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Alta tensión entre la JEP con ex-Farc, a 6 años de la creación de la jurisdicción

Carta de los excombatientes al presidente Petro encendió polémica y rechazo de varios sectores.

Roberto Vidal, presidente de la JEP. Foto: Cortesía

Jesús Blanquicet y Sair buitrago

10.02.2024 22:14 Actualizado: 11.02.2024 00:00

PERIODISTA JUDICIAL10.02.2024 22:14 Actualizado: 11.02.2024 00:00

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Antes de mitad de año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiría, de acuerdo con lo manifestado por su presidente, Roberto Vidal, la primera condena contra los exintegrantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz.

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La primera decisión de fondo de esa jurisdicción, que se produciría seis años después de que entró en funcionamiento y está vinculada con los secuestros perpetrados por ese grupo, se prepara en medio de una dura polémica por los cuestionamientos hechos por los exintegrantes de la guerrilla en una carta enviada al presidente Gustavo Petro.

Carta pública al Señor Presidente de la República, dr Gustavo Petro.

"Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP, la alejan del espíritu del Acuerdo de Paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz". pic.twitter.com/fdsaHimaS6
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) February 7, 2024

Los excombatientes señalan que han cumplido sus compromisos con la jurisdicción y critican que, a su juicio, la JEP ha hecho su propia interpretación del acuerdo. “La ley estatutaria de la JEP es clara al señalar que debe haber una resolución única de conclusiones, sin embargo, debido a la apertura interminable de macrocasos, vemos con preocupación que se abre paso la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso”, señalan, y luego se quejan de la expulsión unilateral de excombatientes y de las pocas amnistías aprobadas.

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La JEP, a través del magistrado Roberto Vidal López, respondió en rueda de prensa y advirtió que los comparecientes que se aparten de lo acordado e incumplan “de manera grave sus compromisos” están sujetos “a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.

Y enfatizó: “La jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”.

Los ex del partido de Las Farc Rodrigo Londoño (i) y Carlos Antonio Lozada (d) asistieron a una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque en el Palacio de Nariño, en Bogotá. Foto:EFE / Leonardo Muñoz

La carta de los excombatiente resultó polémica y generó cuestionamientos desde distintos sectores, pues desde el comienzo de las negociaciones se venía advirtiendo de los beneficios de lo acordado que garantiza que si cumplen lo pactado, no pagarán un día de prisión. Al contrario de, por ejemplo, lo firmado durante al desmovilización de los paramilitares, a los que en el mejor de los casos se les imponían penas de ocho años de prisión.

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Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, fue una de las primeras en señalar desde su cuenta de X: “A la JEP le corresponde investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes más graves del conflicto armado. La amenaza de de @ComunesCoL de desconocer sus decisiones atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP”.

Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en un comunicado, calificó de “inisible” que los firmantes de paz y los comparecientes, así como cualquier ciudadano, señale cómo la JEP debería cumplir con su mandato constitucional. “No pueden entonces los procesados utilizar a la jurisdicción como un cajero automático que profiere sus decisiones acordes a lo que pretende el solicitante”, señaló la CEJ, y consideró que “atribuir el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes al actuar de la JEP resulta irresponsable”.

Ante las preguntas de los periodistas, el magistrado Vidal reiteró que "de ninguna manera esto constituye una amenaza para la Jurisdicción porque nuestra competencia judicial no está en discusión". Nuestra competencia deriva de la Constitución". pic.twitter.com/yLBZnkNHWR
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 7, 2024

Desde las víctimas acreditadas en los procesos que se adelantan contra las Farc también hubo cuestionamientos. La directora de la Corporación Mil Víctimas, Gina Valoyes, alertó que de una u otra forma “se estarían negando a cumplir con brindar verdad y reparación”, y con eso estarían revictimizando a quienes esperan conocer de sus acciones en el marco del conflicto.

“No estamos viendo una postura consciente de los que integran el secretariado, dejando una negativa a lo ya acordado para beneficiar a las víctimas, esa parte nos preocupa mucho como representantes de las víctimas que nos exigen que se respeten sus derechos”, dijo.

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Para Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, la JEP viene haciendo un importante trabajo guiada por la ley, pero no puede estar exenta de críticas y es un buen momento para evaluar el cumplimiento del acuerdo y el desempeño de esa jurisdicción.

“Si bien es cierto que las decisiones judiciales de la JEP se deben respetar y acatar, más allá de lo jurídico aquí hay un alto componente social, político que vincula al presidente, así como funcional, que se puede revisar”, dijo Burbano Villamarín tras indicar que lo que no es aceptable es la atribución de responsabilidades a la JEP sobre rearme, o los ultimátums que generen zozobra al país.

Atentado al club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. Foto:Archivo EL TIEMPO

César Niño, profesor de Paz y Conflicto de la Universidad de La Salle, atribuyó la carta al más reciente llamado de la JEP para que den explicaciones sobre el cruento atentado contra el Club El Nogal de Bogotá. “Seguramente temen que haya un mayor repudio y rechazo general por lo que se llegue a confesar”, dijo Niño.

Entre tanto, Carlos Charry, experto en temas de paz y conflicto, señaló que el hecho de que los ex-Farc no estén de acuerdo con los fallos no implica que estén incumpliendo lo acordado, la tarea es garantizar que los excombatientes que hagan parte del acuerdo y reciban los beneficios realmente estén “reparando y aportando al esclarecimiento de la verdad”.

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Diego Martínez, exintegrante de la Comisión Jurídica de los Diálogos de La Habana, dijo que el antiguo secretariado está respondiendo por todo y no está buscando evadir responsabilidades.

“Recordemos que solo en el caso 01 han reconocido más de 13 delitos, no solo el de secuestro; sin embargo, lo que han manifestado es que ellos están respondiendo por gran parte de los hechos de integrantes de estructuras intermedias. No significa que la JEP no los pueda judicializar, sino que el umbral de hechos de selección de esta jurisdicción debe ser menor y aplicarse la amnistía o la renuncia a la persecución penal para aquellos que no tuvieron una participación grave y representativa”, señaló.

Redacción Justicia

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