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Tapia busca acumular en preacuerdo responsabilidad por Centros Poblados y Emcali
Aunque no hay nada firme, el contratista armaría un solo paquete para acordar en estos escándalos.
Emilio Tapia empezó a rendir indagatoria en busca de beneficios. Fiscalía cruza datos con los de Juan J. Laverde. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO
Eduard Alirio Calderón, director de la delegada contra la Corrupción de la Fiscalía, es uno de los funcionarios que lleva el caso de Centros Poblados, y en entrevista con EL TIEMPO habló de la idea del contratista detenido Emilio Tapia de lograr un preacuerdo juntando su proceso por Emcali y Centros Poblados, de los términos en los que sería esa negociación que aún no está escrita en un documento oficial.
¿En qué va el proceso contra Emilio Tapia por Centros Poblados?
A él se le acusó inicialmente por fraude procesal y falsedad en documento privado, y hace tres meses fue imputado por peculado, y también unas falsedades en el tema de Emcali, en una licitación por un proceso denominado Puerto Mallarino. Está en ese estado, se está evaluando por parte de la fiscal y su abogado la posibilidad de conexar para que quede en un solo proceso, y sea solo un juez quien pueda definir toda la situación.
Es decir, se juntaría lo de Emcali con Centros Poblados. Y dentro de esa unificación, ¿él está dispuesto a suscribir un preacuerdo?
Sí, ha manifestado a través de su defensor que quieren llegar a un preacuerdo, una negociación. ¿Cuál ha sido el tema?, que en el peculado por ley él tiene que reintegrar los dineros, entonces si no hay reintegro, nosotros no podemos hacer preacuerdo. Se está en que los abogados (también el de Juan Carlos Cáceres) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado evaluando las formas de reparación, y de acuerdo a eso se evaluará si es procedente el preacuerdo, y en qué terminos.
Eduard Alirio Calderón, director de la delegada anticorrupción de la Fiscalía. Foto:Fiscalía
¿Tapia reconocería responsabilidad en los dos casos a la vez?
El preacuerdo parte de esa premisa, de que acepta responsabilidad. Si hay preacuerdo, si no, no sé qué estrategia pueda tomar él con su defensor.
¿Lo de Emcali cómo es?
Es por Puerto Mallarino, recordando que ese contrato incluso ya había sido terminado, liquidado, y que si no es por las declaraciones de uno de los procesados -creo que es Juan José Laverde y Jorge Molina- ni siquiera se hubiera sabido qué allí se hubiesen utilizado documentos falsos.
¿La cifra de reintegro está por los 70.000 millones?
Hemos manifestado que lo que se puede acreditar por un juez es la apropiación o desvío de alrededor de 15.200 millones de pesos, porque el resto lo pueden acreditar como usado para comprar equipos de instalación para los centros digitales. La Fiscalía no puede decir que no están esos dineros, porque ahí están los equipos y visitas técnicas.
Ahora, ellos han manifestado de manera voluntaria la disposición de mirar fórmulas de arreglo para lograr el reintegro de la totalidad, independientemente de lo imputado.
"El preacuerdo parte de esa premisa, de que acepta responsabilidad. Si hay preacuerdo, si no, no sé qué estrategia pueda tomar él con su defensor".
¿Cuál es la postura del Ministerio de las TIC como víctima?
Quieren lograr el reintegro de la totalidad, y atendiendo a la voluntad de estas personas, están en esas conversaciones.
¿Y cómo van los preacuerdos de Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavides? Hay compromisos de devolver plata y atestiguar contra Tapia.
Están pendientes de la evaluación del juez para que determine la legalidad teniendo en cuenta el nivel de participación que tuvieron.
¿Frente al caso de Luis Fernando Duque, otro señalado como los cerebros de esto?
Él también quiere suscribir un preacuerdo, está en la posición de ayudar, pero no se ha aterrizado nada, no tenemos un preacuerdo escrito.
¿Y en cuanto a las grabaciones que salieron en La W?
Audios de la Fiscalía no son. Los procesados tendrán una aspiración, pero otra cosa es lo que legalmente podamos tramitar. A nosotros lo que nos vale es lo que existe en el expediente.
De manera generalizada, los procesados están hablando de preacuerdos, ¿con estos beneficios sí van a quedar reparadas las víctimas y se va a saber la verdad?
La finalidad del preacuerdo es que se logre la reparación, por eso han tenido interlocución directa con los procesados y apoderados, para lograr una reparación adecuada.
¿Con esto, en la delegada que dirige el capítulo Centros Poblados se acerca a su fin, o hay más nombres no revelados?
En la línea investigativa de la Dirección contra la Corrupción tendremos que decir que el tema de las falsedades y apropiación de recursos quedaría concluido, ya todas las personas han declarado y se han corroborado documentos. Desconozco cómo va la otra línea investigativa.
¿Pero con Jorge Molina no ha pasado algo más?
Estamos mirando su participación y vinculación, será un tema que se va a dar en los dos primesos del año que viene.
¿Y en cuanto a Ottomar Lascarro?
A él ya se lo acusó por enriquecimiento ilícito, y vamos a iniciar el proceso ante un juez en Bogotá. Con él no ha habido preacuerdo, tuvo un abogado y manifestó la intención de una negociación, de hacer un reintegro de la plata, pero al final decidió que no y seguramente irá a un juicio.
Hace un año se habló de que Estados Unidos estaba detrás de Centros Poblados, ¿sabe algo de eso?
Ellos están evaluando las cuentas en las que se giraron los dineros y en qué fueron invertidos, preliminarmente hay negocios jurídicos con empresas productoras de algunos elementos que eran los que iban a ser usados en los centros digitales. Y están evaluando porque allá hay acuerdos suscritos con proveedores por mucho más dinero.