Procuraduría tiene bajo la lupa contratos por $ 3,3 billones entregados a dedo

La construcción y adecuación de bicirutas en Abriaquí, Antioquia, por parte de la Empresa Autónoma de Guatapé, es uno de los 918 convenios interistrativos que despertó una alerta en la Procuraduría General.

Un informe del organismo conocido por EL TIEMPO señala que al menos hasta el año pasado se habrían puesto en riesgo cuantiosos recursos públicos por cuenta de contratos que suscribieron algunas alcaldías y gobernaciones con 19 ‘contrataderos’ por 3,3 billones de pesos.

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Lo que investigan los funcionarios de la entidad es si se presentó malintencionadamente una contratación directa, evadiendo la pluralidad de oferentes y los famosos pliegos tipo.

Según el procurador delegado Gabriel del Toro, esta preocupación de la entidad radica en una situación que se presentó hace al menos cuatro años, cuando justamente “la queja era la poca pluralidad de oferente. Sobre todo en los departamentos y municipios era una queja de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pues había requisitos orientados para que (los contratos) se los ganara uno u otro”.

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Las 19 entidades públicas bajo la lupa, que hasta el momento no han incurrido en ninguna falta disciplinaria, pues el tema va apenas en averiguaciones, se concentran principalmente en Antioquia, con 11 entidades como la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño y la Empresa Autónoma de Guatapé.

Esta última alcanzó a suscribir 102 convenios interistrativos por más de 68.000 millones de pesos, los cuales a nivel de trámites son similares al de la biciruta para el municipio de Abriaquí. Ese episodio en concreto, para la Procuraduría puede interpretarse como una obra de infraestructura de transporte, y por ende debía aplicarse el pliego tipo, algo que no pasó.

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La otra cara de la moneda son las gobernaciones y alcaldías, las cuales entregaron los convenios a las entidades bajo la modalidad de régimen excepcional. En el ránking con los números más altos están las gobernaciones de Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Bolívar: mientras que a nivel de alcaldías están las de Cali, Medellín, Cartagena y Valledupar.

Tan solo en la capital de Antioquia se otorgaron 28 convenios por un valor de 520.000 millones de pesos. Para subsanar los reparos que hay por parte de la Procuraduría, esta instalará mesas de seguimiento tanto con las entidades contratantes y las contratadas, “con el fin de vigilar la ejecución del presupuesto público y realizar las advertencias a las que haya lugar para mitigar riesgos de gestión pública”.

De acuerdo al procurador Gabriel del Toro, este paquete de contrataciones, que investigan de manera preventiva desde septiembre del año pasado, tiene unas particularidades que se pueden entender mejor acudiendo a la norma.

El primer antecedente es la Ley 1882 de 2018, que modificó el estatuto de contratación pública. En ella, se estableció una nueva regla para los proyectos de infraestructura de transporte vial: el pliego tipo, un documento que contiene unos lineamientos puntuales para este tipo de situaciones.

Luego llegó la Ley 2022 de 2020, que cambió la 1882 y amplió esa regla para cualquier tipo de contratación como catastro multipropósito y alcantarillado, dándole la función a Colombia Compra Eficiente para hacerle seguimiento a cada caso.

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El tercer antecedente es la Ley 2195 de 2022, que adoptó medidas para la transparencia, y señaló que cuando se transfirieran recursos para los contratos previamente mencionados, se tenía que aplicar pliego tipo.

Sin embargo, contó Del Toro que falló la norma, porque en un parágrafo se estableció una excepción que dejó una ventana abierta para que se presenten este tipo de contrataciones directas en las que gobernaciones y alcaldías hacen convenios con entidades bajo un régimen excepcional que se los permite con una serie de requisitos.

Es en este punto que también se concentra la Procuraduría, puesto que si bien legalmente pudieron suscribir los 918 convenios interistrativos, la figura excepcional les obliga a cumplir estándares que son revisados por agentes especiales. Es decir, aparte de preguntar si las alcaldías y gobernaciones justificaron cuáles eran los beneficios de entregarlos de manera directa,también averiguan si las 19 entidades en cuestión tenían la experiencia e idoneidad necesaria para quedarse con jugosos contratos.

Incluso, el procurador delegado también anotó que “se evaluará si en los cientos de contratos hubo prácticas anticompetitivas o riesgos de corrupción”.

Luego de la cacería a contratos en septiembre, el órgano de control empezó a requerir a una por una de las entidades. Según el último reporte de la Procuraduría conocido por este medio, ya casi todos los requeridos respondieron, y ahora se cotejan cuatro teras de información.

Tras la preocupación de la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la tarea en los próximos días es establecer no solo con entidades sino también con alcaldías y gobernaciones si hubo alguna falla. En caso de que sí, “se procederá a hacer un informe de traslado disciplinario" que podría terminar con funcionarios sancionados, concluyó Del Toro.

Carlos López

En Twitter: @JusticiaET