El horror de los ‘falsos positivos’ del coronel (r) Mejía y los duros relatos en la JEP

En un escrito de 315 páginas, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que opera como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expuso cientos de evidencias por las que acusó a coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa, de Valledupar (Cesar), como responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.

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Según la investigación, las víctimas eran personas pobres, especialmente hombres jóvenes, trabajadores rurales e integrantes de pueblos étnicos; también hubo algunos comerciantes y al menos una persona con discapacidad cognitiva y cinco menores de edad.

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Mejía, hoy de 59 años de edad, a su llegada a La Popa “ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”, según sostiene la acusación.

En la justicia ordinaria, el exoficial fue sentenciado en 2013 por concierto para delinquir y estaba vinculado a 9 investigaciones que fueron remitidas a la JEP, tribunal transicional al cual pidió cupo en 2017, y en donde logró libertad condicional poco después, aunque en mayo de este año, el tribunal pidió su captura.

En la acusación, la UIA dedica 55 páginas a exponer, hecho por hecho, cada uno de los asesinatos. Para cada uno se detallan los nombres de las víctimas, el paso a paso de las operaciones, las acciones desplegadas por las tropas y las órdenes del comandante del batallón, por ejemplo, en algunos casos se relata cómo Mejía les ordenaba a sus hombres dirigirse a cierto punto donde ellos terminaban encontrando un cadáver que recogían, luego él mismo firmaba órdenes e informes sobre combates ficticios en los que supuestamente se había dado la baja.

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“En el ilegal aparato organizado de poder, Publio Hernán Mejía Gutiérrez falseó enfrentamientos armados y dio apariencia de legalidad a operaciones militares a través de documentos espurios”, se lee.

Para la Fiscalía de la JEP, las ejecuciones extrajudiciales en La Popa fueron generalizadas y sistemáticas y durante casi dos años de comandancia del coronel ocurrieron 72 muertes así: en 2002 fueron 36 víctimas y en 2003 también.

Por zonas, en el municipio de Bosconia hubo 19 víctimas, en Valledupar, 25; San Diego, 16; Agustín Codazzi, 5; El Copey, 3; Pueblo Bello, 3, y La Paz, una víctima.

La vinculación de Mejía fue porque, según la UIA, “desplegó acciones orientadas al cumplimiento de un plan criminal dirigido al asesinato y posterior presentación de personas como muertas en el desarrollo de inexistentes combates”.

Según la investigación, en la organización ilegal hubo una actuación conjunta de oficiales, suboficiales y soldados —en este mismo caso, 12 exmilitares ya han aceptado los hechos ante la JEP—, y la distribución de roles se perfeccionó tanto que permitió que “sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara como una práctica en la unidad militar”.

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En este aparato ilegal se distribuyeron roles según la estructura jerárquica propia de las estructuras militares, “sobre la que el mencionado exoficial ejercía el control y a los que asignó tareas específicas en función de su rango y ubicación” de los participantes. También se menciona que el coronel abusó de su poder y usó de forma irregular las reglas operacionales, que él conocía muy bien.

“La estructura que ideó, planeó, preparó y a través de la cual puso en marcha Mejía Gutiérrez su plan criminal fue de tal magnitud que condujo a que algunos de los hombres bajo su mando se convirtieran en autómatas, bajo la creencia errónea de que sus actos no tendrían repercusión y que los crímenes que cometieran quedarían en la impunidad”, asegura el documento.

La acusación también señala que el engranaje criminal estaba tan afinado que se garantizaban los resultados incluso si alguien se oponía.

“Todas las actividades ilícitas aludidas eran de pleno conocimiento de Mejía Gutiérrez de tal manera que cada uno de sus subalternos ya conocía cuál debía ser su proceder, y en el evento de que se presentara alguna inconformidad o alguno se apartara de sus directrices, era reemplazado por otro de los de la unidad militar, para asegurar la consumación de los hechos”.

De otra parte, según la investigación, el aparato ilegal liderado por Mejía formó una “alianza de mutuo beneficio” con del frente ‘Mártires del Cesar’ del Bloque Norte de las Auc, que les entregaron a víctimas a cambio de que el batallón no emprendiera acciones contra ellos.

“Esa alianza se sustentó en el andamiaje propio del grupo armado ilegal —comandado entre 2002 y 2004 por David Hernández Rojas, alias 39— al interior del cual también se distribuyeron roles y tareas específicas en el marco de su accionar ilegal, que permitieron la ejecución de un conjunto de acciones coordinadas y concertadas para la consecución del objetivo concreto: la presentación de falsos resultados operacionales”.

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Para la UIA, para llegar a las víctimas, sus asesinos se valieron de engaños relacionados con ofrecimientos de dinero, inexistentes oportunidades laborales o la promesa de ingreso a algún grupo ilegal.

La acusación de la UIA está llena de testimonios de militares que hicieron parte de La Popa y que iten los asesinatos y las acciones para encubrirlos, por ejemplo, que consiguieron armas y elementos de intendencia que plantaron en las escenas del crimen, de hecho, se señala que en el 92 por ciento de los hechos las víctimas fueron presentadas con armamento, en 54 por ciento, vestidos con prendas camufladas, y en 37 por ciento, con prendas de civil.

También se simularon informes de patrullaje, radiogramas y actas de gasto de municiones para justificar los combates simulados, incluso incurriendo en contradicciones como oficios de entrega de cadáveres que reportaban que unas bajas eran del Eln, pero informes de patrullaje que decían que eran de las Farc. Y como los mismos militares hacían casi siempre el levantamiento de los cadáveres, en el 91 por ciento de los hechos el acta del procedimiento se diligenció en un lugar artificial.

La investigación señaló que los militares reportaron falsamente entre 2002 y 2003 a 41 personas como bajas del Eln, a 26 como supuestos integrantes de las Farc y a 5 como parte de las Auc.

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Además, la investigación dice que hubo una coordinación de versiones de los militares ante la Justicia Penal Militar, lo que llevó a absoluciones o archivos sin respaldo.

En términos generales, la Fiscalía de la JEP determinó que todo esto sucedió en tres patrones macrocriminales.

El primero, que fue el más común, se materializó en asesinatos y desapariciones en alianza con las Auc, a través de tres submodalidades: personas asesinadas y entregadas por los paramilitares; personas entregadas vivas por los ‘paras’ a los militares, quienes luego las asesinaban; y víctimas que fueron señaladas por las Auc de pertenecer o auxiliar a otros grupos ilegales para que el Ejército les quitara la vida.

Un ejemplo de esta modalidad fue cuando los ‘paras’ entregaron los cuerpos de Jaider del Carmen Valderrama Ruiz, Iván Estéfano Navarro Fontalvo e Iván José Alvernia Ortiz, el 21 de marzo de 2003. El relato de un exmilitar narra un encuentro con un jefe paramilitar identificado como alias 38: “Ellos llegaron al sitio, hablaron con ‘38’, trajeron armamentos y procedieron a coordinar el falso positivo, en horas de la tarde recibimos 3 personas que ahí se encuentran supuestamente para conformar una escuela de entrenamiento (...) luego los levantamos a una parte cerca de un río y llegamos a una casa abandonada, la limpiamos y organizamos como una especie de base”.

Las víctimas eran jóvenes a quienes engañaron con el ofrecimiento de un trabajo en una finca por el que les iban a pagar 300.000 pesos diarios.

La segunda modalidad macrocriminal fueron los asesinatos y desapariciones de personas a quienes se identificó como ‘objetivos militares’ solo por sus condiciones y contextos que los rodeaban. Uno de los que se narran es el asesinato, el 17 de agosto de 2003, de Tania Solano Tristancho y Juan Carlos Galvis Solano, quienes iban en una moto por una vía cercana a donde había militares de La Popa e integrantes del Gaula Cesar; como ellos venían de la zona conocida como Los Encantos, a la cual las tropas llamaban un “nido de las Farc”, los capturaron y ordenaron su ejecución extrajudicial. Ella era solo una estudiante y él, un comerciante.

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El tercer patrón macrocriminal fueron homicidios de combatientes que ya habían depuesto las armas o estaban heridos. Esto ocurrió en 4 hechos, uno de esos fue el homicidio de un hombre no identificado, el 3 de noviembre de 2003, en cercanías al municipio de Codazzi, donde se reportó un supuesto combate que terminó en la muerte de un “subversivo” al que le incautaron armamento, pero un informe pericial reveló que la víctima tenía dos heridas que no eran compatibles con una posición de combate, sino que las recibió estando tendido boca arriba, en estado de indefensión.

Hacia el final, el escrito de acusación identificó los daños diferenciados que vivieron las víctimas.

Se destacaron, por ejemplo, sobrecargas materiales y emocionales para las mujeres, los daños para los niños y jóvenes que eran hijos o hermanos de los asesinados; también se habla de un daño colectivo a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo.

Por último, en este caso, el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, informó en días pasados que se compulsaron copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que verifiquen si algunos de los funcionarios que en el pasado llevaron casos contra Mejía fueron negligentes y habrían ayudado a encubrir los hechos.

Lo que ha dicho Mejía en la JEP, que reiteró en diciembre del año pasado, es: "No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad, y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la Unidad Militar pero sobre los cuales no tenía control efectivo ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.

Es por esto que, por su negativa a reconocer la responsabilidad imputada, la UIA lo acusó para llevarlo a un juicio que, de perder, le significaría una condena de 20 años. Una pena que, aunque es la máxima que puede dar la JEP, es en todo caso menor que la que tendría en la justicia ordinaria.

Redacción Justicia

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