‘Francisco Luis Correa era la única persona que había hablado’: Bernate, defensa del caso Pecci

Tras el asesinato del testigo estrella del caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el viernes 3 de enero, el apoderado de la familia, Francisco Bernate, descartó la hipótesis de una riña y afirmó que se trató de una retaliación.

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En diálogo con EL TIEMPO, dijo que Francisco Luis Correa, quien fue atacado con arma blanco en su celda, era el único que había prendido el ventilador. No solo señaló a los autores materiales, también a alias El Chino, alias Tío Rico y al expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Asimismo, pidió que se abriera una investigación sobre la narrativa difundida en redes sociales por la tercera implicada, Margareth Chacón, quien ha denunciado un presunto constreñimiento por parte del Tribunal de Cartagena y ha desacreditado al fiscal Burgos y a Correa como testigo.

Francisco Luis Correa Galeano, desde el momento en que decide colaborar, señala a las siguientes personas. En primer lugar, a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, a quienes indica como las personas que lo aron y le entregaron alrededor de 1.200 millones de pesos para organizar este ataque sicarial. También señaló a Margareth Chacón, quien habría acompañado a los autores materiales en la ciudad de Cartagena y quien habría dispuesto la fecha límite para asesinar al fiscal Pecci. Los dos primeros hoy están condenados por la justicia como confesos estructuradores de este crimen, y la tercera, aunque no aceptó los cargos, fue condenada a una pena superior a los 30 años de prisión. Adicionalmente, en otras declaraciones involucró a alias 'El Chino', con quien habría interactuado en la ciudad de Bucaramanga y quien tiene relación con los hechos, así como a alias 'Tío Rico' y al expresidente paraguayo Horacio Cartes.

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Las razones de su traslado a La Picota las conocimos el viernes, cuando nos enteramos de su asesinato. Desconozco cuándo, cómo o por qué se dio.

Desde el principio hemos señalado la importancia de proteger a las víctimas y testigos. Puntualmente, hubo un incidente hace un mes, cuando el círculo de la señora Margareth Chacón Zúñiga recurrió a las redes sociales para señalar situaciones muy peligrosas, como que el Tribunal de Cartagena había estado impidiendo el derecho a la defensa, que el doctor Mario Burgos habría incurrido en irregularidades, y comenzó a generarse una narrativa en la que se intentaba hacer señalamientos contra Francisco Luis Correa. En ese momento, acudimos con la familia Pecci al Tribunal de Cartagena para manifestar nuestro rechazo a esta situación, que no solo era revictimizante, sino que además ponía en peligro a las víctimas y testigos. Creemos que se debe abrir una línea de investigación para determinar el vínculo entre toda esta narrativa y el resultado conocido el viernes.

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Sin duda. No fue un accidente, ni producto de una riña o algo habitual en una prisión. Nosotros creemos que se trató de una de dos situaciones: primero, una retaliación, porque Francisco Luis Correa Galeano fue la única persona que habría hablado; y segundo, que había otras personas interesadas en colaborar, y con esta muerte se les envió un mensaje muy claro para disuadirlos de hacerlo.

Ellos están condenados a 25 años de cárcel, son confesos estructuradores de este crimen y ya tienen su situación jurídica resuelta, pero no tienen ningún pendiente con la justicia colombiana.

Ella está condenada por un juzgado de Cartagena en primera instancia a 30 años de prisión y ha manifestado su intención de acudir a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es perfectamente válido. A lo largo del último mes, ella y su entorno se han dedicado a generar narrativas adversas a los jueces, al fiscal Burgos y al señor Correa, una narrativa que claramente no refleja la realidad. Entendemos el derecho a la defensa, pero no a desacreditar a jueces, fiscales y testigos, y hoy estamos lamentando esa situación.

Sí. Desde enero de 2023 fui convocado de urgencia a la Fiscalía, y nos informaron sobre algunas amenazas. Fui a la Unidad Nacional de Protección, que desatendió por completo esta situación hasta que, en junio de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU obligó a otorgarnos protección a mí y a mi familia. A mí me asignaron una persona de seguridad, pero mi familia está desprotegida. Hace un mes, en la ciudad donde resido, una persona fue secuestrada durante 10 minutos, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. En este momento estamos en una situación de peligro real, pero no hemos recibido ni una llamada ni un mensaje por parte de la UNP.

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Falta por revelar la autoría moral, es decir, quién dio la orden. Los señalamientos al capo y al expresidente se quedaron en palabras, ya que la justicia paraguaya no ha actuado de forma contundente frente al caso.

Redacción Justicia