Prostitución y oro ilegal: así es el pueblo minero que amenaza a los Farallones de Cali

El sitio frío y húmedo es un santuario ambiental. Tiene árboles de decenas de años, 1.100 especies de plantas, de las cuales unas 480 son orquídeas. Al fondo se escuchan corrientes de agua. Algunas muy sutiles y otras casi torrenciales. Más de una treintena de ríos nacen allí y abastecen a millones de personas en Cauca, Valle del Cauca y el Pacífico. Entre sus montañas habitan más de 750 tipos de especies animales, incluidas varias endémicas. Se extiende por casi 200.000 hectáreas y tiene la formación rocosa más joven de la cordillera occidental de los Andes, la misma que permite regular el clima en tiempos donde las temperaturas son extremas. Es un enclave llamado Farallones de Cali y está amenazado por la minería ilegal.

Lo que sucede en su parte alta con personas en una búsqueda frenética de oro, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, mantiene en alerta a las autoridades porque desde allí brota el agua con el que se abastece al menos al 30 por ciento de la población caleña.

La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre los altos niveles de mercurio y plomo en el río Felidia, que es un afluente del río Cali. Un estudio de la entidad en alianza con la Embajada de EE. UU. detectó niveles de 23 partes por millón (p. p. m.) o mg/kg, excediendo la referencia de la Normativa Canadiense y OMS (CCME, 1999), que establece el límite máximo en 0,1 a 0,17.

Eso coincide con los registros desde el 2015 que tiene Parques Nacionales Naturales sobre muestreos en varios afluentes de los Farallones. Para septiembre de 2022, de 13 puntos evaluados, solo tres no tuvieron registros de mercurio por encima de los límites internacionales; los otros oscilaron entre 0,75 a 17 mg/kg.

Lo más alarmante del reporte del Ministerio Público es que ya se detectan sedimentos de mercurio en alturas de 1.800 metros sobre el nivel del mar –Cali está a 1.018 metros–. Si bien Emcali –la empresa que presta el servicio de acueducto– emitió un comunicado informando que en la bocatoma de la Planta Río Cali no se encontraron muestras de mercurio y dio un “parte de tranquilidad a los s sobre la calidad del agua”, los líderes ambientales mantienen el llamado. “Aunque no hay reporte de contaminación de agua por mercurio en la parte baja, hay reportes de sedimentos que requieren atención, sobre todo por el riesgo que hay para la ciudadanía y la fauna. Las partículas expuestas generan un riesgo”, dice Robinson Galindo, director Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales.

Así funcionan los socavones en la montaña

En lo más alto de la montaña hay por lo menos 600 personas –aunque algunos estiman que habría 200 más– dedicadas a la actividad ilegal. Fuentes coinciden en que el número se ha multiplicado por 12 en menos de cinco años. En 2018, se contaban por 50.

La cantidad de personas que hay tiene perplejos a los habitantes y las autoridades, sobre todo porque a diario suben víveres y elementos para la explotación minera ilícita. Aunque la Fuerza Pública ha decomisado mulas, aún hay semovientes que son alquilados. Por solo un trayecto de subida o de bajada cobran 400.000 pesos; hace cinco años eran 80.000 pesos.

Con costales empacan y amarran los objetos a los animales. Carpas, palas, cables, cascos, tuercas, botas pantaneras, detector de metales, guadañas, motobombas y envases con mercurio, y víveres al por mayor, como aceite, arroz, sal y harina de maíz han sido encontrados en el equipaje improvisado.

El mercurio —llamado como azogue—< es comercializado a través de redes sociales y lo empacan entre la comida, desconociendo el alto riesgo que puede provocar para el cuerpo humano. Se vende por tarros de una libra o frascos pequeños de un gramo. Cada gramo en promedio cuesta entre 1.500 y 1.700 pesos. Es decir, un tarro de una libra ronda los 680.000 pesos.

Contrario a lo que sucede en otras zonas del país, desde el aire no se ven los grandes cráteres amarillos al borde de los ríos, sino espacios deforestados con cambuches de plásticos negros, grises y verdes que intentan camuflarse entre los árboles. Actualmente existen al menos cinco grandes socavones de donde se extrae oro. Tres afectan de forma directa al río Felidia y otros dos al río Pichindé, que terminan desembocando en el río Cali. Los mineros sacan provecho de un ecosistema frágil como el páramo para extraer, con mangueras, el agua de quebradas y ríos, y lavar las piedras o las amalgamas de mercurio y oro.

Las bocaminas llevan por nombre apodos o apellidos de quienes las descubrieron. El Feo, un hombre caucano que estaría muerto tras disputas por dinero y represalias; Los Martínez, por el apellido de mineros que serían parte de una familia de la zona; El Paisa, Juan Getial y Patequeso, apodos de lugareños. Solo en esta última hay al menos 70 campamentos improvisados.

Según cifras de Parques Nacionales Naturales, desde hace 15 años se han perdido al menos 700 hectáreas de vegetación del parque Farallones de Cali en la zona alta de forma directa, lo que podría ser equivalente a seis parques Simón Bolívar de Bogotá o a 23 estadios Metropolitano de Barranquilla. Pero el daño es mayor cuando se miran las afectaciones a las cuencas altas y medias de los ríos.

En el campamento cercano de la mina de Patequeso hay bastantes residuos. Botellas de whisky, bolsas de plástico y costales con piedras residuales con mercurio se ven. “Nosotros botamos la basura hacia una ladera que había y era muy difícil que eso se recogiera”, cuenta una mujer que trabajó allí. “Yo hacía de comer y a diario se movían muchos desechos”, dice.

En el sitio, las labores se distribuyen. El socavón tiene una apertura de unos dos metros de diámetro y una profundidad en línea recta de 90 metros. “Esa es la distancia a la que encontraron la línea blanca —es la veta de oro que se ve entre la roca y que indica que hay material a más profundidad—”, explica una fuente que pidió no ser citada por seguridad. De ahí se dividen cuatro caminos hacia arriba y hacia abajo, que tienen distancias de hasta 30 metros.

Ellos pican la roca y la pasan hacia los otros mineros que están afuera operando tambores cilíndricos con bolas de acero al manganeso para triturarlas, con el fin de reducir su tamaño. Esos aparatos, que pueden albergar hasta 50 kilogramos de material, tienen manivelas para ser accionadas como molinos y se les agrega agua y mercurio. Una tapa de mercurio es suficiente para el cometido. Al darles vuelta, el oro entra en o con el mercurio y se forma una amalgama. Se hacen tres turnos por día.

Después, con plásticos hacen una especie de poza en la que depositan la amalgama y lavan con agua y mercurio, sin importar el material que pueda contaminar los recursos hídricos.

Prostitución y negocios con oro ilegal en el páramo

Una particularidad de esos cambuches es que no hay comercio con dinero en efectivo; todo se hace a través del intercambio de oro. Una botella de licor puede costar hasta 3 gramos de oro, que en el mercado oficial equivaldría a 735.000 pesos y en el mercado informal —al que acceden los mineros ilegales y que muchas veces se da en las joyerías–, los 450.000 pesos.

El hecho de que habiten cientos de personas arriba significa que hay nuevas dinámicas sociales. No todos bajan a Cali u otros municipios. Las personas que han llegado a este lugar se quedan por largas temporadas y trabajan con organizaciones cada vez más estructuradas.

Habitantes de Peñas Blancas y de Pichindé —otra de las veredas— aseguran que en los cambuches permanecen “personas desconocidas de la región”. Y en eso coinciden las autoridades, quienes han indicado que hay mineros provenientes del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. “No se puede asegurar que hay de grupos indígenas”, señaló hace dos semanas la Policía de Cali cuando anunció la captura de diez personas que fueron sindicadas de pertenecer a una organización que habría sido liderada por alias Chito —al parecer capturado— y habría generado ganancias de hasta 28.000 millones de pesos desde 2021 con extracción ilegal del oro.

No obstante, los señalados niegan algún tipo de nexo. Este diario habló con ellos mientras estaban recluidos en el Centro de Aislamiento Transitorio de San Nicolás. “Yo ponía mis animales a trabajar y se los alquilaba a las personas, incluso a autoridades, pero no sabía que era para minería como ellos dicen”, asegura uno de los sindicados. “A mí me capturaron por tener mi negocio de joyería en el centro de Cali, pero no tengo nada que ver”, señala otro. Lo cierto es que hasta el momento enfrentan un proceso judicial por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño a los recursos naturales, ecocidio, maltrato animal y concierto para delinquir.

Algo que llama la atención en el lugar es la explotación sexual y prostitución en los campamentos. Este diario estableció que mujeres venezolanas y de varias regiones del país están subiendo por días hasta los cambuches para prestar servicios sexuales. Las autoridades han detenido a varias de ellas con preservativos, paños húmedos y bolsas pequeñas con gramos de oro en los caminos hacia las minas. Según varias fuentes, a esas mujeres les estarían pagando entre 5 y 7 gramos de oro por cada fin de semana, lo que les supondría hasta un poco más de un millón de pesos.

Otro de los asuntos no menores es que se han realizado pequeñas verbenas con alcohol y hasta campeonatos de fútbol. Incluso, hay versiones que indican que se han acomodado improvisadas galleras y se apuesta con oro, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La ‘guardia campesina’ y las disputas por la fiebre del oro

Si bien en redes sociales y entre las conversaciones de los pobladores se ha hablado que la estructura ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central —disidencias de las Farc— estaría detrás del control del territorio por la aparición de carteles con su logo en la zona, las autoridades no lo han establecido hasta el momento.

Lo que no ha pasado desapercibido es que hay una llamada nueva ‘guardia campesina’ que estaría ejerciendo supuesta “seguridad” y “control” en la zona media y alta de los Farallones. Estaría integrada por unas 30 personas y liderada por un campesino y una persona que dice ser indígena. Ellos aseguran que son “legales” y “constituidos”, e incluso que le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro aduciendo su “ancestralidad en la zona”.

Sin embargo, fuentes contrastadas por este diario aseguran que varios integrantes del grupo “no son oriundos de la región ni tienen territorios” y otros tendrían relación con las minas de la parte alta. “Se podría pensar que están detrás del control sobre las minas”, asegura una fuente. Este diario estableció que hacen reuniones en el sector de Casablanca, entre Quebradahonda y Peñas Blancas.

Fue en este sitio donde hace dos semanas capturaron a siete personas señaladas de hacer minería ilegal y afectar el ecosistema, y donde la mañana del 22 de junio de este año retuvieron a un grupo de 30 soldados del Ejército. Ese día, los militares adelantaron un operativo para decomisar seis mulas que serían usadas para la actividad ilícita, pero un grupo de mineros los rodeó y agredió con palos y piedras. Y les quemaron el equipaje de campaña y parte del armamento. Al instante se produjo un forcejeo, justo al frente de la tienda café de don Ferney, a unos 50 metros del puente amarillo sobre el río Pichindé. En hechos que aún no han sido establecidos, un hombre resultó muerto por un disparo: Wilmer Álvarez, un señalado minero oriundo de Suárez, Cauca.

Lo que se catalogó desde la voz oficial como otra de las varias asonadas de este año contra la Fuerza Pública dio cuenta de un panorama que aumentó tras la pandemia y al que —dicen los pobladores— se le ha dado la espalda.

La fiebre por el oro en esta zona aumenta con los meses. Quienes han subido hasta las minas y han logrado extraer material les comunican a sus familiares y conocidos que ahí está el éxito para sus negocios, lo que ha impulsado la llegada de más personas, incluidos menores de edad.

Pero también ha ocasionado múltiples disputas. Un minero, conocido con el alias de gato, quien era uno de los líderes de los mineros, terminó sin un ojo luego de que tuviera una pelea con el dueño de uno de los socavones. El enfrentamiento habría sido por dinero y control del elemento. Según cuentan fuentes, el sujeto habría tomado una motosierra y con el filo le atacó la cara.

Está claro que allí se ha configurado una nueva especie de ciudadela, con serios efectos territoriales y en el ambiente, no solo por la constante contaminación con mercurio por la fiebre del oro, sino por los residuos plásticos y químicos y la deforestación. Hoy, el lugar de donde nace el agua, la vida misma, clama su protección.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO - Farallones de Cali (Colombia)

[email protected]

Nota: Este reportaje fue publicado el 30 de noviembre de 2023. Casi un mes después, el 20 de diciembre, las autoridades del gobierno del presidente Gustavo Petro desarrollaron una operación contra la minería ilegal en los Farallones de Cali y confirmaron lo que se reveló en primicia en este trabajo.

Así lo registró este diario: /justicia/investigacion/farallones-de-cali-detalles-de-la-operacion-contra-mineria-ilegal-de-oro-837287

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