Las tres entidades bajo la lupa de la Procuraduría por escasez de medicamentos

La alerta por el desabastecimiento de medicamentos que se registró al principio de este año en el país llevó a que la Procuraduría General de la Nación tome nuevas medidas con el fin de esclarecer si funcionarios públicos de tres entidades cometieron alguna irregularidad en materia disciplinaria.

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Esta vez, el órgano de control ordenó que un grupo de sus agentes se desplace hasta las instalaciones de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), ubicada al occidente de Bogotá, para realizar una inspección minuciosa a varios de sus archivos.

El objetivo, según conoció EL TIEMPO, es establecer si en esa entidad se cometieron irregularidades en el flujo de recursos que generalmente deben enviarse a las Entidades Promotoras de Salud (Eps), pues por este trámite es por el que se habría producido un desabastecimiento de medicamentos en varias ciudades.

El auto en el que se ordena la inspección lo emitió la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, y hace parte de un capítulo que en la Procuraduría empezó el 21 de marzo de este año, cuando ya había reportes de escasez de productos en las farmacias. Fue por ello que ese día se abrió una indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar del Ministerio de Salud, cuando la jefa de esa cartera era Carolina Corcho.

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De hecho, el caso también vinculó a una tercera entidad: el Invima, el cual a finales de abril recibió un oficio de la Procuraduría en el que le pedían el “número de solicitudes de registro para producción, comercialización e importación de medicamentos, las fechas en las que fueron hechas, los datos de las personas encargadas de esos trámites, y los planes y estrategias para superar el atraso en la expedición de los registros sanitarios pendientes”.

Es decir, desde el órgano de control se quiso hacer primero un rastreo en el Invima y el Ministerio de Salud para saber de dónde venían el desabastecimiento de medicamentos presentado a comienzos de 2023, el cual impactó a varios ciudadanos, quienes reportaron que incluso en farmacias del país no se conseguían productos básicos.

La alerta, en su momento, fue enfocada en garantizar primordialmente los derechos de las personas que requieren un especial y continuo tratamiento médico, pues fueron los mayores afectados.

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Tras la práctica de pruebas ordenada al Invima y el Ministerio de Salud -entidades a las que funcionarios de la Procuraduría ya se dirigieron para hacer visitas en el marco de la indagación-, la Sala Disciplinaria de Instrucción decidió incluir en el proceso a la Adres.

Esta dependencia es la que, como su nombre lo indica, istra los recursos del sistema que le asignan en el Presupuesto General de la Nación. Una vez esta concentra el dinero, distribuye lo recibido entre las distintas Entidades Promotoras de Salud (Eps), de acuerdo a estándares que tiene fijados.

Lo que intentan averiguar es si en ese trámite hubo fallas, las cuales el director general de la Adres, Félix León Martínez, dice estar dispuesto a que averigüe cualquier ente de control.

Luego de que se conoció que en los próximos días funcionarios de la Procuraduría visitarán la Adres para realizar la respectiva inspección, su director general respondió que ellos actúan con transparencia y celeridad, y que no retienen recursos del sistema para ninguno de los actores que hacen parte de él.

La respuesta la dio a través de un video publicado en Twitter, en el cual también aprovechó para decir que “la Adres es una institución que tiene las puertas abiertas para todos los organismos de control del Estado. Hemos tenido visitas permanentes de la Contraloría General de la República, ha abierto auditorías. Ahora anuncia visita igualmente la Procuraduría, estaremos gustosos de recibirlos como siempre, mostrando la transparencia y sobre todo la oportunidad en los pagos que hace la Adres”.

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En concreto, Félix León Martínez desestimó que se haya dado una supuesta irregularidad en el flujo de recursos que desde su entidad van a parar a las Eps, las cuales les pagan a los hospitales y las clínicas. Y que por el contrario, la “prioridad es el flujo acelerado de los recursos cuando ellos estén disponibles, en función de las posibilidades presupuestales, bienvenidas todas las agencias de control”.

Cuando en marzo de este año la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios del Ministerio de Salud y el Invima, la medida decía que como entidad ellos ya habían agotado todos los recursos para obtener una respuesta del Gobierno Nacional sobre el desabastecimiento.

Incluso, el ente afirmó que desde octubre de 2022 habían enviado comunicaciones a la entonces ministra y al jefe del Invima con solicitudes muy detalladas en cuanto a cómo iban a garantizar el suministro de medicamentos, mensajes que según la Sala Disciplinaria de Instrucción, fueron infructuosos.

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Para esos días, el Ministerio de Salud sentó su postura y aseveró que el fenómeno de la escasez de medicamentos no era nuevo, y que venía presentándose desde que empezó la pandemia por el covid-19. De hecho, añadió que como cartera actuaron de tal forma para superar los problemas de disponibilidad.

“Entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las Eps, las Ips, Asocoldro y organizaciones de s, en los que se adquirieron compromisos por parte de todos los actores incluyendo el reporte de datos al Ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos”. No obstante, el Ministerio aclaró que todos los gremios no generaron los reportes que habían acordado dar.

Con ello, el 15 de mayo, mientras la Procuraduría adelantaba las prácticas de prueba que ordenó en su indagación, desde Presidencia se informó que de acuerdo con una investigación de la Superintendencia de Salud se estableció que no hubo desabastecimiento de medicamentos a comienzos de este año.

Esa postura es una de las que también tendrá en cuenta la Sala al momento de decidir si con las pruebas recolectadas -y una vez se cumpla la inspección a la Adres- hay méritos para cerrar el proceso o avanzar abriendo una investigación formal.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49