JEP ordena audiencia para evaluar política de desmantelamiento de bandas

Ante el incremento de violencia, asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc, la JEP llamó la atención sobre la necesidad de más esfuerzos institucionales para implementar una política para la desarticulación de las estructuras criminales y sus redes de apoyo.

(Lea también: Comisionado dice que irá a la JEP y mostrará cuánto vale cuidar a ex-Farc)

En ese sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó hacer una audiencia pública para evaluar los lineamientos y plan de acción de la política pública y criminal presentada por el Alto Comisionado para la Paz el 19 de marzo de 2021. El funcionario deberá explicar en la diligencia los alcances de las decisiones adoptadas por el Gobierno y los avances de su implementación

En el encuentro, que se hará el 28 de febrero en Bogotá, la JEP evaluará el alcance de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la articulación de las entidades llamadas a poner en marcha la política, el impacto en la seguridad de los reincorporados y de la población de los territorios más afectados, y además verificará si se tuvieron en cuenta las observaciones y recomendaciones de los integrantes de la sociedad civil y delegados ante esa comisión.

Además del Comisionado de Paz, a la audiencia también fue convocada la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, dos delegados de cada una de las partes que integran la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), un vocero delegado por el Partido Comunes y, en calidad de observadora, fue invitada la Misión de Verificación de la ONU.

(Más notas: JEP investiga violencias a menores de edad LGBTI reclutados por Farc)

La jurisdicción especial indicó que desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, por lo menos 303 excombatientes han sido asesinados. Así mismo, citó que la situación de inseguridad es más grave en los espacios de reincorporación y en departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, en donde los crímenes han sido cometidos por grupos armados organizados que se disputan el control de los territorios.

(En contexto: El reto que le puso la Corte al Gobierno sobre la seguridad de ex-Farc)

En medio de esa ola de violencia, la JEP recordó que un caso que fue objeto de medidas colectivas de protección, dadas a fines del año 2021, fue el proceso de desplazamiento que, por razones de seguridad, se realizó con la población de excombatientes del Espacio Territorial de Urías Rondón (Meta) a Doncello (Caquetá), y que incluyó más de 100 excombatientes y sus familias que sufrieron un ataque armado durante el desplazamiento.

-El lío con el último testigo contra oficial señalado de prostituir policías

-‘El expediente digital se está convirtiendo en realidad’: Carlos E. Moreno

-Cárcel a presunto homicida de líder LGBTI Cristina Cantillo, en Santa Marta