Fiscalía acusa a dragoneante del Inpec por secuestro de Jineth Bedoya

Por su presunta participación en los hechos de violencia contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos el 25 de mayo del 2000, la Fiscalía General de la Nación acusó al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Marco Javier Morantes Pico. El hombre es señalado como presunto responsable de secuestro simple agravado.

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En la investigación del ente acusador se constató que Bedoya llegó a la cárcel La Modelo de Bogotá para hacer una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, un exparamilitar; y en la puerta del centro penitenciario fue atendida por Morantes, quien estaba encargado del filtro de y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora.

Aunque el dragoneante le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada, según la invesitgación, esa boleta no existía y la demora estaría pensada para que la víctima quedara sola, momento en el que fue abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro a una bodega en donde Bedoya Lima fue retenida, torturada y abusada sexualmente.

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Luego de la retención en la bodega, un grupo de personas trasladó a la periodista a Villavicencio (Meta), donde fue abandonada en vía pública.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos estableció que esta acción fue planeada por exintegrantes de las Auc y narcotraficantes que estaban privados de la libertad, con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública y del Inpec. 

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Esas personas, determinó el ente acusador, actuaron en retaliación por las publicaciones que hacía la periodista denunciando hechos criminales, como tráfico de armas y enfrentamientos a sangre y fuego entre patios de guerrillas y de paramilitares, que ocurrían dentro del establecimiento carcelario.

En la resolución de acusación contra Marco Javier Morantes Pico se confirma la medida no privativa de la libertad en su contra y se oficia a Migración Colombia y a otras autoridades para garantizar que no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales. Este proceso se sigue de acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

El 18 de octubre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el secuestro, tortura y abuso sexual del que fue víctima la periodista Bedoya.

En una sentencia histórica que abordó los riesgos para las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, el tribunal internacional dijo que había indicios “graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en los hechos contra la periodista, y que los eventos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia.

Uno de los hechos que resalta la condena es precisamente la demora a la hora de permitir el de la periodista a la cárcel La Modelo, “junto con la extraña actitud del guardia de la entrada, quien habría dejado en la puerta a la señora Bedoya sola al momento del secuestro, pese a que tenía noticia de su visita”.

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