La JEP imputó a 12 exintegrantes de las extintas Farc por crímenes de guerra en el sur del Valle y norte del Cauca

Toribío, un municipio ubicado en el norte del Cauca, en el flanco occidental de la cordillera Central, sufrió durante los más de cincuenta años de conflicto 65 tomas guerrilleras. La de junio de 2009 fue con una 'chiva-bomba', un ataque terrorista que dejó un saldo de tres personas muertas y más de 100 heridas. Por estos hechos, así como por 13 crímenes más perpetrados por las extintas Farc en el marco del conflicto en la región del suroccidente que reúne al mayor número de víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este tribunal imputó a 12 exintegrantes del Comando Conjunto de Occidente, entre ellos 'Pablo Catatumbo'.

(También le puede interesar: 'Si no hay esos recursos, no se puede investigar a las Farc': presidente de la JEP sobre la suspensión de fondos de Usaid)

Los acusados fueron llamados a reconocer su responsabilidad por más de 5.000 hechos violentos en contra, principalmente, de las comunidades étnicas que se asientan en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

Los 12 comparecientes que tendrán que aceptar públicamente su participación en los crímenes son: 'Pablo Catatumbo', 'Pachochino', 'Matías Aldecoa', 'Miguel Ángel Pascuas', 'Calixto', 'Carlos Antonio', 'Alirio', 'Meneito', 'William', 'Vladimir', 'Juvenal', 'Pacho Quinto' y 'Mama Juana'. Además, deberán adelantar acciones restaurativas con las víctimas, en este caso, con un simbolismo étnico-reparador.

Si se niegan a reconocerlo dentro de un lapso de 30 días una vez proferida la notificación con pertinencia étnica del auto, el caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación, la fiscalía de la JEP, para que adelante la acusación por la ruta sancionatoria, en la que se contemplan penas de hasta 20 años de cárcel.

Los crímenes de guerra que se les endilga incluyen ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento forzado, utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas; empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; atentados contra la vida y la integridad corporal mediante ataques a la población civil a través de las llamadas 'tomas guerrilleras'; y destrucción del medio ambiente, bienes culturales y lugares de culto.

(Lea además: Colombia tramitará ante el Congreso el tratado de extradición con Chile: Minjusticia)

Más de 200.000 personas y 138 organizaciones se han acreditado como víctimas en este macrocaso, el 05, que investiga los graves crímenes cometidos durante la guerra en esta zona del país, siendo la investigación con el mayor número de afectados.

Algunos de los sujetos colectivos acreditados son el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (Aconc), las Organizaciones Regional Indígenas Valle del Cauca (ORIVAC), Sisma Mujer y Caribe Afirmativo.

Sus testimonios, junto con 20 informes, siete versiones colectivas, 50 versiones individuales y los expedientes de la Fiscalía, fueron el sustento de la Jurisdicción para proferir la imputación, que es la penúltima contra los ex-Farc en este caso. Queda pendiente la acusación por violencias sexuales y violencia basada en género.

Por tener un componente étnico, la investigación se realizó mancomunadamente con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana. De hecho, se realizaron 31 versiones voluntarias con excombatientes indígenas de la otrora guerrilla.

Los 12 exguerrilleros, quienes deberán aceptar su responsabilidad en los crímenes imputados y adelantar acciones restaurativas, pertenecen a siete células de las extintas Farc: el Comando Conjunto de Occidente (también conocido como Bloque Occidental desde 2012), el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

Algunos de los hechos victimizantes identificados por la Jurisdicción incluyen, como la 'chiva-bomba' de Toribío, las tomas guerrilleras o ataques a los municipios de Caldono, Caloto, Corinto y Jambaló.

"Aunque en muchas ocasiones fueron dirigidas contra la fuerza pública, terminaron ocasionando muertes, lesiones y afectaciones psicosociales a civiles, así como daños a bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como escuelas y hospitales", se lee en el auto de imputación.

Otro de los patrones macrocriminales fueron los asesinatos, desapariciones forzadas, traslado forzoso y persecución contra indígenas, afrocolombianos, campesinos y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, así como civiles.

(Complemente su lectura: ‘No vamos a comprar predios que no estén ofertados’: ANT sobre expropiación istrativa en Catatumbo)

"En la investigación, la Sala encontró especialmente grave el homicidio de médicos tradicionales indígenas o afrodescendientes". Asimismo, "el número de desplazados por el conflicto en la zona fue tan elevado, que en Cali se creó el Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali, que actualmente reúne a 4.555 víctimas acreditadas en el caso 05 de la JEP. Esta comunidad ha ido perdiendo su lengua nativa y su vestimenta tradicional. Además, sufre de pobreza, inseguridad alimentaria y restricciones a la movilidad", informó la Jurisdicción.

Otro de los fenómenos criminales por los que tendrán que rendir cuentas es por la utilización, reclutamiento o alistamiento de niñas y niños, entre los 14 y los 18 años, especialmente de las comunidades indígenas y afrodescendientes, "lo cual implica la exposición a perder sus costumbres para adquirir otras totalmente distintas". 

Asimismo, el uso de minas antipersonal, lo cual derivó en una seguidilla de violaciones a los derechos humanos: "los niños no pudieron regresar al colegio, se perjudicó la producción agrícola, los médicos no podían atender a la población y se truncó el servicio de transporte". Y lo que la JEP denominó "ejecuciones sin todas las garantías legales", refiriéndose a los consejos de guerra y ajusticiamientos adelantados por la guerrilla para control social y territorial.

La Jurisdicción dedicó un capítulo aparte a las afectaciones a la naturaleza y a los territorios. "La Sala documentó cómo se afectó de manera extendida y duradera la naturaleza en el norte del Cauca y sur del Valle mediante la instalación de minas, la realización de ataques con explosivos, el apoyo a los cultivos ilícitos y la minería ilegal".

Por esta violencia ensañada contra las comunidades, los exguerrilleros imputados tendrán que ofrecer su reconocimiento con un sentido étnico, así como los planes que adelanten para la reparación también deberán incluir este componente para cumplir con los estándares de satisfacción de las víctimas.

(Notas relacionadas: Ellos son los 12 firmantes que siguen desaparecidos tras crisis de orden público en el Catatumbo)

Redacción Justicia