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JEP imputa a tres oficiales por falsos positivos en Casanare: usaron inteligencia del DAS e inflaron bajas

-Oficiales fueron señalados como coautores de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate.

-Ya son 27 responsables, con 24 que aceptaron cargos por los falsos positivos que dejó 6.402 victimas.

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Danna Valeria Figueroa Rueda

23.04.2025 11:17 Actualizado: 23.04.2025 11:44

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra tres nuevos comparecientes de la fuera pública en el Subcaso Casanare del Caso 03, conocido por lo ocurrido con los “falsos positivos”.

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Con esta decisión, ascienden a 27 las personas vinculadas en esa investigación, de las cuales ya 24 aceptaron su responsabilidad ante la justicia.

Nuevos señalados en el Subcaso Casanare

El teniente coronel Fabian Eduardo Sarmiento Valbueno, el sargento segundo Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar fueron imputados como coautores de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

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Según la JEP, esos hechos ocurrieron entre 2005 y 2008 dentro de la Brigada XVI del Ejercito Nacional en Casanare.

Fabian Eduardo Sarmiento Valbuena se desempeñó como oficial de inteligencia entre diciembre de 2006 y febrero de 2008. La JEP dice que facilitó la difusión de información generada por el extinto DAS, empleada para estigmatizar a civiles y justificar operaciones militares que terminaron en ejecuciones extrajudiciales. Además, habría promovido incentivos económicos para inflar el número de bajas en combate.

Jaime Luis Olivera Arrieta, integrante de la oficina de inteligencia de la brigada entre junio de 2003 y mayo de 2007, habría elaborado documentos que sirvieron para planear y ejecutar asesinatos y desapariciones forzadas. También intercambió datos con el DAS y EL Gaula Casanare, información clave para presentar víctimas como guerrilleros abatidos.

Gustavo Alberto Parada Cuellar, comandante del pelotón "Cobra 4" y miembro de la oficina de inteligencia entre junio de 2006 y enero de 2008, está acusado de encubrir ejecuciones y desapariciones forzadas ordenadas a sus subordinados. La JEP agrega que reclutó y retuvo víctimas con engaños, aprovechando su conocimiento del territorio para coordinar operativos.

Procesos y plazos para responder

Los tres oficiales tienen un plazo para responder de 30 días, contado a partir de la notificación, para aceptar o rechazar la imputación. Si no aceptan los cargos, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde se seguirá un proceso adversarial con audiencias públicas y posibilidad de apelación.

Ante la JEP, Adolfo Guevara Cantillo, alias 101, narró, sin tapujos, cómo hizo ejecuciones extrajudiciales. Se revisará su seguridad. — Según la JEP, Los hechos habrían ocurrido en la Brigada XVI del Ejercito Nacional en Casanare. Foto:Carlos Ortega. EFE

Hasta ahora, la Sala de Reconocimiento de la Verdad ha imputado a 23 militares, un funcionario del DAS y dos civiles en este subcaso.

De ese mismo grupo, 24 han reconocido su responsabilidad ante las victimas y la justicia transicional.

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Implicaciones del caso

El subcaso Casanare investiga la presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate, un esquema que la JEP investiga como parte de un patrón criminal extendido en varias unidades militares durante la década de los 2000.

La imputación de los tres oficiales refuerza la hipótesis de que lo que pasó no se limitó a "manzanas podridas", sino que conto con planeación, recursos institucionales y redes de inteligencia para legitimar los resultados operacionales.

Con la imputación colectiva de más responsables, la JEP espera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las victimas. El tribunal también subraya la importancia de las sanciones restaurativas—sin privación de liberad—diseñadas por las propias personas afectadas, una herramienta clave para la reconciliación en las zonas más golpeadas por el conflicto.

Mientras tanto, sigue abierta la fase de contrastación, donde testimonios y documentos oficiales se cruzan para determinar con precisión el alcance de las responsabilidades de cada compareciente.

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