La voz entrecortada de Pastor Alape, exjefe de las antiguas Farc, durante la audiencia de reconocimiento por secuestro ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el año pasado, contrastó con la frívola respuesta que un exguerrillero ‘jubilado’, que se identificó como ‘Édgar’, le dijo a este diario en 2008 sobre Ramiro Carranza: “Se murió y punto”.
El hombre había sido secuestrado el domingo 21 de septiembre de 2001, en una finca de Quetame, Cundinamarca. Era el exdirector de Extranjería del Departamento istrativo de Seguridad (DAS), y también hijo del poeta Eduardo Carranza y hermano de la escritora y periodista, María Mercedes Carranza, quien luchó incansablemente por su liberación.
Tres años y medio después, en abril de 2005, el comisionado de Paz de la época, Luis Carlos Restrepo, llamó a la sobrina de Ramiro Carranza y le dijo que estaba muerto.
Sin embargo, Juan Carranza —hermano de Ramiro— guardó la esperanza de volverlo a ver. Pero eso se derrumbó cuando ‘Édgar’ confirmó el hecho en entrevista con la periodista Jineth Bedoya: “El camarada ‘Flaminio’ —muerto en septiembre del 2002— se cargó a Carranza. De Quetame se llevó a El Calvario y ahí lo recibió el ‘Zarco’ y luego en San Juanito lo tuvimos como 10 meses, pero empezó a enfermarse... Así pasaba con la mayoría de los que llegaban allá, el clima los azotaba”.
Carranza fue secuestrado cuando era funcionario del Estado. Para liberarlo, los guerrilleros pidieron hasta 200 millones de pesos de la época. Pero su familia no tenía el dinero para pagar esa suma.
Como Ramiro Carranza, centenares de agentes del Estado, policías y militares fueron secuestrados y asesinados por la otrora guerrilla. Según cifras del Ejército Nacional, al menos 123 de sus desaparecieron en servicio, como el sargento José Vicente Rojas, quien fue secuestrado y desaparecido el 2 de noviembre de 1992, cuando guerrilleros de los frentes quinto y 34 se lo llevaron mientras estaba en una misión entre Carepa y Mutatá, en Antioquia.
Rojas le prometió a su esposa Olga Esperanza que le iba a dar 100 besos después de aquella misión a la que salió ese día. Pero eso no se cumplió.
Han pasado 31 años y aún no conoce nada sobre su marido, aunque sabe muy bien quiénes fueron los que armaron un retén de tres días en la zona en la que él desapareció. Olga ahora forma parte de la Fundación Funvides, que se encarga de buscar a de las Fuerzas Militares que fueron desaparecidos durante el conflicto armado en Colombia.
En los registros se lee que muchos de ellos, que no estaban de servicio, corrieron con el mismo destino luego de ser secuestrados cuando estaban de civil y desarmados, y terminaron en un retén ilegal de los guerrilleros.
También hay registros de casos de policías, como la desaparición del subintendente Luis Peña, quien fue secuestrado durante la toma de Mitú, en 1998. “Insistimos en que queremos saber la verdad de lo que pasó, en qué condiciones y quién asesinó a mi hermano. Queremos y esperamos que haya la devolución de su cuerpo”, dijo Yoleni Peña, su hermana, en diálogo con EL TIEMPO. “Hubo un acuerdo donde supuestamente el eje eran las víctimas y ellas son las últimas en las que se ha pensado”, enfatizó.
Yoleni Peña asegura que “no se ven resultados de la Unidad de Búsqueda” y que “no se puede hablar de perdón sobre algo que no se conoce y sobre algo que nadie ha pedido. Si ellos (las Farc) no lo han pedido es porque no hay verdad y no han querido contribuir”.
Ese llamado es el que hacen las familias de los de la Fuerza Pública y los funcionarios del Estado que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Ellos esperan que los excombatientes cumplan su palabra y entreguen información para esclarecer qué fue lo que sucedió. “Queremos conocer todo sobre lo que pasó y poder despedir a nuestros parientes, a nuestros seres queridos que nos quitó la violencia y los guerrilleros de las Farc. Guardamos sus recuerdos, pero estaremos tranquilos cuando nos devuelvan su cuerpo y sepamos qué fue lo que ocurrió”, dice Yoleni.
DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ
Periodista de Reportajes Multimedia
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