'Es un golpe a la implementación de la paz': JEP sobre crisis de orden público en Catatumbo

Uno de los máximos órganos de la implementación de los acuerdos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alzó su voz frente a la oleada de violencia de las últimas horas en la región del Catatumbo, que según las cuentas de la Defensoría del Pueblo, ha dejado hasta el momento 30 personas asesinadas, entre ellas seis excombatientes de las extintas Farc. 

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"Su asesinato representa un golpe a la implementación del Acuerdo Final y a la paz que los colombianos anhelan. La Jurisdicción reitera la necesidad de ofrecer protección integral para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes dejaron las armas y siguen cumpliendo lo pactado en La Habana", expresó el tribunal en su cuenta de X.

Los excombatientes, según las primeras investigaciones de las autoridades, fueron perfilados por hombres armados de los grupos que se disputan el control del territorio y sacados de sus casas a la fuerza para luego ser ultimados a sangre fría.

Frente a este acto de hostigamiento, la JEP recordó que los antiguos guerrilleros realizaron un tránsito para abandonar las armas, reincorporarse a la sociedad y quedar a paz y salvo con la justicia. Por ejemplo, Jhan Carlos Carvajalino Quintero, una de las víctimas mortales de la fatídica noche en el Catatumbo, suscribió su acta de compromiso y sometimiento ante la JEP en abril de 2018 y recibió el beneficio de amnistía istrativa concedido mediante el decreto presidencial de julio de 2017, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

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Este proceso, suscrito por más de 13 mil exguerrilleros, podría estar en peligro con los actos de violencia que se arrecian en su contra, según la Defensoría del Pueblo, por ser enemigos de las disidencias de las extintas Farc, que les reprochan no continuar su lucha armada. Muchos se han negado a volver a portar un fusil, razón por la que son perseguidos y "castigados" de muerte.

Así mismo, su protección garantiza el cierre del ciclo de verdad, justicia, reparación y no repetición que están esperando las víctimas del conflicto. 

"Proteger la vida e integridad de quienes en 2016 firmaron el Acuerdo Final de Paz, entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano, es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla", destacó la JEP. 

El Sistema de Protección de Firmantes de la Paz y la cabeza de Comunes, Rodrigo Londoño, han exigido la adopción de acciones urgentes para garantizar la seguridad de los excombatientes, quienes están completamente desprotegidos en las regiones presas del accionar armado de los grupos ilegales.

"Exijo a los grupos armados alto al fuego, respeto a la vida del pueblo catatumbero y diálogo", dijo Londoño.

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A este llamado también se sumó la Jurisdicción, que instó al Gobierno a "desarticular los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios".

"En este proceso, la jurisdicción reitera su compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto armado, con la seguridad jurídica de los firmantes de paz y con todo lo necesario para istrar y aplicar la Justicia Transicional Restaurativa", añadieron.

Redacción Justicia