Hidroituango: Ramos y Salazar, entre nuevas imputaciones que hará Fiscalía

Luego de concentrar las líneas investigativas abiertas por las posibles irregularidades en la contratación y manejo de Hidroituango en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía anunció que hará varias imputaciones por estos hechos en contra de nueve personas, entre exfuncionarios y particulares.

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Entre las personas que serán imputadas están el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

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Según informó la Fiscalía, luego de valorar la evidencia técnica y los elementos probatorios obtenidos se encontraron méritos suficientes para solicitar audiencias de imputación.

En primer lugar, el ente acusador imputará cargos a varias personas por presunta contratación directa, por un contrato suscrito el 30 de marzo de 2011 entre Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP para la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica.

En este caso, señala el ente acusador, la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) participaron directamente en la celebración y tramite del contrato, que fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).

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Para el ente acusador, esto habría vulnerado principios esenciales de la contratación por lo que imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del Idea, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al exgerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.

De otro lado, se imputarán cargos por la licencia ambiental para la desviación temporal del río Cauca. En este caso, en junio de 2015, EPM ESP inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel sin tramitar u obtener previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental, como lo exigía en ese momento el Ministerio de Ambiente.

Según la investigación, "con información presuntamente falsa fue radicada una primera petición de ampliación ante la Anla el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada", dijo el ente acusador.

En este caso, la Fiscalía estableció que presuntamente se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos falsos porque, al parecer, "se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental".

Por ese motivo se imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM ESP y apoderado de Hidroituango SA ESP ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía, y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.

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