Avanza la primera sentencia: JEP y Minjusticia se reúnen para definir el diseño de las sanciones propias

Tras la polémica por el rechazo de las ex-FARC al primer borrador presentado por el Ministerio de Justicia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la implementación y ejecución de las sanciones propias, que son penas de carácter restaurativo que impondrá este tribunal a sus comparecientes, ambas entidades se reunieron nuevamente para continuar con el diseño de este aspecto. Un paso necesario para que la Jurisdicción dicte su primera e histórica sentencia.

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En el encuentro, según informó la JEP, dialogaron sobre la importancia de la colaboración armónica entre el Gobierno y la justicia transicional para el diseño y la implementación de estas sanciones propias, que serán medidas no privativas de la libertad, con una duración máxima de ocho años y de esencia restauradora con las víctimas del conflicto.

“Nuestro objetivo es dictar sentencias que sean viables, que se puedan ejecutar y que sean sostenibles incluso al cierre de esta Jurisdicción”, aseguró el presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli.

De acuerdo con el marco normativo y el Plan Nacional de Desarrollo, desde el Ejecutivo se girarán parte de los recursos y se apoyará la estrategia de los proyectos con los que el antiguo secretariado de las FARC, quienes serán los primeros sentenciados por la Jurisdicción, cumplirán la pena y quedarán a paz y salvo con la justicia.

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"Es importante cumplir con los marcos de justicia restaurativa homogénea, transparente y que sea eficaz para cumplir la reparación y la no repetición con garantía del debido proceso. Esto para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz", dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

A mediados de diciembre, esta cartera presentó un borrador que proponía la creación de las 'Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria', lugares con restricciones a la movilidad y vigilancia supervisada donde se cumplirían las sanciones.

Esta propuesta, similar a los llamados ETCR, donde los excombatientes -la base guerrillera- surten el proceso de reincorporación mediante proyectos productivos, no fue bien recibida por los excabecillas, quienes argumentaron que la iniciativa va en contravía de los Acuerdos de Paz.

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También pidieron tumbar el Conpes 4094, el andamiaje de las medidas restaurativas. Sin esta hoja de ruta, le dijo a este diario la ministra Ángela María Buitrago, se tardaría entre seis y ocho meses en diseñar una nueva estrategia, postergando otro año la tan anhelada primera sentencia de la JEP. 

Además del "dónde", hay otros interrogantes en torno a la implementación, entre ellos, el "cómo". Existe un amplio abanico de posibilidades.

En los últimos tres años, la JEP ha adelantado proyectos piloto, con recursos de la cooperación internacional, que han sido un adelanto de las sanciones reparativas que impondrá. Algunos de estos proyectos incluyen uno de restauración ambiental en el Sumapaz, otro de educación y riesgo de minas en Antioquia, y uno más de sanación espiritual en Nariño.

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Este "abrebocas" no ha estado exento de críticas por parte de algunas de las víctimas, quienes consideran que no cumplen con los estándares del componente restaurativo. Por ello, la JEP estaría barajando una nueva estrategia.

El "cuándo" sigue en veremos. Si bien todo parece indicar que 2025 sería el año en el que se emitirá la primera sentencia, la magistratura no se ha atrevido a indicar una fecha exacta. Lo que sí se anticipa es que será por el macrocaso 01, sobre secuestro y crimen de guerra, por el que el antiguo secretariado ya ha reconocido su responsabilidad y pedido perdón a las víctimas.

Mientras tanto, desde la JEP destacan esta reunión como clave para "seguir garantizando los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la restauración de las comunidades y territorios".

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Redacción Justicia