Las menciones del informe trimestral de Naciones Unidas al trabajo de la JEP: La Escombrera, imputaciones e inclusión de pueblos étnicos, los ejes

El más reciente informe trimestral de cumplimiento de los acuerdos de paz, publicado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas, le echó flores a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Contrario a las críticas que ha recibido el tribunal por cuenta de algunos sectores políticos, incluyendo las extintas Farc, la ONU aseguró que está cumpliendo con su mandato y destacó su labor como pieza fundamental de la construcción de paz a largo plazo en el país.

(También le puede interesar: Atención: Procuraduría pide a la Anla reanudar las operaciones del Muelle 13 de Buenaventura)

Entre los hechos en los que sustentó esta evaluación, desarrollados por la Jurisdicción en los últimos tres meses, hizo mención especial a la audiencia de reconocimiento del caso 01 sobre secuestros, el pasado 25 y 26 de noviembre en Cali. 

“Durante el encuentro, siete del 'Bloque Occidental' de las antiguas Farc-EP reconocieron ante las víctimas y la sociedad colombiana su responsabilidad en secuestros y otros delitos graves cometidos durante cautiverio", dicta el informe.

También destacaron los avances en los 11 macrocasos y el histórico auto de imputaciones al antiguo secretariado por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la violencia sexual intrafilas.

(Lea además: Exclusivo: habla el operador privado que istra un área de La Escombrera y La Arenera)

En este camino recorrido, subrayaron los casos que ya se encuentran en etapa de juicio en el Tribunal de Paz, a un paso de la primera e histórica sentencia, con la que se impondrán las sanciones propias. Este fallo representa una de las etapas finales del sistema de justicia transicional, con el cual se busca resolver la situación jurídica de los firmantes y de la Fuerza Pública vinculados a graves crímenes durante el conflicto.

Algunos de estos procesos como el subcaso Costa Caribe del macrocaso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, delito por el que el Tribunal de Paz ratificó la imputación a 12 exmilitares considerados máximos responsables de 135 'falsos positivos'.

En su decisión, esta instancia "incluyó nuevas imputaciones por tortura y persecución”, resaltó Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

(Complemente su lectura: Las irregularidades por más de 5 mil millones de pesos que halló la Contraloría en la Superintendencia de Salud)

En la otra orilla, por la vía adversarial, Naciones Unidas aplaudió los avances de las acusaciones y el juicio que adelanta la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP, en contra del coronel (r) Publio Mejía.

“Hay 14 personas que no han reconocido su responsabilidad y, por tanto, han sido remitidas al proceso adversarial, entre ellas el General Mario Montoya, excomandante del Ejército, por presuntos crímenes que se produjeron mientras era comandante de brigada en el departamento de Antioquia”, dicta el documento.

El hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera también estuvo presente en el balance. Según Guterres, este hito fue posible gracias a que "el lugar estaba protegido por medidas cautelares ordenadas por la JEP a solicitud de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, que han sostenido durante más de dos décadas que este sitio fue utilizado en relación con las desapariciones forzadas".

La última mención a la JEP en el informe tiene que ver con el enfoque étnico y diferencial que la Jurisdicción ha adoptado en la participación de las víctimas.

(Otras notas: Gobierno financiará la matrícula universitaria de centenares de mujeres privadas de la libertad)

“Hasta el 24 de diciembre, un total de 1.051 víctimas de origen étnico y 209 colectivos habían sido acreditados este año en los casos ante la Jurisdicción Especial”, reveló.

El próximo 22 de enero, el compendio de observaciones será presentado en Nueva York por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Redacción Justicia