Las obras con las que exintegrantes de las Farc en la JEP buscan reparar a sus víctimas

Tan solo semanas después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, se terminó en diciembre de 2016 un proyecto piloto de desminado en la vereda El Orejón de Briceño, Antioquia, en la que excombatientes de las Farc despejaron de minas 19.489 metros cuadrados y desactivaron 47 artefactos explosivos en una zona en la que otrora sembraron zozobra.

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Este piloto se convirtió en uno de los primeros trabajos, obras y actividades con contenido reparador–restaurador (Toar) que certificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que son las obligaciones que tienen todos los comparecientes de la JEP frente a la reparación de las víctimas y restaurar los daños ocasionados a la sociedad en el marco del conflicto armado.

Desde este Toar, en el que certificaron a 70 comparecientes de las ex-Farc, entre ellos antiguos del secretariado como Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Jaime Parra, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, la JEP ha recibido 200 solicitudes para certificar otras obras, acciones y trabajos que en todo el país han estado adelantando comparecientes para reparar a sus víctimas

De hecho, 181 de esas solicitudes ya fueron certificadas como Toar por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, pero cada semana llegan nuevas propuestas. Hasta el momento, 2.595 participantes en la JEP, entre ex-Farc, de la Fuerza Pública y terceros civiles le han pedido al tribunal de paz que les valga alguna acción o trabajo como parte de ese componente reparador que deberán cumplir en las sentencias.

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Aunque distintos tipos de comparecientes han pedido certificar sus Toar, por el momento, los 181 que ya se han verificado son de excombatientes de las Farc, comentó Harvey Suárez, secretario ejecutivo de la JEP.

Entre esos está el caso del desminado en El Orejón, para el que ex de las extintas Farc aportaron información sobre la localización de minas antipersonal en el territorio, se constituyó en un gesto para crear confianza y avanzar en la implementación del acuerdo de paz que apenas comenzaba, y liberó a los pobladores de la región del miedo a transitar por ciertas zonas.

Suárez explicó que este y algunos otros son Toar que se hicieron incluso antes de que se creara la JEP, que se constituyeron en procesos de reconocimiento de responsabilidad sobre daños a las víctimas, al medioambiente y a la sociedad, que ahora los comparecientes quieren contribuir a reparar.

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Por ejemplo, un Toar que muestra la oportunidad de reconciliación de estos programas ocurrió en Anorí, Antioquia, entre el 17 y el 31 de julio de 2018, cuando se desarrolló la Bioexpedición Anorí, un proyecto científico que se hizo en territorios que antes eran controlados por las Farc, de hecho, uno de los científicos que participó en su momento estuvo secuestrado por la guerrilla.

Durante esta expedición, en la que se descubrieron 14 especies nuevas, entre plantas, mamíferos, reptiles e insectos, 15 ex de las Farc fueron auxiliares de investigación y apoyaron con su conocimiento y experiencia en el desarrollo de todas las actividades.

Así como estos ejemplos hay cientos más que la JEP ha dividido en ocho líneas: acción integral contra las minas antipersonal (Aicma), línea en materia de medioambiente, naturaleza y territorio; infraestructura rural y urbana; memorialización y reparación simbólica; educación, alfabetización y capacitación; búsqueda de personas desaparecidas; y línea restaurativa según daños diferenciales y macrovictimización.

Todo esto en el marco de responderles a las víctimas, quienes están en el centro de la JEP, reitera el presidente de esta jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, al decir que “las víctimas pueden esperar que los proyectos (de sanción y reparación) van a tener esmero en responder a expectativas que ellas proponen en los procesos, nuestro patrimonio es la cantidad de víctimas acreditadas en la JEP, finalmente ellas son nuestros interlocutores”.

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De cara a las víctimas, algunos de los críticos de los procesos de la JEP han cuestionado que las sanciones son muy laxas o las reparaciones insuficientes frente a todo lo que causaron, a lo que Suárez y Vidal responden que el valor de los Toar, por ejemplo, no está dado solamente por la obra o acción misma que se desarrolla, sino por el contexto de reconocimiento a las víctimas, de lo que pasa alrededor de los procesos, y de la intervención integral del Estado que debe llegar de la mano de las reparaciones, por ejemplo, que el Estado cumpla con electrificación rural, con vías, con seguridad alimentaria, con restitución o titulación de tierras, entre otros.

Un ejemplo de un trabajo que a simple vista podría parecer inocuo frente al daño causado es una placa huella de 65 metros que les certificaron como Toar a excombatientes en Viotá, Cundinamarca, quienes responden en la JEP por delitos como secuestros y asesinatos. ¿Cómo entender que estas personas puedan reparar a sus víctimas con 65 metros de cemento?

Esa placa huella se hizo a la entrada del cementerio del centro poblado San Gabriel, donde reposan los restos de personas a quienes asesinaron durante los años más duros del conflicto. También están allí los restos de personas a las que desaparecieron y sobre quienes luego dieron las coordenadas de sus cuerpos para que recibieran sepultura. Incluso, allí están enterrados familiares de los mismos comparecientes pues varios de ellos eran informantes de las Farc y vivían dentro del mismo poblado que sus víctimas.

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Hilda Gómez, de 72 años de edad e integrante de la mesa municipal de víctimas de Viotá, contó que en este cementerio, ubicado en una colina y cuya entrada era de barro y ocasionaba que las personas se cayeran al entrar, está enterrado su esposo, a quien las Farc desaparecieron en marzo de 1999, y que solo en 2011 le dieron las coordenadas de sus restos.

Sobre si se siente reparada con la placa huella, dijo: “Hay gente que lo acepta y otras que no, el daño que nos hicieron es irreparable”, aunque añadió que los procesos en la JEP le han servido para comprender que los milicianos de las Farc, que fueron sus vecinos, también actuaban bajo la amenaza de que les hicieran daño a sus familias.

En todo caso, dijo que la obra se hizo “en donde era”, y contó que aunque al comienzo fue muy duro aceptar que los que les hicieron daño volvieran a la región como reincorporados, han ido generando convivencia, incluso dijo que otra obra que le gustaría que hicieran los excombatientes es un salón comunal para que puedan reunirse las personas que en el pasado vivieron con miedo por su culpa.

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“Sería importante que entre excombatientes y comunidad se hiciera esa construcción, sería muy bonito y serviría para la comunidad”, concluyó.

También Marta González, de 48 años de edad y quien trabaja como enlace de Paz y Derechos Humanos en Viotá, se refirió a esta placa huella a la entrada del cementerio y a cómo logró mostrar que los excombatientes tienen una real voluntad de cambio. Ella, a quien durante el conflicto le asesinaron a dos familiares y tuvo que desplazarse 3 veces por amenazas, pudo ver cómo durante la construcción de la placa huella excombatientes y de la comunidad compartieron juntos.

“No fue fácil comenzar, las primeras jornadas fueron de muchos sentires, pero cuando las víctimas nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo, empezamos a llegar, había personas que decían ‘yo les ayudo, paleamos gravilla, cargamos cemento’, se vio un trabajo mancomunado, se repartía gaseosa, pan, salchichón, llegaban las víctimas a llevarles de tomar a los reincorporados, una vez les hicieron almuerzo… El trabajo mancomunado promueve la reconciliación, pero no es simplemente cumplir un requisito, sino la intención real, la gente ve el cambio que ellos demostraron”, comentó.

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Por ejemplos como estos el presidente de la JEP afirmó que un Toar puede ser sumamente significativo en el contexto, y añadió que el producto de la JEP no son solo las sanciones que están por llegar, “las sanciones no son la reparación, son contribuciones a la reparación, son un elemento más de un proceso más grande”.

Añadió que, en todo caso, las sanciones que impondrá la JEP serán para reivindicar a las víctimas, “no solo sus nombres, sino sus derechos. La sociedad debe esperar de las sanciones una herramienta para la paz y la reconciliación”.

Aunque hasta el momento todas las solicitudes de Toar que ha certificado la JEP son de excombatientes de las Farc, también han llegado casos de exmilitares y expolicías que quieren empezar a reparar a sus víctimas. Entre las 200 solicitudes para certificar Toar que habían llegado a la JEP hasta marzo de este año, 19 eran de exintegrantes de la Fuerza Pública.

Entre ellos está el coronel (r) Jaime Humberto Pinzón Amézquita, excomandante del Batallón de Infantería n.º 10 Atanasio Girardot, quien en febrero, en un acto con víctimas, les entregó su Medalla de Servicios Distinguidos que recibió por operaciones que luego serían determinadas como ‘falsos positivos’, de hecho, en el encuentro comentó que entre finales de 2005 y 2006 se cometieron 53 ejecuciones extrajudiciales por parte de hombres bajo su mando.

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José Alexánder Castro, hermano de Humberto León Pulgarín y sobrino de Jhon Freddy Navarro Martínez, asesinados en 2006 por militares en Campamento, Antioquia, explicó que recibió la entrega de medalla, “más que como una reparación, como una voluntad del compareciente de seguir aportando a la justicia”.

Añadió que en el evento le dijo al exmilitar “que no lo odiaba ni quería venganza, y que no se preocupara tanto por pedir perdón, sino que se preocupe más por aportar a la verdad”, y que otras propuestas de reparación que le han planteado es hacer pedagogía en escuelas “para que los jóvenes no vuelvan a sufrir lo que les pasó a nuestros familiares, también hacer un homenaje a las personas que amamos, por ejemplo, ir al sitio de los hechos y poner unas cruces por mi hermano y mi tío, o colaborar para construir la casa que mi hermano quería para mi mamá… pero la reconciliación y el perdón no pueden ser a las carreras”.

Un acto similar se realizó ayer en Cali, cuando dos altos oficiales retirados, sometidos ante de la JEP dentro del macrocaso 05, que priorizó la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, entregaron medallas que obtuvieron por operaciones en las cuales civiles fueron asesinados y luego presentados ilegalmente como bajas en combate.

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Se trató del coronel Jorge Enrique Florián, quien fue comandante del Gaula del Valle del Cauca durante los años 2006 y 2007, y el mayor (r) Mauricio Ordóñez Galindo, también exintregrante de esa unidad. Ambos pidieron perdón a las víctimas y reconocieron que las personas que asesinaron no fueron integrantes de ninguna organización armada.

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