Departamento de Estado de EE. UU. descongeló 4.000 millones de pesos en fondos de financiación para la JEP

Luego de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) quedara en cuidados intensivos por el recorte a los fondos de cooperación del nuevo Gobierno instalado en la Casa Blanca, el Departamento de Estado comenzó a descongelar recursos. El pasado 17 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que había perdido casi 16.000 millones de pesos de ayuda estadounidense, fue notificada de la reactivación de una de las subvenciones.

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A través de una carta, American University Washington College of Law notificó al cuerpo directivo de la Jurisdicción el visto bueno de la istración Trump para reactivar el proyecto "Aumentando el impacto de la JEP con un enfoque holístico de la Justicia Transicional".

Esta iniciativa era implementada por la Oficina para la Investigación de Crímenes de Guerra de American University, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo.

Hasta su suspensión por el gobierno de Donald Trump, el programa tenía como objetivo fortalecer la rendición de cuentas de los responsables de crímenes internacionales y auditar la reparación de las víctimas, tareas que se reanudarán con el desembolso de los dólares. 

Sin embargo, siguen pendientes 11.000 dólares que le entraban a la Jurisdicción a través de Usaid, dejando un hueco fiscal que el presidente Gustavo Petro anunció que cubriría con recursos del presupuesto. No obstante, estos recursos, al igual que los del Fondo Colombia en Paz—la fiducia que financia el funcionamiento de las entidades hijas de los acuerdos—, aún no han sido girados.

"La plata que nos prometieron para el Fondo Colombia en Paz no ha llegado. La plata que nos prometieron (en reemplazo) de Usaid, tampoco ha llegado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por una parte, estamos trabajando con el sector privado y mediante la cooperación internacional. Hay varios países europeos que han dicho que financiarán la sentencia. Estamos trabajando con algunas entidades territoriales y, aunque lo ideal sería contar con los recursos, con o sin ellos, las sentencias van a salir", advirtió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli hace unos meses. 

Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que el Ministerio de Hacienda descartó este giro debido a problemas de liquidez, lo que llevó al Gobierno a realizar un aplazamiento presupuestal (recorte) de 12 billones de pesos.

Esta falta de fondos ha sido una de las principales trabas para la emisión de la primera sentencia. Las sanciones propias no solo deben garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes, sino también cumplir con altas expectativas de reparación en las comunidades víctimas de graves crímenes durante el conflicto armado.

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Para que estas medidas sean sostenibles en el tiempo, la JEP necesita un respaldo financiero sólido. Por ello, ante la incertidumbre de la cooperación internacional, no descarta exigirle al Gobierno, mediante una orden judicial, que financie la implementación de las acciones reparativas con las que los máximos responsables cumplirán sus penas. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años y no implican privación de la libertad.

Redacción Justicia