Informe revela grave situación de los migrantes en frontera con Ecuador

La ONG Care Colombia publicó este jueves un informe que da cuenta de las situaciones que bien a diario las mujeres de origen venezolano que están ubicadas en las poblaciones fronterizas con de Ipiales y Pasto, así como en en Ibarra y Tulcán en Ecuador.

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Se trata especialmente de casos de explotación laboral, discriminación, inseguridad, falta de a educación, salud, alimentos y agua; violencia basada en género, física y sexual, y trata de personas.

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El informe se llama “Análisis Rápido de Género Care 2021” y se realizó con financiación de la Agencia sa de Desarrollo con la intención de medir, de manera diferenciada y por género, los impactos de la crisis humanitaria y los cambios generados por la pandemia en mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y personas Lgtbiq+ “en situación de movilidad humana (y) de origen venezolano en las poblaciones de Ipiales y Pasto (Colombia); e Ibarra y Tulcán (Ecuador)”.

El informe dice que en el caso de Ipiales y Pasto, alrededor del 90 por ciento de las personas venezolanas están en condiciones de irregularidad, “lo que obstaculiza el a condiciones laborales dignas; subsidios para servicios públicos, educación y salud”.

Y, ya en Ecuador, “la situación se agrava ya que las personas venezolanas requieren de una visa y pasaporte vigente, lo que restringe aún más la posibilidad de regular su situación migratoria, excepto en caso de refugio”.

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En un comunicado de prensa, Care Colombia explicó que se propuso una agenda trasfronteriza con la intención de mejorar las condiciones básicas de las mujeres venezolanas que están migrando. Por ejemplo, crear más albergues, “una moratoria migratoria o un mecanismo que facilite la regularización de ellas y sus familias, protección especial frente a la presencia de grupos armados y bandas de crimen transnacional que violenta sus vidas, refugio para personas cuya vida está en riesgo, entre otras”.

“Buscamos hacer un llamado a los gobiernos y entes territoriales a la priorización de mecanismos de protección y de mitigación de impactos de la VBG para la población migrante y refugiada así como el escalamiento de protocolos que sigan promoviendo la regularización y que favorezcan una integración social segura”, dijo Catalina Vargas, vocera de Care Colombia.

En cuanto a la explotación laboral, en Ipiales y Pasto el estudio identificó que las personas venezolanas reciben la mitad de ingresos en relación a las personas colombianas: 8 dólares por 10 horas de trabajo frente 18 dólares que recibe la población local por el mismo tiempo (en pesos).

Y las personas venezolanas que residen en Ibarra y Tulcán dijeron ganar en promedio 200 dólares mensuales, “lo que equivale a la mitad del salario mínimo en Ecuador por un trabajo diario de 11 a 14 horas”.

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Un elemento clave es que el 100 por ciento de las mujeres entrevistadas para este estudio manifestaron haber sido víctimas de acoso en la calle y/o violencia sexual.

Igualmente, el 100 por ciento de los hombres y mujeres que participaron en el estudio manifestaron que se sienten desprotegidos. “Esta situación se agudiza en las personas Lgbtiq+ que sufren una doble discriminación. El estudio da cuenta que el 55 por ciento de las personas venezolanas consultadas han experimentado algún tipo de discriminación, siendo la discriminación por nacionalidad la forma más recurrente”, indicó la ONG.

Sobre el a la salud sexual y reproductiva, el informe recoge datos de la Organización Internacional para las Migraciones para decir que “apenas el 38% de las mujeres y 26% de los hombres venezolanos encuestados en Ecuador ha tenido a servicios de salud sexual y reproductiva durante el último año”.

Por ello, Care Colombia propuso que “se garantice el a métodos anticonceptivos gratuitos y modernos para la prevención de embarazos no deseados y prevención de ITS, con énfasis en adolescentes. Además, garantizar la aplicación de la norma técnica para la atención integral a las sobrevivientes de violencia sexual y fortalecer la red de salud pública para la atención oportuna en la población refugiada, hacen partes de las recomendaciones de esta agenda transfronteriza”.

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