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Entrevista
‘No pueden mancillar la imagen integral del programa de reforma agraria’: Felipe Harman, director de la ANT
El director de la Agencia Nacional de Tierras dice que no puede ‘reconocer ni desconocer’ cifra que señala informe de Procuraduría.
Presidente Gustavo Petro (er.) y el actual director de la ANT y exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman. Foto: Alcaldía de Villavicencio
En diálogo con EL TIEMPO, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), reconoce que tienen validez varios aspectos señalados por la Procuraduría en un informe en el que dice que están en riesgo 136.911 millones de pesos por presuntas irregularidades en la compra de tierras para la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro.
Harman, no obstante, advirtió que los hechos denunciados obedecen a la gestión de su antecesor, Gerardo Vega, quien salió de la entidad el pasado febrero.
¿Coincide con la Procuraduría al advertir que hay más de 136 mil millones de pesos en riesgo por operaciones de la reforma agraria?
Inmediatamente sale el informe nosotros reglamentamos el procedimiento de compra. Una de las observaciones del informe de la Procuraduría es que los grandes riesgos del procedimiento de compra era que habían cambiado 7 veces y eso es una realidad. Y no se encontraban reglamentados vía acto istrativo sino por parte del sistema de gestión de calidad. Eso generaba una doble interpretación de reglas claras alrededor de la viabilidad de los predios y era un riesgo institucional innecesario.
Hoy contamos con un procedimiento de compra, hoy no solamente hemos acatado sino salimos adelante sobre las observaciones de la Procuraduría.
Hoy contamos con un procedimiento de compra, hoy no solamente hemos acatado sino salimos adelante sobre las observaciones de la Procuraduría. Y eso nos permite dar un parte de confianza y ese vacío institucional que existía ya se enmendó y se encuentra de forma clara.
Ahora bien, definitivamente la suposición de riesgos asociados a una cuantía no podemos ni reconocer ni desconocer que sean esas las cifras. Lo que sí podemos hacer es que nosotros hemos notificado alrededor de 14 compras que a nuestro parecer contienen ciertas irregularidades. Las hemos presentado a los organismos de control, incluyendo a la Procuraduría y la Fiscalía, esperemos que se investiguen.
Entre las 14 compras denunciadas se encuentran los predios Cachorro, en Puerto Gaitán Meta, por 38 mil millones de pesos, y Santa Fe en Majagual-Sucre por 5 mil millones de pesos. También denunciamos un contrato con una firma de consultoría para estudios de títulos y la gestión de la venta de un predio en el municipio de Cumaribo, en el Vichada, en el que se exigía el 16 % del valor del mismo y nos llegó otra denuncia en la que se exigía un pago de 500 mil pesos para potenciales familias beneficiarias en un predio en Montería.
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto:Presidencia
La Procuraduría habla de 288 contratos de adquisición de predios para la reforma agraria. ¿Cuánto se ha pagado por esos predios?
Estamos ante la compra de predios más grande del Estado en la historia y necesitamos una auditoría externa que revise este tipo de pagos.
He ordenado como director de la Agencia Nacional de Tierras suspender cualquier tipo de pago a compras del 2023, e o incluso del 2024, hasta no revisar exhaustivamente cada expediente en términos de viabilidad, de condiciones técnicas, agropecuarias, y bueno, los demás componentes en términos de reforma agraria.
Lo pagado fue evidentemente lo obligado del año pasado, en el marco del presupuesto general del año pasado y bueno, en ese sentido mandamos un parte de tranquilidad sobre predios cuestionables, como Cachorros, solamente se ha pagado alrededor del 30% o predios como el de Majagual, que fue una situación bastante difícil no se ha pagado ni un sólo peso en aras de salvaguardar el patrimonio público.
Estamos ante la compra de predios más grande del Estado en la historia y necesitamos una auditoría externa que revise este tipo de pagos. Pero por lo pronto mandamos un parte de tranquilidad de que los casos en cuestión están suspendidos los pagos.
¿Cómo avanza la reforma agraria? ¿Cuáles son las cifras?
Las cifras del Gobierno son claras, nosotros hemos entregado en dos años alrededor de 93 mil hectáreas. Estas 93 mil hectáreas son derivadas de una ejecución para la vigencia 2024 de alrededor del 30%.
Las cifras del Gobierno son claras, nosotros hemos entregado en dos años alrededor de 93 mil hectáreas. Estas 93 mil hectáreas son derivadas de una ejecución para la vigencia 2024 de alrededor del 30%.
Lo pagado de ese 30% oscila en el 5 y 6 % en la medida en que pues se tiene que certificar todos los procesos de escrituración, de entrega material e incluso de parcelación para efectuar el pago a propietarios a quienes se les compró.
A pesar de que estas observaciones de la Procuraduría son importantes y van a mejorar mucho nuestros procedimientos, pues definitivamente no pueden mancillar la imagen integral del programa de reforma agraria, por el contrario creo que son más las que han salido bien, de forma oportuna, que las que tienen ciertos mantos de duda que nosotros mismos, bajo mi dirección, hemos puesto en conocimiento de los organismos de control.
Se ha hablado de presunta compra a testaferros en este proceso y otras irregularidades de carácter penal...
Nosotros hemos sido, en mi dirección, los primeros responsables en poner las denuncias.
En lo personal y en lo político me parece muy importante que la prensa esté pendiente en la vigilancia de los recursos públicos de la reforma agraria. Lo más importante es dar un mensaje de confianza y tranquilidad.
Mi dirección ha generado hoy 16 denuncias ante la Fiscalía en las que hemos identificado, incluso, a exfuncionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras envueltos en llamadas, o intermediaciones asociadas a temas de cobros. Todo esto lo tiene en conocimiento la Fiscalía, la Procuraduría y organismos de control. Pero nosotros hemos sido, en mi dirección, los primeros responsables en poner las denuncias. Hay algunos predios que han estado en situaciones críticas en materia de derechos humanos y seguridad.