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El coronel (r) Publio Hernán Mejía fue acusado en la JEP por 'falsos positivos'
El exoficial responde por 72 ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo en el Batallón La Popa.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía está investigado por 'falsos positivos'. Foto: Archivo EL TIEMPO/ EFE
Dos meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su captura, ahora la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP -que actúa como su Fiscalía- acusó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa del Ejército, por 72 asesinatos extrajudiciales conocidos como 'falsos positivos'.
El anuncio lo hizo en la tarde de este lunes el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, quien añadió que se compulsaron copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que verifiquen si el actuar de algunos de los funcionarios que en el pasado llevaron casos contra Mejía fueron negligentes con la investigación.
Giovanni Álvarez Santoyo, director UIA de la JEP Foto:Captura de pantalla
Mejía se convierte así en la segunda persona acusada por la UIA de la JEP, pues hace unos meses el excongresista Luis Fernando Almario Rojas fue el primero a quien se le radicó acusación ante el Tribunal para la Paz de la JEP.
Según anunció Álvarez, el coronel en retiro Mejía Gutiérrez fue acusado por los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada por hechos sucedidos cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa de Valledupar y relacionados con 72 ejecuciones extrajudiciales.
"Rescatamos de los anaqueles del olvido y la impunidad procesos que se iniciaron y archivaron por hechos que no debieron ocurrir y realmente nos avergüenzan como sociedad", destacó el director de la UIA.
Sobre la acusación, que fue radicada este lunes, se conoce que es por hechos ocurridos entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003.
"Publio Hernán Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional", leyó Álvarez Santoyo sobre el escrito.
Para la UIA, Mejía abusó de su posición como alto oficial del Ejército y "utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el Batallón La Popa el ilegal aparato organizado de poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil", dijo el director de la entidad.
El 'modus operandi'
De acuerdo con la investigación, en el plan de Mejía para ejecutar civiles participaron varias personas bajo su mando en La Popa y, además, el coronel (r) habría formado una alianza con el frente 'Mártires del Cesar' del 'Bloque Norte' de las Auc.
Además, para los fiscales de la UIA que lo investigaron, el aparato organizado de poder que Mejía controló "siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados, provenientes de familias desestructuradas por quienes no se harían mayores indagaciones, y población campesina e indígena", sostuvo Álvarez Santoyo.
Estas víctimas vivían en zonas con poca presencia estatal y en las que accionar de los grupos armados ilegales permanentes.
Siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados (...) y población campesina e indígena: UIA
De otro lado, una vez asesinaban a los civiles, en la mayoría de los casos se alteró la escena del crimen "y se acudió a toda suerte de procedimientos irregulares para hacer creíbles los operativos" realizados por el 'Ilegal Aparato Organizado de Poder', que ideó y ejecutó Mejía Gutiérrez, según la UIA.
Por este motivo, los uniformados que participaron de los crímenes contaron con la "aparente complacencia de algunos funcionarios de la Justicia Penal Militar y de la justicia ordinaria para avalar los procedimientos de los uniformados y no investigar a fondo los homicidios".
Giovanni Álvarez Santoyo cuestionó de hecho que algunos fiscales y procuradores -sin dar sus nombres- tan pronto recibían denuncias o indagaciones por estos hechos, en cuestión de días, enviaban las investigaciones por homicidios de civiles a la Justicia Penal Militar, sin hacer ninguna verificación, y allí estas eran archivadas definitivamente.
Por último, el director de la UIA destacó la valentía de los familiares de algunas de las víctimas que "no se cansaron de denunciar que sus allegados no eran delincuentes y que, por el contrario, habían sido víctimas de algunos integrantes corruptos del Batallón La Popa”.