaparecidas en el período y territorio indicado como procedencia de las víctimas”, y que incluso este se va a ampliar.
La JEP aseguró que se ha llevado un proceso de colaboración interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la UIA, y que se ordenó a Medicina Legal que, en cuanto termine el proceso de identificación, lo ponga a disposición de la JEP para adelantar y coordinar las labores de entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
El cuarto numeral de las respuestas de la JEP detalla las inspecciones judiciales y los requerimientos que se han hecho a entidades y autoridades para que aporten la información necesaria que permita tomar decisiones sobre las medidas de protección a sitios como el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba.
Finalmente, sobre la solicitud que hizo la Procuraduría de articular las acciones en la JEP, esta mencionó que son “varias las actuaciones que confluyen y son transversales para efectos de los objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición”. Entre estas, están el caso 003, sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y las medidas cautelares solicitadas por el Movice en varios sitios, incluido el cementerio Las Mercedes.
También refirió el traslado de información entre salas y secciones cuyas investigaciones están relacionadas con los hechos contados por el militar a la JEP.
Sobre la solicitud de la Procuraduría de que se priorice la investigación de la unidad militar que estaría involucrada en estos hechos, el magistrado se abstuvo de responderla y prefirió trasladarla a la Sala de Reconocimiento para que esta decida en pleno. En todo caso, Antioquia es una de las regiones priorizadas por la Sala en el caso de los ‘falsos positivos’.
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