Reversazo del Gobierno en 'mico' contra la prensa; sigue alerta de censura

De nuevo, el Ministerio de Justicia está envuelto en el debate público por una propuesta de cambios normativos, esta vez para obligar a medios de comunicación a publicar informes sobre la humanización de la política criminal, contenidos que además tendrían que ser aprobados por el Consejo Superior de Política Criminal antes de su salida al aire.

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Ante las denuncias de lo que diversos sectores consideran como un intento de censura, el Ministerio anunció un cambio en la redacción del polémico artículo incluido en un proyecto de ley para la humanización del sistema penitenciario y el deshacinamiento de los centros de detención en el país, todo enmarcado en la estrategia de la llamada paz total.

Puntualmente, el apartado del escándalo era una adición al Código Penitenciario y Carcelario que señalaba: "La prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programas de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa".

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La propuesta continuaba diciendo: "Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos".

Esto, en la práctica, establecería una obligación de publicar contenidos que, además, serían previamente revisados por un organismo público, mandato que va en contra de la Constitución y las leyes que proscriben la censura y protegen la libertad de prensa. 

Al respecto, el Ministerio de Justicia informó que "las voces de todos los sectores de la sociedad, incluida la de los medios de comunicación, será tenida en cuenta y escuchada como parte del respeto a la libertad de prensa".

Según la cartera, como parte de las recomendaciones que ya han recibido, se cambió el verbo "deberán" por el de "podrán", modificación que ya está contemplada en la última versión del proyecto de ley, que sigue en construcción.

Así las cosas, según respondió el ministerio, en la actualidad el artículo mencionado quedó así: "A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política Criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el Gobierno nacional".

Este último aparte, del Consejo de Política Criminal con la posibilidad de conceptuar sobre contenidos, sigue generando debate, pues en la práctica implicaría una censura previa. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que "los medios podrán, si quieren, publicar los contenidos y, si quieren, podrán contar con el Consejo de Política Criminal para mirar en qué sentido los elaboran, contar con su colaboración". 

La redacción de la nueva propuesta, sin embargo, abre espacio a las interpretaciones y  generando la alerta sobre la censura previa. 

Finalmente, la entidad sostuvo que con este artículo se busca el apoyo desde los medios de comunicación a la sentencia de la Corte Constitucional T-762 de 2015, "que ordenó una campaña de concientización para que la ciudadanía en general comprenda para qué es el derecho penal y cuáles son sus finalidades constitucionales".

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