Más de 400 municipios de Colombia están en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales, alerta la Defensoría

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A esas se suman el Eln, que está en 232 municipios de 17 departamentos, en especial en Chocó, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Arauca; y la disidencia llamada ‘Segunda Marquetalia’, con presencia en 65 municipios de 16 departamentos, especialmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Finalmente, la Defensoría advirtió que hay grupos del crimen organizado, que son más locales, que hacen presencia en 184 municipios de 22 departamentos.

Todos estos grupos, dijo la entidad de derechos humanos, buscan el control territorial y poblacional para aumentar sus finanzas derivadas de economías ilícitas.

En el informe sobre la situación de derechos humanos, titulado ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’, la Defensoría sostuvo que desde el 2017 hasta la fecha se han emitido 312 alertas tempranas (AT) para 427 municipios y 22 áreas no municipalizadas en los 32 departamentos; tan solo en 2023 se emitieron 39 de esas alertas y en lo que va del 2024, se han emitido 13 alertas para 89 municipios y 15 áreas no municipalizadas de 18 departamentos.

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Según el documento, Antioquia, con 36 AT; Chocó (36); Valle del Cauca (35); Cauca (29), y Nariño (22), para un total de 158 alertas tempranas, son los departamentos más advertidos por riesgos para las poblaciones.

“En este estudio presentamos un panorama nacional de derechos humanos, basado en las labores de monitoreo, advertencia y seguimiento a los riesgos identificados por nuestro Sistema de Alertas Tempranas, a fin de visibilizar las lamentables realidades e impulsar las acciones del Estado para que sean mitigados y superados los escenarios advertidos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde Washington, Estados Unidos, donde dio a conocer el informe.

Según Camargo, en las AT emitidas desde 2017 se han hecho más de 500 recomendaciones al Gobierno Nacional y las entidades territoriales, y se han emitido 221 informes de seguimiento, reflejando un aumento de los escenarios de riesgo.

Según el organismo de derechos humanos, las conductas delictivas más advertidas han sido amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes; regulaciones a la movilidad, enfrentamientos armados con interposición de la población civil; minería ilegal y trata de personas.

Sobre las amenazas se indicó que esta conducta se ha advertido en son 303 AT, la mayoría en Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño. El desplazamiento forzado se ha advertido en 285 AT, la mayoría en Norte de Santander, Bolívar, Meta y Putumayo.

Por reclutamiento, uso y utilización de menores de edad hay 263 alertas, especialmente en Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

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En relación con las regulaciones a la movilidad, la entidad ha emitido 195 alertas tempranas, la mayoría en Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño; sobre enfrentamientos con interposición de la población civil, se registran 192 AT, especialmente en Cauca, Chocó y Nariño; por minería ilegal hay 115 alertas tempranas, sobre todo en Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, y por trata de personas son 47 AT, la mayoría en Norte de Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Risaralda y Chocó. 

En la presentación del documento el defensor Camargo concluyó con un llamado para que se atienda las dinámicas del conflicto y las principales acciones violentas que vulneran los derechos humanos, “la realidad humanitaria, en blanco y negro, es desconsoladora y cruda, no puede ser ignorada por la institucionalidad gubernamental”, señaló.

Camargo reiteró su llamado porque haya una respuesta institucional que permita proteger a las comunidades, “con la acción de las fuerzas de seguridad estatales y el trabajo armónico con las entidades territoriales, para que los derechos fundamentales, como a la vida e integridad de la población civil, sean protegidos en cualquier lugar del país”, concluyó.


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