La zozobra de las familias de los desaparecidos al otro lado de las fronteras

Golpeada por las esquirlas del conflicto colombiano desde siempre, pero convertida en zona estratégica para las guerrillas con la llegada del chavismo al poder, hace ya 23 años, Venezuela registra centenares de secuestros y desapariciones cometidos por todos los actores ilegales que se mueven a lado y lado de la extensa frontera común, que es una de las menos seguras y la más poblada de Suramérica.

Es una tragedia que se vive en silencio, porque durante todos estos años el discurso oficial ha negado la presencia del Eln, las Farc y, ahora, las disidencias, en su territorio. Una negación que se estrella cada día con la realidad que tienen que vivir miles de personas en estados como Apure, Táchira, Zulia y, en menor medida, Amazonas, que la mayoría de las veces no logran encontrar a una autoridad que atienda sus denuncias por los crímenes y abusos cometidos por de los grupos ilegales colombianos.

Los pocos que se atreven a hablar de sus casos piden que sus identidades y las de sus familiares se reserven; no solo por temor a represalias de los delincuentes, sino porque denunciar públicamente los expone a que el gobierno de Nicolás Maduro termine, además, sometiéndolos a procesos judiciales. Eso es lo que ha pasado, de hecho, con la ONG FundaRedes, que en los últimos años se dedicó a documentar las violaciones de derechos humanos en la zona de frontera y cuyo fundador, Javier Tarazona, está preso desde julio del 2021 por cargos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

(Consulte: La dura evaluación del informe de HRW sobre situación de DD. HH. en Colombia)

Los registros de FundaRedes cuentan al menos 512 desapariciones en la zona de frontera entre enero de 2019 y noviembre de 2022. Muchos intentaban cruzar hacia Colombia por alguna de las trochas ilegales, en las que los delincuentes, y también de la Guardia Venezolana, cobran por el paso tanto de personas como de mercancías. Además, un informe de la ONU de 2021 le pidió al gobierno de Maduro, sin ningún resultado hasta ahora, que investigara 61 desapariciones transfronterizas ocurridas entre 1990 y 2016 en la zona entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela).

Aunque es un hecho públicamente conocido que las Farc usaron territorio venezolano para ocultar secuestrados, especialmente durante los años en los que pretendieron forzar al Estado colombiano a un ‘canje humanitario’, ninguno de los antiguos comandantes que están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha entrado en mayores detalles sobre los delitos cometidos en territorios de los países fronterizos. Es un capítulo que, además, tampoco tocó la Comisión de la Verdad en su informe final.

Hace 10 años, en el estado de Táchira, Andrés, de 22 años, decidió vender un computador para obtener dinero y cubrir los gastos del nacimiento de su hijo. Su novia estaba embarazada y debía buscar la manera de solventar el parto. Un amigo le dijo que en Cúcuta seguro le darían más plata por el aparato y se ofreció a acompañarlo “porque cruzar la frontera era un peligro”, según recuerda uno de los familiares de Andrés que ahora vive en Caracas, la capital venezolana.

Ambos muchachos salieron muy temprano, pues no vivían cerca de la frontera. Horas después, el amigo de Andrés regresó solo y no logró dar una explicación coherente sobre su ausencia. Primero, dijo que Andrés se perdió y que no pudieron encontrarse. Sin embargo, las versiones cambiaron con los días. Después de mucho investigar por sus propios medios, la familia supo que Andrés había sido ‘retenido’ por las Farc, pero nunca hubo ni información adicional ni exigencia por su liberación.

Hasta hoy, cuenta el familiar, la madre de Andrés sigue esperando a su hijo en la sala de su casa. La cama la puso en la entrada de la vivienda y duerme ahí “esperando que él regrese”. El hijo de Andrés nació y ha crecido sin padre. Y ninguna autoridad, en ninguno de los dos países, ha avanzado en la investigación del caso.

En El Amparo, el pueblo de Apure ubicado al otro lado del río Arauca, llevan más de tres décadas sintiendo el yugo de la violencia. Primero, del Eln, luego del frente 10 de las Farc y ahora, otra vez del Eln y las disidencias. Allí, la gente habla de fosas comunes en varios pasos, pero una vez más no hay ninguna autoridad que haya avanzando para determinar si realmente en esos lugares aparecen algunos de los que llevan años desaparecidos.

Aunque la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el 2016 supuso un atisbo de tranquilidad, lo cierto es que poco después el Eln y las disidencias continuaron con su régimen del terror. FundaRedes advierte que, además de los negocios ilegales de siempre —coca, contrabando de gasolina—, los grupos ilegales están logrando millonarios ingresos con el tráfico de personas y asegura que en los estados fronterizos las disidencias de ‘Iván Márquez’ y ‘Gentil Duarte’ simplemente han mantenido el modus operandi de las antiguas Farc. Y las desapariciones siguen.

Pedro hace parte del grupo de desaparecidos en los últimos tres años. A principios de 2021, salió de su hogar en un municipio costero ubicado en el departamento de Sucre, en Venezuela. Llegó a Caracas y luego viajó a Guasdualito (Apure). De allí tenía pensado salir hacia Arauca. En febrero de 2021, antes de cruzar la frontera, se hospedó en un hotel y dejó sus pertenencias con la promesa de volver por ellas. Esa fue la última vez que se le vio en Venezuela.

Un día después de la partida hacia Colombia, llamó a su esposa para preguntarle por sus hijos y, luego de un corte repentino, volvió a aparecer al día siguiente cuando le llegó un video a su hija en el que decía que se reuniría con el frente 10 de las Farc (una de las disidencias). Veinticuatro horas después, tras decirle a su hija que no borrara los mensajes, ya que se encontraba amarrado a una maleta que no sabía que contenía, no volvió a comunicarse con nadie ni a dar prueba alguna de supervivencia.

Desde entonces, su familia ha emprendido una búsqueda solitaria. Según informó una fuente cercana, los allegados de Pedro han recibido extorsiones y amenazas de muerte debido a su continua lucha para dar con su paradero.

Y es una problemática que hace rato saltó de la zona de frontera al interior del territorio venezolano. “Ya esos grupos se encuentran en el casco urbano, en las capitales”, dice Clara Ramírez, la mujer que asumió la dirección de FundaRedes desde que Tarazona fue detenido y quien ha seguido con su labor de denuncia pese a las presiones y amenazas.

Ramírez dice que FundaRedes ha recibido información de la existencia de fosas en varias zonas de la frontera de 2.219 2.219 kilómetros y que el perfil de sus compatriotas reportados como desaparecidos ha venido haciéndose más complejo: ya no solo son víctimas. “Muchos niños, niñas y adolescentes caen en las ofertas engañosas de trabajo que realizan estos grupos armados irregulares en frontera. Ahora quienes hacen principalmente parte de sus filas son venezolanos, son migrantes; la mayoría, hombres entre los 18 y los 35 años”, afirma.

El informe de Naciones Unidas afirma que las personas que desaparecen sin dejar rastro son detenidas y llevadas contra su voluntad a las zonas fronterizas, trochas o lugares apartados. Además, en algunos casos, sus captores ocultan o destruyen los documentos para entorpecer las labores de identificación. Según relata la organización, estas desapariciones presuntamente se cometen frente a testigos para generar miedo y obstaculizar la búsqueda por parte de instituciones estatales y familiares.

Otra problemática que recrudece la situación es la falta de apoyo y acción estatal, según la defensora de derechos humanos: “Las autoridades venezolanas o los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, que trabajan de la mano con esos grupos armados irregulares, conocen la situación y no la van a investigar porque saben que al investigar los que van a tener consecuencias son ellos”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO.

Las presiones de grupos armados y la falta de acción de las autoridades han hecho que familiares creen grupos en redes sociales para encontrar a sus seres queridos. Uno de ellos es ‘Esperanza de madres (desaparecidos)’ en Facebook, en el que se comparte todos los días información sobre personas a las que parece que se las ‘tragó la tierra’ fronteriza.

La normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela es vista con esperanza por muchas familias de desaparecidos. Y de nuevo, el inicio de un proceso de paz, esta vez con el Eln y las disidencias, abre la posibilidad de que, esta vez sí, se visibilice el capítulo de las víctimas del conflicto colombiano al otro lado de las fronteras.

Lo que han vivido los habitantes de Zulia, Táchira y Apure en Venezuela lo han sentido miles de kilómetros hacia el suroccidente, en la frontera de Colombia con Ecuador.

La provincia ecuatoriana más afectada históricamente por los grupos irregulares provenientes de Colombia es Sucumbíos, al otro lado del río Putumayo, que por más de una década fue utilizada como zona de retaguardia estratégica por el bloque Sur de las Farc.

Y fue una zona segura para las Farc hasta marzo del 2008, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe atacó, metros adentro de territorio ecuatoriano, el campamento principal de ‘Raúl Reyes’, el llamado canciller de las Farc.

(En archivos: Una sola llamada desde su satelital traicionó a 'Reyes')

Ese fue el primer golpe directo al secretariado de esa guerrilla y marcó el comienzo del fin de la organización subversiva. Pero para ese momento Sucumbíos era uno de los principales centros operativos del narcotráfico de las Farc, que reclutaba igual a ambos lados de la frontera y movía de un lado a otro a secuestrados. En esos años, la guerrilla se convirtió en otro azote del pueblo siona, indígenas que habitan a ambos lados de la frontera y que fueron víctimas de desplazamiento, asesinatos, reclutamientos forzados y desapariciones.

Y allá, como en la frontera con Venezuela, la violencia no se fue luego de la firma de la paz con las Farc. Solo el martes 13 de diciembre fueron asesinadas cinco personas en Orito y, en noviembre, se contabilizó el homicidio de 18 personas en Puerto Guzmán, en Putumayo. En este departamento, según datos de Memoria Histórica, se tiene registro de 2.942 casos de desaparición forzada: paramilitares, Farc, grupos sin identificar y agentes del Estado son señalados como los principales responsables.

Uno de los miles de casos de desaparición ocurridos en Sucumbíos es el de Santos Fermín Álvarez, el cual fue documentado por medios de comunicación ecuatorianos a mediados del 2007. Gloria Vélez le perdió la pista al padre de sus dos hijas cuando él partió hacia Colombia con Gleicer Puente y Carlos Ortiz, socios con los que se dedicaba al comercio de combustible. Era un viaje rutinario desde Pacayacu, a 10 kilómetros de la frontera con Colombia, pero nunca volvieron. Hasta hoy no se sabe qué pasó con ellos. Días después, Gloria llegó hasta uno de los pasos, en zona controlada por el bloque Sur de las Farc, a buscarlo, pero nadie le dijo nada. Solo que dejara de preguntar porque su vida corría peligro.

En el 2007, tras la desmovilización paramilitar, la Fiscalía empezó a encontrar fosas de víctimas de desaparición de las Auc y de las Farc. En medio de la sangrienta guerra por la coca en el Putumayo se cometieron centenares de desapariciones. Y entre los cuerpos recuperados a este lado de la frontera la Fiscalía identificó restos de ciudadanos ecuatorianos reportados como desaparecidos.

A la vía entre Orito y La Dorada, muy cerca de la frontera, le decían por ese entonces el Triángulo de Las Bermudas, porque “carro que pasaba por ahí desaparecía y no salía”, según le dijo el embalsamador de La Hormiga (Valle del Guamuez) a EL TIEMPO en esa época. Ese hombre era el único que tenía permiso, tanto de la guerrilla como de los ‘paras’, de cruzar por allí.

Historias de desaparecidos por los grupos armados se cuentan también a lo largo de los 266 kilómetros de frontera terrestre que comparten Colombia y Panamá.

Esa zona, a la que mira hoy el mundo entero por cuenta de los ríos humanos que tratan de cruzar hacia Centroamérica y de allí a Estados Unidos, es actualmente controlada por el ‘clan del Golfo’, la banda surgida de la desmovilización de los grupos paramilitares hace ya tres lustros.

Ese control estuvo antes en manos del frente 57 de las Farc. Uno de sus jefes, David Suárez, conocido con el alias de Becerro y quien murió en un operativo militar en el 2015, era señalado como responsable de decenas de desapariciones de secuestrados y de migrantes a los que, además de cobrarles 400 dólares por el paso, obligaba a llevar a hombros cargas de coca que eran recibidas por sus os al otro lado del Darién, ya en el lado panameño. En el 2013, tras un golpe de la Armada contra un campamento del frente 57 se encontraron allí varios pasaportes de Eritrea, uno de los países más pobres del continente más pobre, África.

Lo que dicen pobladores de la zona de frontera es que los dueños de esos documentos, como muchos otros, fueron asesinados por la gente de ‘Becerro’. Y nadie, como pasa con los miles de migrantes irregulares que cada año pierden la vida en todo el mundo tratando de alcanzar el sueño americano o el europeo, los echó de menos.

Que las Farc atacaban a la población civil al otro lado de la frontera con Panamá quedó plenamente demostrado con el secuestro, en enero del 2006, de los ciudadanos españoles José Vicente Colastra y su hijo, Sergio Colastra.

Ellos vivían en Jaqué, en el Darién panameño, y se dedicaban a trabajos de asistencia a refugiados colombianos desplazados por el conflicto. Fueron liberados a los dos meses y medio y después se confirmó que los secuestradores eran guerrilleros del frente 57.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) confirma que la desaparición forzada en las fronteras no es solamente con Venezuela. También al sur del país, en la frontera con Ecuador, “hay un número muy grande de desaparecidos”, afirma.

Monzón también informa que, con el actual Gobierno, por medio de reuniones con la Cancillería, se ha avanzado en la formalización de rutas de relacionamiento con autoridades locales que sean conocidas tanto por el Gobierno colombiano como por el venezolano para facilitar un intercambio fluido con las autoridades fronterizas.

(Además: 'No es suficiente ir a recuperar cuerpos si no se identifican’: Monzón)

La directora de la UBPD dice que hay informes completos que han entregado organizaciones de Nariño y Norte de Santander sobre desaparecidos en frontera y las dinámicas de desaparición en esas zonas. Sobre estos reportes, “la Unidad tiene sus equipos en frontera para poder trabajar” comenta.

Finalmente, Monzón recalca que es indispensable tener una alianza con las organizaciones y autoridades fronterizas. “Alianza entendida como ese acuerdo de a información; de coordinación para visitar cementerios, por ejemplo donde se dice que pueden haber cuerpos; a archivos de lugares donde pudieron haber sido sometidos a necropsia los cuerpos que quedaron sin identificar dentro de los cementerios.” Y concluye con que esas alianzas se hacen más viables en un contexto político de apertura de fronteras.

Ana Rodríguez Brazón, Yaleni Solano y Andrés Pineda

Caracas y Bogotá

Redacción EL TIEMPO