Imputan al exgobernador de Magdalena, Omar Díazgranados, por presunta corrupción

Caso se relaciona con un contrato relacionado con el servicios de aseo en colegios del departamento.

Omar Díazgranados, exgobernador de Magdalena. Foto: Toma de video Fiscalía

PERIODISTA JUDICIAL20.01.2024 09:35 Actualizado: 20.01.2024 09:36

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En la mañana de este sábado, la Fiscalía General de la Nación informó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez (2008-2011), como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

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De acuerdo con un comunicado de la entidad, el exmandatario habría dirigido un proceso contractual que generó la pérdida de más de 2.610 millones de pesos.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que, en medio de nueve grandes irregularidades, el exmandatario dirigió y permitió la celebración, ejecución y liquidación de un contrato y una adición que tenían por objeto garantizar la prestación de servicios istrativos y de aseo en los colegios del departamento, entre agosto de 2009 y abril de 2010”, señaló la Fiscalía.

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Las incongruencias, según la Fiscalía, se centran en la ejecución de actividades y la asignación de recursos públicos, según revela el informe. En primer lugar, se destaca la falta de justificación para la fijación de un plazo inicial de seis meses en los estudios previos, sin explicación alguna sobre la necesidad de contratación para cubrir las instituciones educativas.

#ATENCIÓN | Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de #Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. pic.twitter.com/7kyG76fLdo
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 20, 2024

“Se acreditó que no se hizo una adecuada evaluación de la propuesta de la empresa que resultó adjudicataria y se dejaron de considerar en este trámite algunos requisitos del pliego de condiciones, y aun así se suscribió el contrato. Posteriormente, fue otorgada una adición que aumentó 2 meses y 20 días el tiempo de ejecución, e incrementó el presupuesto de 6.980 millones de pesos a 10.328 millones de pesos. Estas ampliaciones también se hicieron sin justificación alguna”, señaló la Fiscalía.

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De otra parte, explicó el ente acusador que el contrato “fue liquidado y se pagaron los valores que estaban pendientes de cumplimiento, según lo advertido por el supervisor, al haber sido contratados los servicios de 872 operarios, pero solo se utilizaron 831”. A esto se suma que, en los documentos presentados para soportar la ejecución efectiva, aparece contratado mayor personal al que verdaderamente fue empleado en los planteles.

“De esta manera figuran secretarias, aseadoras, auxiliares, bibliotecarias y guardas de seguridad que nunca tuvieron vínculo laboral”, explicó la Fiscalía.

Finalmente, los investigadores y peritos contables del CTI detectaron que el entonces gobernador de Magdalena habría permitido que la empresa contratista “se apropiara de 2.610 millones de pesos que hacían parte del erario. 2.223 millones de pesos corresponderían a sobreestimación, sumas que el departamento fijó por encima de los valores reales” establecidos en el momento; y más de 387 millones de pesos serían pagos por 41 operarios que nunca fueron contratados.

La Fiscalía consideró que Díazgranados Velázquez, en su condición de mandatario, presuntamente faltó a los deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los dineros públicos al permitir el trámite, celebración y liquidación del contrato y la adición objeto de investigación.

Redacción Justicia

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