En la cuerda floja la relación entre los firmantes y la JEP: el secretariado renunció a la presunción de inocencia

Un documento radicado en la Jurisdicción Especial para la Paz contiene tres peticiones radicales que hacen los antiguos del secretariado de las Farc: la renuncia a su derecho de presunción de inocencia -es decir, que reconocen su responsabilidad por la totalidad de los crímenes cometidos durante el conflicto-, piden una única sanción y la renuncia a la persecución penal de sus bases. 

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Esta solicitud es muestra de un distanciamiento que lleva meses cocinándose por diferencias entre los firmantes y la JEP y que ha salido a la luz con declaraciones como las del senador de Comunes, Julián Gallo, que habló del "descarrilamiento" del alto tribunal. 

Según fuentes cercanas a los comparecientes, no están contentos con aspectos como la lentitud de los procesos, la negación de las amnistías y el limbo jurídico en el que se encuentra la mayoría. Mencionaron que incluso, todavía, hay "presos políticos".

Con estos precedentes, en la carta presentada en la JEP, el secretariado renunció a la presunción de inocencia a los hechos ocurridos durante el conflicto armado y reconoció su responsabilidad colectiva. Esta decisión es un hito en la implementación de los acuerdos y tiene como propósito, según expresan en la misiva, "acelerar el proceso judicial y demostrar el compromiso de los firmantes con la verdad y la reconciliación". Al renunciar a este derecho esperan también que se establezca una sanción propia.

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Sanción propia se refiere a una única sanción, que ponen en entre dicho luego de que la JEP abriera hasta el momento 11 macrocasos, de los cuales tres de ellos fueron dedicados exclusivamente a crímenes cometidos por la otrora guerrilla: el caso 01 sobre secuestro, el caso 07 sobre reclutamiento y el caso 10 sobre los crímenes no amnistiables perpetrados por las Farc-EP.

En concordancia con lo anterior, solicitan una Resolución Única de Conclusiones que agrupe todos los hechos y conductas atribuidas a los firmantes en los diferentes macrocasos. "Esta resolución evitará la fragmentación que ha venido ocurriendo, lo que a su vez facilitará el cierre jurídico del conflicto", dice el secretariado. 

Y, finalmente, piden la renuncia a la persecución penal para los no máximos responsables, es decir las bases, para facilitar la amnistía y definir la situación jurídica de quienes no han sido considerados partífices determinantes. 

Para los firmantes estas solicitudes son claves para evitar que el sistema producto de los acuerdos de paz "se burocratice y pierda su rumbo, afectado el cumplimiento de los compromisos adquiridos". 

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia