UNGRD: Fiscalía dice que empresa criminal no se ha desmantelado y pidió enviar a guarnición militar a Ólmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López

Durante casi siete horas, la Fiscalía sustentó este 7 de agosto ante un juzgado de Bogotá por qué cree que deben estar detenidos en una guarnición militar, mientras avanza el proceso en su contra, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, el ‘Pastuso’, quienes según la Fiscalía estuvieron detrás del millonario desvío de recursos públicos para la atención de desastres.

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Para el ente acusador, los delitos investigados dentro del escándalo de corrupción en la Unidad no solo son graves, sino que los procesados podrían seguir incurriendo en ellos, según la fiscal María Cristina Patiño, quien aseguró que Olmedo López y Sneyder Pinilla “realizaron pactos que fortalecieron las expectativas de congresistas y de otros funcionarios del Estado y de particulares de defraudar el erario y su beneficio para continuar en el control de la UNGRD".

Y añadió: "Actualmente, algunos de esos otros funcionarios de todos los niveles están siendo indagados. La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad, pueden tener o con los otros de la organización”.

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Además, la Fiscalía denunció que los procesados deben estar detenidos para evitar que destruyan más evidencia, como ya ha ocurrido, pues según el ente investigador, Pinilla reconoció en un interrogatorio que ya borró varios chats, y entidades como la Contraloría han alertado de la pérdida de 69 cajas con material probatorio.

La razón que esgrimió la Fiscalía para pedir que fueran detenidos en una guarnición militar, y no en una cárcel, fue porque están colaborando con la justicia y en el marco de esa colaboración han recibido amenazas contra su vida.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía describió la estructura criminal conformada para desangrar a la UNGRD señalando que en Bogotá, desde “por lo menos mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, de la UNGRD, y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director de Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la UNGRD, junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista y quien por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana Roger SAS (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la istración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Unidad de Gestión del Riesgo”.

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Así mismo, la fiscal insistió en salpicar a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro como el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González y la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, de quienes dijo coordinaron la entrega de 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name y de 1.000 millones de pesos para el expresidente de la Cámara Andrés Calle.

“Entre el 18 y 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por valor de $ 60.000 millones para Iván Name y un poco más de $ 10.000 a Andrés Calle. Contratos que posteriormente se cambiaron por $ 3.000 en efectivo para Name y $ 1.000 millones para Calle. Instrucción que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, dijo la fiscal.

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También fue mencionado por la Fiscalía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues se dijo que López “coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso; esto es Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”.

El ente acusador también presentó cómo fue que las empresas de López Rosero, el ‘Pastuso’, se quedaron con 108.257’981.468 pesos en contratos adjudicados por la UNGRD sobre los cuales el empresario habría pagado coimas del 13 por ciento y un punto adicional para Sneyder Pinilla.

La Fiscalía dijo que en la UNGRD se suscribieron 21 órdenes de trabajo con presuntas irregularidades por más de 228.000 millones de pesos, y habló en más detalle sobre el polémico contrato para comprar 40 carrotanques para La Guajira, por 46.800 millones de pesos, en el cual se habría dado una apropiación ilícita de 14.163 millones de pesos. De esos recursos, según la investigación, López Rosero se apropió de 7.821 millones y se repartieron coimas por el valor restante, y parte de ese dinero es el que habría llegado a los expresidentes del Senado y la Cámara.

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De acuerdo con los elementos presentados, el ‘Pastuso’ entregó por pago de coimas un total de 6.342 millones de pesos distribuidos así: 1.000 millones a Pedro Rodríguez Melo; 5.342 millones de pesos a Sneyder Pinilla por la coima pactada por el contrato de los carrotanques. De esos 5.342 millones de pesos se habrían pagado 3.000 millones de pesos a Iván Name, mil millones de pesos a Andrés Calle, 276 millones de pesos de intereses por un préstamo que hizo Sneyder Pinilla; 724 millones que Pinilla le entregó a Olmedo López; además de 342 millones con los que Pinilla se quedó por los negocios pactados con las empresas de López Rosero.

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Tras la exposición de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el representante de la UNGRD, constituido como víctima en el caso, coadyuvaron en la solicitud de medida de aseguramiento. Sobre las 6:42 p. m. de este 7 de agosto la audiencia fue suspendida y continuará, para escuchar a los abogados defensores y para que se dé a conocer la decisión del juez, el 31 de agosto.

REDACCIÓN JUSTICIA