Vargas Lleras prende alerta por consultas previas que paralizan 9.000 proyectos

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hace parte de la comisión de alto nivel para reformar la justicia, habló sobre los alcances de su propuesta.

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En diálogo con EL TIEMPO se refirió a temas tan importantes como la desaparición del Inpec, la seguridad jurídica, las consultas previas y la tutela. Además, se pronunció sobre la elección para Fiscal General de la Nación.

Se han hecho muchísimos esfuerzos por reformar la justicia en Colombia, desde el año 2010, cuando me desempeñé como ministro de Justicia, fui autor del Acto Legislativo que se frustró en ese entonces; legislatura tras legislatura hemos presentado al Congreso proyectos que retoman las propuestas, seguiremos insistiendo en los temas de descongestión, mayor , que prime la seguridad jurídica y que tengamos una correcta istración de justicia. Entonces recibí la invitación por parte del ministro de Justicia, me resultó de interés esta participación y plantearles mis observaciones con una moderada esperanza de que sean tenidas en cuenta. Son muchos aspectos en los que tengo que opinar en la Comisión, esta semana ya los envié.

Tener decisiones judiciales en tiempos no razonables equivale a no tener justicia, por lo tanto, es prioridad tanto mejorar el como implementar medidas en materia de descongestión, mediante un plan urgente y que se concrete en medidas innovadoras como las planteadas ante la comisión de expertos. Estas consisten en la posibilidad de que los notarios, centros de arbitraje y conciliación, así como los abogados a tiempo parcial bajo la estricta observancia de unos requisitos de manera transitoria, reciban facultades para resolver controversias litigiosas en determinados casos. Además, crear la especialidad comercial en la jurisdicción ordinaria y poder introducir modificaciones a los códigos de procedimiento. Todo en aras de la celeridad. Así mismo, estimular la conciliación extrajudicial contencioso istrativa y reformar el estatuto arbitral, entre otras. Como verá, un arsenal de medidas todas orientadas a la descongestión real que materialice el fin propio de la justicia, que es su oportunidad y celeridad, además de los temas de impunidad, que es lo que reclaman los colombianos.

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Propongo como medida de descongestión que los notarios, de manera excepcional, ejerzan funciones jurisdiccionales particularmente en asuntos no contenciosos.

La justicia arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos cuya característica esencial es la celeridad; no obstante, el término para que una controversia se dirima ante la justicia arbitral sigue siendo considerablemente amplio. Modificaciones como la eliminación dentro del arbitraje de las figuras de sustitución de la demanda y reforma de la demanda; limitar además su tiempo de duración, el número de ocasiones en las que las partes puedan solicitar suspensiones; instaurar la medida de que si en un tribunal arbitral se supera la duración de 14 meses, los árbitros perderán automáticamente un porcentaje considerable de sus honorarios; reducir los términos de aceptación del encargo arbitral y para la instalación del tribunal arbitral; eliminar la audiencia de conciliación dentro del trámite, que solo será realizada si ambas partes la piden de común acuerdo, entre otras, agilizarían los laudos.

Son medidas que procuran generar una descongestión en la istración de justicia. Le menciono algunos ejemplos: frente a la audiencia de imputación es pertinente señalar que en esta, el juez es un mero espectador de lo señalado por el fiscal y al final le pregunta al procesado si es su deseo aceptar cargos, cosa que sucede pocas veces. Siendo la principal causa de aplazamientos en el sistema, pues al ser el primer o del procesado con el juez, en muchas ocasiones todavía no cuenta con un abogado. Esto genera innecesariamente la privación de la libertad de miles de personas, se prolonga innecesariamente la fase judicial del proceso penal, tiempo en el cual no puede haber una decisión de fondo ni se avanza en la recolección de pruebas. Ni siquiera se avanza en la preparación de la defensa, pues el descubrimiento probatorio es llevado a cabo en la audiencia de acusación. Por ello, en búsqueda de la eficacia real de la justicia, se propone la eliminación de esta audiencia y realizar la formulación de la imputación por escrito, que se le entregará al imputado por la Fiscalía. En relación con la revisión del principio de oportunidad, se observa que en los países que tienen un sistema acusatorio el principio de oportunidad se aplica a más de la mitad de los procesos, mientras que en Colombia solamente se utiliza en el 0,06 % del total de las salidas de noticias criminales registradas en el SPOA, por tal motivo se propone solamente en los casos estrictamente establecidos en la ley que el imputado pueda solicitar al juez de control de garantías la aplicación de este principio. Ojalá también la comisión se ocupe del régimen penitenciario y del propio Inpec.

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Se propone eliminar el Inpec y que sus funciones y competencias pasen a una dirección adscrita a la Policía Nacional.

La seguridad jurídica en términos de la Corte Constitucional se define como aquella cualidad del ordenamiento jurídico relativo a la certeza del derecho, cuando este aplica, es decir que la actuación judicial sea firme y coherente, por lo tanto se proponen medidas tales como establecer la obligatoriedad del precedente judicial como fuente del derecho, prohibir ‘tutelatones’ para que los jueces se concentren realmente en las vulneraciones de derechos fundamentales, para lo cual la legitimación por activa para la interposición corresponde exclusivamente al titular del derecho afectado. Se proponen reglas claras para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Se propone establecer el desarrollo progresivo económico y la seguridad jurídica como derechos de rango constitucional. En relación con la responsabilidad contractual del Estado, se precisa que el legislador fije límites y criterios indemnizatorios. Se propone reformar el régimen disciplinario del abogado, así como criterios para recuperar la dignidad y credibilidad en el ejercicio de la profesión. Fortalecer la defensa jurídica del Estado, para que sea apoyada por abogados especializados con herramientas institucionales sólidas; así mismo es urgente reglamentar los procesos de consulta previa.

Así es, como lo mencioné en los aspectos esenciales con el fin de robustecer el sistema judicial, primero prohibir las ‘tutelatones’, legitimando solo a quien realmente se le vulnere el derecho; y en segundo lugar, reglamentar normas claras para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales y en particular de las proferidas por las cortes de cierre. Sin duda, la tutela debe ser un amparo para los derechos fundamentales y no convertirse en una herramienta de dilación o, peor aún, una instancia más de los procesos judiciales.

Cualquier reforma debe ocuparse de la seguridad. Este no es solo un problema de la Policía, proponemos para combatir el delito partir de lo esencial: su castigo y su sanción. Hoy los ciudadanos sienten miedo a la delincuencia y debemos adoptar medidas inmediatas para que sea la delincuencia quien respete la institucionalidad, por lo tanto, dentro de las medidas de seguridad ciudadana se propone la judicialización efectiva las 24 horas al día, es decir, es necesario el incremento de fiscales para que ejerzan la labor de judicialización de noche y de día, concentrándose de la mano con los jueces en las zonas más afectadas por la inseguridad en las ciudades, se debe endurecer el tratamiento para jóvenes infractores, para lo cual se propone reducir la inimputabilidad de los menores de 14 a 12 años y tener un régimen de internamiento especial para aquellos que cometan delitos graves. La reincidencia y la peligrosidad del delincuente deben ser factor determinante para tasar la pena impuesta y también para evitar excarcelación en aquellos tipos que hoy la contemplan.

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Así es. Las consultas previas no están beneficiando directamente a las comunidades; por el contrario, se han convertido en una talanquera, un mecanismo extorsivo al sector productivo; 9.000 proyectos productivos se encuentran paralizados. No hay claridad en los procedimientos, tampoco en los tiempos. En la mayoría de las consultas con comunidades no se consiguen acuerdos y no existe un trámite concreto cuando fracasa el diálogo. Por lo cual, se propone dotar de certeza y agilidad los procesos de consulta previa, estableciendo términos concretos y de preclusión. Prohibir la interferencia de intermediarios; diálogo directo con la comunidad a través de proyectos que beneficien a todos sus integrantes. Contemplar un juicio de proporcionalidad aplicable si fracasa la consulta. Y forzoso expedir la ley estatutaria de consultas previas que fije reglas claras, infructuosamente año tras año hemos presentado al Congreso proyectos reglamentarios de esta.

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La Constitución de 1991 estableció un sistema de control fiscal con un sector central encabezado por la Contraloría General y un sector descentralizado dirigido por los contralores departamentales, distritales y municipales, quienes son elegidos por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales. Esta descentralización también hace que cada Contraloría funcione como ente independiente y que en muchas regiones no cuente con el personal suficiente para hacer investigaciones. Este sistema tiene principalmente tres problemas que han impedido que funcione el control fiscal: se impide formular políticas de control fiscal a nivel nacional, los contralores departamentales, distritales y municipales tienen que indagar por las actuaciones en las que participaron sus electores y al ser entes independientes muchas contralorías no cuentan con recursos para llevar a cabo las investigaciones fiscales. Por ello, es necesario eliminar esta dispersión y lo que se propone es centrar todo el control fiscal en la Contraloría General de la República.

Esperamos que en el marco del respeto y mediante consenso se logren promover las reformas que necesitamos todos los ciudadanos con el fin de fortalecer la justicia en el país, con mucha expectativa espero que todas las propuestas consideradas por la comisión deriven en soluciones reales e inmediatas para el país.

Difícil, se ha debido invitar a hacer parte de la comisión a destacados parlamentarios de todos los partidos encargados de su trámite para avanzar en consensos que trasciendan en el Congreso. Creo que aún es tiempo de vincularlos, eso facilitaría el trámite.

Dentro de la propuesta de reforma a la istración judicial, se encuentra la eliminación de facultades electorales de los magistrados de alta Corte, es decir, eliminando su participación en la elección de Registrador Nacional, Auditor General de la República y el envío de ternados para Procurador y Contralor. La única facultad de elección que se conserva es la de seleccionar al fiscal general, pues en el modelo de la Constitución colombiana esa entidad hace parte de la Rama Judicial. Por ello no solo se conservará, sino que se fortalecerá esa facultad, estableciendo que el fiscal general se elija por la Corte Suprema de Justicia a través de un concurso público de méritos de lista de elegibles, conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución.

Sin lugar a duda, se debe respetar la institucionalidad y respetar los tiempos que estimen convenientes. Me parece inaudito presionarlos. No registro antecedente de lo ocurrido esta semana, es en extremo lamentable y un mal presagio de lo que podrá ocurrir en el futuro. Aquí lo que está en juego es la institucionalidad y el propio Estado de derecho.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49