La Procuraduría se mete en la negociación para la ampliación de la Autopista Norte: lideró una mesa de trabajo

El proyecto de ampliación de la Autopista Norte ha sido blanco de un fuerte rifirrafe entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Mientras en un lado priorizan la necesidad de este corredor vial para mejorar la movilidad de este punto de entrada y salida de la capital, desde el ministerio de Ambiente ponen un tatequieto por el lado de la conservación de los ecosistemas presentes en la zona. 

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Ahora la Procuraduría mediará esta discusión. Por esta razón convocó a una reunión con las autoridades nacionales, distritales y representantes de la concesionaria s Norte, que es la que adelanta la obra, para discutir los compromisos relacionados con el proyecto. 

En enero de este año la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite de licenciamiento ambiental porque, según la entidad, el estudio de impacto presentó deficiencias técnicas. "El proyecto, estructurado por la ANI, que pretende ampliar la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, no incluyó el análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral, ecosistemas de importancia internacional", puntualizaron desde la Autoridad. 

Este paso es imprescindible para dar continuidad al proyecto. Por esta razón, desde la Alcaldía avanzan en la modificación del estudio para que, acorde al cronograma, se entregue a finales de noviembre. 

Para el procurador delgado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, quien ha acompañado el curso de este proceso, lo que se busca es "garantizar la funcionalidad ecosistémica y biodiversidad de estos espacios de importancia internacional". 

Otro punto que se suma a esta preocupación y que se reveló en esta temporada de lluvias es la necesidad de que la obra esté adaptada a las condiciones climáticas actuales de la ciudad. A mediados de noviembre, dos días de fuertes granizadas inundaron esta carretera producto de la acumulación de agua en los humedales aledaños. Por lo que las soluciones que se planteen deben tener en cuenta estas predisposiciones geográficas y el respeto por la riqueza ambiental de la Sabana de Bogotá. 

En la mesa de trabajo liderada por la Procuraduría el pasado 19 de noviembre, las autoridades distritales sentaron su compromiso de entregar nuevamente la solicitud para licencia ambiental antes de finalizar el año. La expectativa de todas las partes involucradas en el proyecto es obtener su aprobación para mediados de 2025, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento del cronograma. Siguiendo el plan establecido, el inicio de la obra estaría previsto para el próximo año y su entrega para 2029.

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El procurador delegado también reiteró el acompañamiento que ofrecerá la Procuraduría para sacar adelante este proyecto "de carácter estratégico para el desarrollo nacional". El Ministerio Público seguirá las discusiones técnicas y ambientales para ayudar a encontrar el punto medio acorde a los intereses de los ciudadanos. 

SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia