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La historia de los dos estudiantes de derecho que se salvaron de ser desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985

En la condena contra el general (r) Iván Ramírez Quintero por la desaparición de Irma Franco, ex M-19, el Tribunal de Bogotá pide investigar lo ocurrido con Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo.

Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, conducidos a la Casa del Florero

Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, conducidos a la Casa del Florero Foto: archivo

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Casi cuatro décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985 tras la incursión de un comando del M-19, el Tribunal Superior de Bogotá pidió que se investigue y se identifique a los responsables de las situaciones irregulares que padecieron Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes para la época de los hechos estudiaban derecho en la Universidad Externado. 
La petición la hizo la magistrada Isabel Álvarez en la sentencia que condenó a 31 años de prisión al general (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), por la desaparición forzada de la exintegrante del M-19 Irma Franco.
"Conforme lo visto respecto de la situación manifiestamente irregular, a la que fueron sometidos los estudiantes MATSON y SANTODOMINGO, se dispone compulsar copias para que tipifique la conducta penal de la que fueron víctimas, se individualice e investigue a los responsables", dice la decisión.
En el fallo se advierte que Matson y Santodomingo compartieron con Franco el hecho de haber sido consideradas las únicas tres personas evacuadas del Palacio de Justicia -y perfiladas por la fuerza pública- con la etiqueta de 'especiales' o 'sospechosas', razón por la cual se les condujo a la Casa del Florero, lugar al que fueron llevados los rehenes y sobrevivientes del 'holocausto' para supuestas labores de identificación.
"El grupo de los “especiales”, se itera, que estaba conformado por aquellos de quienes se tenía la convicción de que eran guerrilleros (...) del procedimiento al que fueron sometidos no quedó registro alguno en libros o minutas oficiales, que dieran cuenta de entrada y/o salida de instalaciones militares o de la Policía", advierte el fallo.
Irma Franco, exintegrante del M-19

Irma Franco, exintegrante del M-19. Foto:Archivo

En la Casa del Florero confluyeron operaciones de la Brigada XIII del Ejército, de la Dijin, la Sijin y el DAS, apoyadas por personal del Coici. Matson y Santodomingo tuvieron un destino distinto al de Irma Franco luego de que se corroborara que él era sobrino de Arturo Matson Figueroa, designado gobernador de Bolívar un año después.
"Cuando nos preguntaron que, qué persona nos podía recomendar, entonces mencioné al Senador por Bolívar, RODRIGO BARRAZA SALCEDO, el doctor HUMBERTO MURCIA BALLÉN, Magistrado de la Corte, mi tío ARTURO MATSON FIGUEROA, Gobernador de Bolívar actualmente, el doctor ÁLVARO LUNA GÓMEZ, Ex-Magistrado de la Corte, el hijo del Coronel MIGUEL MAZA MÁRQUEZ y otros más que no recuerdo en el momento", declaró Eduardo Matson el 11 de abril de 1986.
"La situación demostrada de los estudiantes Santodomingo y Matson se constituye en un grave indicio en contra de los de la Policía Nacional y del Ejército que estuvieron a cargo de su custodia y manejo como personas rescatadas; mismo que puede afirmarse del tratamiento que se le dio a la guerrillera identificada, y hoy desaparecida forzadamente", agrega el fallo.

La historia de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo

Los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo acudieron al Palacio de Justicia ese 6 de noviembre de 1985 por motivos académicos y quedaron atrapados en la cafetería en el fuego cruzado. Según el expediente, ambos fueron evacuados esa misma tarde y llevados a la Casa del Florero; luego a las instalaciones de la DIJIN para una toma de muestras de residuos de disparos; posteriormente llevados al Batallón Charry Solano y, a altas horas de la noche, dejados en libertad.
Toma y retoma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985

Toma y retoma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto:Archivo

Matson relató el 5 de diciembre de 1985 que, cuando fueron rescatados por el Ejército, les dijeron que se hicieran detrás de los demás rehenes pues a ellos los consideraban “especiales”. El fallo advierte que en la Casa del Florero sufrieron "maltratos físicos y tortura psicológica" al ser sometidos a constantes interrogatorios. 
"Cuando nos hacían la muestra de la parafina uno de los señores presentes, vestido de civil, nos intimidaba diciendo a Yolanda y a mí que nos iba a cortar las manos y que él sí nos hacía hablar de un pepazo", declaró Matson en abril de 1986.
"Nos vendaron los ojos, nos interrogaron y luego nos bajaron de la y nos esposaron y al parecer nos separaron y nos dieron varias vueltas y me condujeron creo a una habitación y seguían interrogándome y confundiéndome con todo lo que les respondía e insistían que éramos guerrilleros", contó Matson sobre su experiencia en el Batallón Charry Solano.
Sobre los instantes previos a su liberación, Santodomingo relató, el 2 de diciembre de 1985, que "dentro de la camioneta prendieron algo que despedía mucho humo y nos asfixiaba, olía como a eucalipto y decían “Póngale más trapo en la cara, para que cuando le disparemos no se desfigure”… me esposaron y vendada me pusieron a oír un ruido de agua corriendo o cayendo, me pararon ahí y me dijeron que me iban a tirar a esa cascada desnuda para ese momento yo estaba como loca de los nervios y todo".
Ángela María Buitrago, exfiscal delegada

Ángela María Buitrago, exfiscal delegada. Foto:Sergio Acero, EL TIEMPO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluyó en 2014 a Matson y a Santodomingo dentro del grupo de víctimas que debían ser indemnizadas por los horrores del holocausto del Palacio, tras su condena contra el Estado. En el año 2008, la entonces fiscal delegada Ángela María Buitrago compulsó copias pidiendo que se investigara la tortura que sufrieron Matson y Santodomingo. 16 años después, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Isabel Álvarez Fernández, reitera la petición.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia @JusticiaET

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