Tras seis años, la reconstrucción de Mocoa ha sido su ‘segunda’ tragedia

Aunque han pasado seis años de una avalancha que dejó 336 personas muertas, 398 heridas, 77 desaparecidas y más de 22.000 damnificadas —según datos oficiales—, los habitantes de Mocoa, Putumayo, recuerdan vívidamente la noche de angustia que vivieron entre el 31 de marzo y el 1.º de abril de 2017.

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“Quedaron la casa nuestra y 4 casas más, lo demás se convirtió en rocas y árboles inmensos. Fue una noche de mucha angustia, de escuchar a gente gritando, pidiendo ayuda, cuando había relámpagos veía a la gente que venía bajando encima de árboles, incluso de rocas, pidiendo auxilio”, recuerda Soray-da Chindoy, lideresa del pueblo Inga, habitante de Mocoa y quien esa noche estaba con su esposo y sus dos hijos en su casa del barrio Los Laureles, ubicado detrás de la cárcel municipal, que desapareció por completo.

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El dolor para ella y el resto de habitantes de Mocoa sigue latente, y la angustia no termina porque pese al tiempo transcurrido, las obras de mitigación para evitar el desbordamiento de los ríos, y con ello una nueva tragedia, no están listas, como tampoco lo están la mayoría de las obras de reconstrucción que el Gobierno Nacional prometió para este municipio amazónico.

A marzo de 2023 hay obras que ni siquiera han comenzado, algunas están avanzadas pero paralizadas; otras están prácticamente listas, como el megacolegio, que no se ha podido entregar porque no le construyeron un sistema de alcantarillado idóneo. Solo la primera parte de las viviendas está lista y fue entregada también la obra de mejoramiento del acueducto, aunque con cuatro años de retraso.

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Ese es el balance de los órganos de control y que llevó al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, a afirmar, en febrero, que la segunda tragedia de Mocoa ha sido su reconstrucción.

Balances de la Contraloría y la Procuraduría evidencian que no obstante los avances, la reconstrucción de Mocoa tiene un retraso general de 36 meses, pues según el cronograma inicial, esta comenzaba en julio de 2017 y debía terminar en marzo de 2020.

Lo único que está hecho es la reconstrucción y mejoramiento del sistema de acueducto, que aunque estaba presupuestado para ejecutarse entre junio de 2017 y junio de 2018, se terminó en septiembre del año pasado.

Sobre este, la Contraloría abrió en febrero un proceso de responsabilidad fiscal por 21.000 millones de pesos por incumplimiento del contrato.

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Por su parte, la Procuraduría ha llamado la atención por fallas en la prestación del servicio porque la bocatoma Palmeras, en el río Mulato, fuente principal de captación del sistema, está fuera de servicio, dijo Tatiana Oñate Acosta, procuradora delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.

Así mismo, a la Defensoría le preocupa que, tras seis años, Mocoa siga sin un acueducto que brinde un servicio permanente, pese a una inversión de más de 25.000 millones de pesos.

El resto de obras no están terminadas. Por ejemplo, de 1.209 viviendas solo se han entregado 300, pero hay 909 en el proyecto de vivienda Sauces II que no van ni en el 30 por ciento, según la Contraloría. Con el agravante, destacó la lideresa Chindoy, de que hasta en el pago de arrendamientos para quienes no han recibido su casa hay atrasos.

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Además, aunque el valor inicial para las 1.209 casas era de 71.292’970.880 pesos, a abril de 2017, el valor estimado actual sería de 90.900’000.000 de pesos, según cálculos de la Contraloría.

Frente al aumento de los costos, la procuradora Oñate explicó que lo que han conocido es que la construcción ha pasado por un contexto complejo en el que se sumaron la pandemia, la inflación y hasta la guerra en Ucrania, “todo esto ha hecho que los costos previstos estén altamente superados y eso ha llevado a que el contratista manifieste la complejidad para terminar las casas”, comentó.

Aunque el contralor delegado para Infraestructura, Luis Fernando Mejía, explicó que esas casas debían estar listas en marzo de 2020, es decir, antes de los efectos del covid-19, la guerra y la inflación.

Otra obra bastante atrasada es la construcción de una nueva plaza de mercado, que solo va en el 9 por ciento de avance, según la Contraloría, y aunque su valor inicial era de 6.000’000.000 y estaba prevista para terminarse en marzo de 2020, el valor estimado actual sería de unos 23.374’000.000.

La nueva cárcel de Mocoa –la anterior, que albergaba a unos 700 internos, quedó completamente destruida– es el proyecto con mayor atraso, los informes coinciden en que su avance es del cero por ciento y ni siquiera tiene los diseños listos.

“El tema carcelario también es un dolor de cabeza para los mocoanos porque la istración municipal y la UNGRD aún no han logrado adquirir un nuevo predio para la nueva cárcel de mediana seguridad en Mocoa. Actualmente, es la única capital de departamento que no cuenta con un establecimiento carcelario. Esta situación ha traído serios contratiempos de carácter social, istrativo y judicial”, dijo la Defensoría.

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En cuanto al hospital, la Contraloría señala que estaba prevista una ampliación y mejoramiento del Hospital José María Hernández entre enero de 2018 y marzo de 2020, la primera fase del proyecto se terminó en agosto de ese año, pero la segunda apenas va en un 60 por ciento.

Y un caso paradójico es el del megacolegio, el cual, de acuerdo con la Procuraduría, ha tenido una inversión de 11.194 millones de pesos para la construcción de 24 aulas para 960 alumnos. Aunque está en casi 100 por ciento, no ha podido ponerse en operación porque faltan las obras de interconexión del alcantarillado, las cuales dependen del proyecto de viviendas Sauces II, del cual solo se ha avanzado en 12 de 909 casas en total.

Los retrasos que más alertan a los órganos de control son los que hay en las obras de mitigación, que son críticas para prevenir que una nueva tragedia vuelva a arrasar con el municipio.

“Puede haber colegio, plaza de mercado, hospital, de todo, pero si no arreglamos el río, el riesgo continúa”, expresó el contralor Mejía, quien añadió que esperan que ese riesgo, que sigue latente, no se materialice.

La procuradora Oñate agregó que en una reconstrucción se debe velar por dos puntos fundamentales, el primero, que se prevenga una nueva emergencia o que si esta se da, su impacto en la población sea menor; y el segundo, que se restablezcan las condiciones de vida de los afectados. En Mocoa no ha sucedido ninguno de los dos.

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“El riesgo se ha atenuado, pero puede volver a aumentar si no hay una culminación del 100 por ciento de todas las obras, tanto en la cuenca baja como media y alta de los afluentes. Mientras las obras no se culminen, el riesgo que se busca prevenir sigue existiendo”, expuso.

Según el seguimiento que ha hecho la Contraloría, el avance en obras de mitigación en el río Mulato es del 40 por ciento, en el río Sangoyaco y la quebrada Taruca, del 50 por ciento en cada uno, y en el río Mocoa, del 85 por ciento. Estos fueron los afluentes que en 2017 se desbordaron, afectando 48 barrios de Mocoa.

Un lío adicional es el que advierten desde el municipio colectivos como Ríos y Reconciliación, a quienes les preocupa que las intervenciones no se estén haciendo correctamente. Constanza Carvajal Vargas, integrante de ese colectivo y habitante de Mocoa, señala que la participación de la ciudadanía en el proceso de reconstrucción ha sido marginal y que el cemento que se les ha puesto a los ríos para intentar “domarlos” podría no ser lo mejor, teniendo en cuenta que este es un municipio en el piedemonte amazónico. Además, advirtió que la gente sigue con miedo.

“Cuando llueve muy duro hay temor y la gente sale de sus casas a refugiarse donde otros familiares o sale a ciertos espacios. Hay un temor permanente, no hay tranquilidad para dormir cuando llueve muy fuerte”, señaló.

Diana Cuayal, lideresa ambiental de Putumayo, puso sobre la mesa otra deuda que sienten en estos seis años: a la verdad, entre otras cosas, sobre los desaparecidos y sobre si hay alguna responsabilidad de alguna autoridad estatal o de terceros. Aunque desde 2017 la Fiscalía imputó a la exgobernadora de Putumayo Sorrel Aroca, por el homicidio culposo de 336 personas, al considerar que ella sabía del riesgo que existía para los habitantes del municipio, el juicio apenas comenzó.

Los reclamos de la comunidad y las advertencias de los órganos de control van en un mismo camino: en la reconstrucción de Mocoa ha faltado gestión, la cual está a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Todo está advertido, este es un tema de vida, esto fue muy grave y uno no ve una gestión para terminarlo”, señaló el contralor Mejía. La procuradora Oñate agregó que genera inquietud que se establezcan unas fechas y no se cumplan, “se están manteniendo los mismos errores de gestión ya alertados sin que se tomen correctivos de fondo. Vemos en Mocoa una gran desesperanza, son personas que durante 6 años han esperado una respuesta y ya no tienen confianza”.

Sobre los retrasos en la reconstrucción de Mocoa y las gestiones para terminarla, la UNGRD itió que ha habido varios errores, como no contar con la participación de las familias y dificultades en los procesos como el vencimiento de contratos y la falta de seguimiento por parte de la propia unidad.

“Podemos decir que la falta de planificación desde un comienzo, de control y seguimiento tiene hoy la mayoría de proyectos todavía en fase de ejecución”, respondió la Unidad, que dijo que “los errores en la planificación, seguimiento y control se están corrigiendo”.

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Frente a temas específicos, como las obras de mitigación, la Unidad dijo que estas padecieron desde un comienzo de diseños “que no eran amigables con el medioambiente”, que la mayoría no están tan avanzadas y no se han iniciado las de la cuenca alta. Al respecto, afirmaron que están evaluando las condiciones de todas para terminarlas.

Sobre el megacolegio, la Unidad indicó que con el consorcio constructor de Sauces II se ha hecho un acuerdo para terminar, “esperaríamos entre 3 y 4 semanas, el alcantarillado que falta para ponerlo al servicio”.

Y sobre las viviendas que faltan, la UNGRD afirmó que han hecho una revisión con la interventoría y “se han hecho unos compromisos para que en el presente año, antes de diciembre, las casas restantes sean construidas para las familias”.

Redacción Justicia

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