María del Pilar Hurtado llegó a la dirección del Departamento istrativo de Seguridad DAS en agosto de 2007, cuando reemplazó a Andrés Peñate, quien ocupó también ese cargo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Hurtado estuvo al mando del DAS hasta octubre del 2008, cuando estalló por primera vez el escándalo de las interceptaciones ilegales que se estaban realizando desde la institución.
En esa época, cuando Hurtado fue citada ante la Corte Suprema, negó que sus detectives estuvieran realizando esos seguimientos.
Sin embargo, en el año 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó a ella a 14 años de prisión por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales a magistrados y políticos de la oposición durante el gobierno de Uribe.
El fallo de ese entonces, en el que hubo unanimidad de la Sala Penal y que fue leído por Fernando Castro, los magistrados consideraron en que tanto ella, como el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, impartieron órdenes ilegales, cuyo cumplimiento significó actividades “arbitrarias, abusivas e injustas”.
Así se estableció al documentar los casos en los que hubo seguimientos, como en los realizados a magistrados de la Corte Suprema, entre ellos al entonces presidente César Julio Valencia Copete; a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro (hoy alcalde Bogotá), al periodista Daniel Coronell, al abogado Ramiro Bejarano y a la excongresista Yidis Medina.
Cinco años antes de que se conociera su condena, en el 2010, María del Pilar se fue de Colombia hacia Panamá en donde consiguió un asilo. Se convirtió en la primera funcionaria en inaugurar la práctica de eludir la justicia huyendo al exterior.
En ese país se casó con el colombiano Horacio José Arteaga y estuvo hasta comienzos del 2015. Se entregó a las autoridades de ese país cuando se le cerraron todos los caminos, luego de que en el 2014 la Corte panameña le quitara el asilo territorial que la había mantenido protegida en ese país y también después de que Interpol emitiera una circular roja que ordenaba su captura internacional.
Fue así como el 31 de enero de 2015, después de haber estado prófuga de la justicia por 4 años, volvió a Colombia acompañada del director del CTI, quien la recogió en Ciudad de Panamá, y se presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá en donde se legalizó su detención.
Luego de que se emitió su condena se ha encontrado recluida en la unidad militar del norte de Bogotá. Los delitos por los cuales la condenaron fueron violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La trayectoria de Hurtado
María del Pilar Hurtado, abogada, se graduó con honores de la Universidad de Los Andes. Hizo parte de la istración de Enrique Peñalosa en Bogotá, en donde trabajó como secretaria general y luego fue nombrada como directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).
Después se desempeñó como asesora de Andrés Camargo en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Mientras trabajó en la Alcaldía, no mostró interés por la política. Se convirtió en una de las funcionarias destacadas del Distrito que fue reclutada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Como asesora de la Secretaría General de la Presidencia, en febrero del 2003, sobrevivió al atentado contra el club El Nogal.
Les pidió perdón a las víctimas
En octubre de 2021, Hurtado emitió una carta titulada ‘excusas públicas’, en la que asegura que quiere “pedir disculpas públicas a todas las víctimas que fueron reconocidas” en el proceso penal que se adelantó en su contra y las enumeró.
Se trata de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008; Piedad Córdoba, Ramiro Bejarano, Cesar Julio Valencia Copete, Gustavo Petro y Daniel Coronell.
“Estas disculpas se suman a la ofrecida, junto a Bernardo Moreno (exsecretario de Presidencia), a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017”, dice la carta.
“Además de atender a la decisión de la H. CSJ, entiendo que el perdón, como su nombre lo indica, es un don, un acto libre e incondicional y en este caso nacen de mi convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional”.
En la misiva, la exdirectora del DAS afirma que desea continuar con su proceso de resocialización que, dijo, no se ha limitado a cumplir con la pena impuesta en su contra por las chuzadas de las que fueron víctimas periodistas, senadores, opositores y magistrados durante el Gobierno de Uribe.
Según dijo, durante su tiempo en prisión ha tomado parte activa en la reparación de daños “pagando la totalidad de las multas que me fueron impuestas; haciendo trabajo penitenciario para redención, donde mi conducta ha sido calificada como ejemplar; realizando cursos certificados, de los cuales no pedí redención de pena respectando las normas sobre la materia, pero que hice con la firme convicción de contribuir al proceso de resocialización que caracteriza a la pena de prisión; y con la petición de disculpas públicas a las personas antes mencionadas”.
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