JEP, Gobierno y Agencia de Reincorporación firman memorando de entendimiento para financiar las primeras sanciones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suscribió un memorando de entendimiento con la Agencia de Reincorporación y con la bendición del Gobierno para ejecutar las sanciones propias que están próximas a ser emitidas por este tribunal contra los comparecientes considerados máximos responsables de crímenes graves, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados.

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Este acuerdo pone en marcha la subcuenta 'Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas - ARN' del Fondo Colombia en Paz, creada para diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones restaurativas y comunitarias derivadas de las sanciones propias.

Serán 50.000 millones de pesos los destinados a sacar adelante los proyectos restaurativos que se plantean para que del antiguo Secretariado de las Farc, imputados por secuestro, y máximos responsables de la Fuerza Pública, acusados por falsos positivos, puedan purgar sus crímenes.

Ambos casos ya se encuentran en etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y, según las cuentas de la JEP, serán sentenciados en la segunda mitad de este año.

"Esta articulación despeja el camino para avanzar con decisiones judiciales que no se quedan en el papel, sino que están encaminadas a restaurar los daños causados a las víctimas, comunidades y territorios", informaron desde la instancia de articulación.

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Durante el evento de la firma del acuerdo, el Presidente celebró el rol de la justicia transicional en el esclarecimiento del conflicto. “La JEP ha descubierto cosas que mucha gente quiere tapar”, dijo. También pidió consensos para cumplir los puntos críticos del Acuerdo y garantizar la seguridad de los y las firmantes de paz.

"Este memorando es clave porque contribuye a avanzar en la seguridad jurídica de las y los firmantes del Acuerdo de Paz y de los comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP, que es una población que atiende la Agencia. Esto representa un arraigo a la civilidad. Y tenemos la convicción de que estas acciones restaurativas suman y contribuyen a la reconciliación", aseguró la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller.

Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, afirmó: “No queremos fallos de papel, sino decisiones que transformen la realidad de las víctimas y de los comparecientes. Este mensaje es de apoyo político y económico, también para quienes se empecinan en la guerra”.

Los 50.000 millones son apenas el primer tramo de financiación para cumplir con las sentencias que emita el Tribunal para la Paz, una tarea que, por mandato constitucional, debe asumir el Estado colombiano. En paralelo, la JEP ha recibido respaldo de países garantes y de la comunidad internacional, y ha puesto en marcha proyectos como Obras por impuestos, para vincular al sector privado en el proceso.

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A través de estos proyectos restaurativos, los antiguos victimarios llevarán transformación social a los territorios que fueron víctimas de su actuar criminal, resarciendo el daño causado. Este es el fin último para el que fue creada la Jurisdicción y el camino mediante el cual los comparecientes podrán resolver su situación jurídica.

Con el memorando de entendimiento entre la JEP y la ARN se crearán mesas de trabajo para construir los lineamientos técnicos, istrativos y operativos que permitirán la implementación de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos (IPPPR). Estas acciones se desarrollarán con participación activa de las víctimas y las comunidades, priorizando los territorios más golpeados por el conflicto armado.

Las líneas de intervención incluyen proyectos de memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, educación, medio ambiente, acción contra minas antipersonal, así como iniciativas con enfoque étnico y diferencial. Todos estos procesos serán monitoreados por mesas técnicas de seguimiento conformadas por la JEP y la ARN.

La implementación estará a cargo de la ARN, respaldada por su experiencia en la ejecución de programas orientados a la no repetición del conflicto.

Sara Valentina Quevedo Delgado 

Redacción Justicia