COP16: 'Un error en política pública puede conducir a pérdidas de la diversidad biológica', Procuraduría

Una de las entidades que vienen haciendo vigilancia constante a la organización de la COP16 y a los temas que se discutirán durante sus distintos espacios es la Procuraduría General de la Nación, que tiene una dependencia enfocada en asuntos medioambientales. El delegado a cargo de ella es Gustavo Guerrero, quien cuenta con amplia experiencia en este sector y en esta entrevista se refiere a la cumbre de Cali.

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La Procuraduría delegada para Asuntos Medioambientales, Minero-energéticos y Agrarios tiene una responsabilidad ligada al cumplimiento de un mandato constitucional. Nosotros velamos por la defensa y la protección del interés colectivo y, en ese sentido, desplegamos, de las tres misionalidades que tiene la Procuraduría, dos de ellas: la función preventiva y la intervención judicial. Para ello contamos con 34 procuradores judiciales ambientales y agrarios distribuidos por todo el país. También se ejerce la función preventiva, que es la que más se visibiliza, esto con el fin de que se vele por la protección y defensa del derecho a gozar de un ambiente sano.

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Intervienen los procuradores judiciales penales y hay una coordinación plena entre la delegada en Asuntos Penales y la delegada para Asuntos Ambientales.

La COP16 es un hito para el país. Debemos sentirnos orgullosos de que un país megadiverso como Colombia sea anfitrión. Es sin lugar a dudas un enorme logro y también una gran responsabilidad. Eso nos obliga a revisar el estado de cumplimiento de los mandatos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde 1994. En un país que alberga una diversidad de ecosistemas tan relevante pero también tan frágil, hay que garantizar la protección no solo de las áreas protegidas, sino de otras de especial importancia ecológica. Además, se debe promover el uso sostenible de la biodiversidad y reducir todas las causas de su pérdida.

En este país la pérdida de biodiversidad tiene un mayor grado de afectación o de impacto sobre la vida de los colombianos. Un ejemplo pueden ser las emisiones atmosféricas y su repercusión sobre actividades diarias. En Colombia, perder biodiversidad supone correr el riesgo de perder soberanía alimentaria. Cuando se pierde la oferta del capital natural se afecta la garantía de satisfacer las necesidades del país y las de otras naciones.

Las comunidades que se encuentran asentadas en las áreas ricas en diversidad biológica básicamente fundan toda su actividad productiva en lo que la biodiversidad ofrece. Muchas veces se cree que no hay un vínculo entre la biodiversidad y lo que nuestros campesinos cultivan, y resulta que hay una entrañable relación. La pérdida de diversidad implica una alteración de las capacidades y condiciones de los suelos y las fuentes hídricas, una alteración completa de los ecosistemas, y hasta se propicia la erosión. Todo eso redunda en una mayor dificultad en las condiciones en las que hoy se da la producción de muchos alimentos.

Colombia es una de las naciones más ricas en ecosistemas en todo el planeta, nada más miremos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, que alberga prácticamente todos los ecosistemas que existen en el país. Cualquier acción equivocada y errada en la política pública puede conducirnos a pérdidas irremediables de la diversidad biológica. Eso implica que no se trata solamente de una fórmula simplista de no ver y no tocar, algo que ni siquiera plantea el CDB, sino ir más hacia el uso sostenible y lo que eso conlleva. Aquí también entra en juego el rol fundamental del sector privado, sobre todo en una labor imprescindible como lo es la restauración ecológica. Es necesario que pensemos en mecanismos en los que haya alianzas público-privadas para la restauración de ecosistemas. En ese sentido, el Estado tiene que abrir las puertas a experiencias internacionales.

Nos invitaron a postular representantes de la Procuraduría en la COP16. Como Ministerio Público es algo fundamental porque en la medida en la que vigilamos el quehacer de las autoridades podremos ser testigos de primera mano de la renovación de los compromisos pactados. Para nosotros resulta importante velar por la consistencia y coherencia en la política pública. Es necesario que la contención y la lucha contra la deforestación se piense no solo en sentido de lo que implica la pérdida de suelos con cobertura vegetal para el cambio climático, sino en términos de pérdida de diversidad biológica fundamentalmente en países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador o Bolivia. En Cali tendremos un espacio con el apoyo de la Embajada de Noruega y la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en el que vamos a hablar con magistrados de las altas cortes sobre la relevancia de la realización de los derechos de que garantiza y prevé el Acuerdo de Escazú.

Sí, pero también vamos a verificar que los que ya se asumieron sean cumplidos, porque el país también ha asumido una serie de compromisos en las distintas conferencias de las partes precedentes que se han venido realizando en el marco del CDB. Es importante lograr una gestión adecuada de los recursos ligados a la conservación y la biodiversidad. La creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad termina siendo un voto de confianza por parte del Legislativo a través de la ley del Plan de Desarrollo para que se diseñe un mecanismo financiero que sea mucho más efectivo, eficiente y ágil en la inversión, colocación y ejecución de recursos. Pero eso impone deberes de transparencia y mecanismos de control, y allí la Procuraduría está presente en aras de garantizar que esos dineros se apliquen de forma adecuada.

La ministra Susana Muhamad recibe un reto enorme, y para nosotros ella de alguna manera ha sido leal a un planteamiento político en términos de que la conservación y la gestión de la biodiversidad hay que hacerla con la participación de la gente. El punto es que aquí necesitamos profundizar en la participación para que sea completa, cercanos y no cercanos a la política pública vigente, porque todos los actores en el país tenemos responsabilidades frente al cumplimiento de los compromisos del convenio. Creemos que es importante fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y darle una revisión a su marco regulatorio y político. Es necesario darles un rol más preponderante a las figuras e iniciativas privadas de protección y conservación de áreas protegidas. También, fomentar aún más la restauración ecológica, un tema rezagado. Y es necesario fortalecer no solo la acción y política pública, sino la inversión pública. La ley de pasivos ambientales nos va a dar unas herramientas que esperamos sean importantes y se desarrollen pronto para que se puedan recuperar áreas que han sido degradadas por la minería ilegal y la deforestación.

Hemos sido muy insistentes en el caso de los Farallones de Cali. Hace un año, por fortuna se dio un operativo de control de actividades mineras ilegales allí. Esa es una reserva fundamental en términos de conectividad biológica y aporte hídrico para millones de personas, por lo que es necesario ahora que esas acciones que se adoptaron sean sostenibles. No puede suceder que sean acciones por el hervor de un momento y que luego de nuevo encontremos el parque lleno de actividades mineras ilegales. Es importante que haya un control y también una oferta para esas personas que necesitan formalizarse en otros sitios donde sea compatible y permitida la minería.

Hemos encontrado que los motores de la deforestación y pérdida de biodiversidad, como la minería ilegal, introducción ilegal de ganado en los parques naturales y acaparamiento de tierras, están ligados íntimamente al quehacer de grupos al margen de la ley, y en ese sentido es importante ir hacia atrás en esas cadenas para identificar a los determinadores y financiadores.

La Procuradora conformó una agencia especial de seis (procuradurías) delegadas para que ejerzan vigilancia preventiva y de control de gestión a todas las entidades que organizan el evento. En ese marco hemos hecho requerimientos de planes preventivos y de seguridad.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

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