En zona emblemática por 'falsos positivos' militares reconocerán su rol

En los últimos meses de 2008 el municipio de Ocaña, Norte de Santander, comenzó a sonar en Colombia por las denuncias de un grupo de madres que buscaban a sus hijos, desaparecidos en ciudades del centro del país,  que aparecían asesinados en esa población, vestidos de guerrilleros y reportados como bajas en combate por del Ejército Nacional.

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Ocaña, uno de los pueblos principales de la región del Catatumbo, se convirtió en un sitio emblemático de la comisión de esas ejecuciones, conocidas como 'falsos positivos'.

Y ahora, 14 años después de que se destapó el escándalo que puso al Ejército en el ojo del huracán, será el epicentro de un reconocimiento de responsabilidad por parte de 10 militares y un civil que participaron en los crímenes y fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los próximos 26 y 27 de abril se realizará la audiencia pública, que decidió hacerse en  Ocaña por solicitud de las víctimas, tras 16 reuniones preparatorias.

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"En estos espacios restaurativos las víctimas solicitaron que la audiencia se llevara a cabo en Catatumbo, un lugar emblemático para el caso 03, denominado 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado' ", informó la JEP.

Los militares (entre ellos el general (r) Paulino Coronado, cuatro coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales) y el civil reclutador están siendo procesados por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.

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Ocaña “es el único sitio en el que simbólicamente podrían sentir que cobra sentido para ellas la realización de dicha audiencia”, advierte la Sala de Reconocimiento de Verdad a través del auto 036.

Durante la audiencia los 10 de la Fuerza Pública y el tercero civil que fueron hallados máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó.

Se trata del brigadier en retiro general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

La JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

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En caso de que haya reconocimiento, verdad plena, detallada y exhaustiva por parte de los comparecientes, la Sala debe producir después de tres meses, a más tardar, la respectiva resolución de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.