Gobierno aún no saca decreto de excarcelaciones para prevenir covid-19

Aunque hace más de una semana el Gobierno anunció que expediría un decreto para que miles de presos fueran enviados a casa por cárcel, en busca de disminuir las posibilidades de contagio de coronavirus en las prisiones, este documento aún no ha sido firmado y el tiempo juega en contra.

El anuncio del decreto lo hizo el Ministerio de Justicia tras motines simultáneos que ocurrieron en la noche del sábado 21 de marzo en 18 cárceles del país. La situación más preocupante fue en la cárcel La Modelo, de Bogotá, en donde en medio de los disturbios murieron 23 presos y más de 80 resultaron heridos.

La cartera de justicia calificó lo sucedido como un intento “criminal y masivo” de fuga, aunque los presos indicaron que fue una protesta porque sienten que las medidas que ha adoptado el gobierno para proteger a la población carcelaria del coronavirus son insuficientes.

Algunas de esas medidas han sido suspender las visitas a los presos, así como dotar al personal de las cárceles de elementos de seguridad. No obstante, los presos se quejan de que ellos no tienen ni tapabocas, ni jabón, ni antibacterial, y en algunos lugares, tampoco hay agua.

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La razón por la que evitar un contagio en las prisiones es tan importante es que en los penales del país hay un nivel de hacinamiento de más del 50 %, lo que hace que implementar medidas como el distanciamiento social es en la práctica, imposible. 

Esto con el agravante de que, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional al declarar un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, los penales no tienen suficientes servicios de salud, y en muchos de ellos el a agua y jabón, para lavar y descontaminar, es muy limitado. Además, hay más de 2.000 presos tienen más de 65 años, y otras personas en condiciones de vulnerabilidad como enfermedades crónicas, madres lactantes o gestantes, entre otros.

Es por ello que varios sectores le han pedido al gobierno que tome medidas que permitan a personas más vulnerables ante el covid-19 salir temporalmente de las prisiones, lo cual a su vez disminuye el hacinamiento y por ende, reduce las posibilidades de un contagio masivo.

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El Ministerio de Justicia anunció un decreto que permitiría la salida de prisión, por tres meses, de población vulnerable que sumada -según los cálculos iniciales del Minjusticia- era entre 4.000 y 15.000 presos. 

Pero nueve días después esta medida no se ha hecho efectiva, ni siquiera se ha expedida por parte del presidente Iván Duque. El tiempo no ayuda, Colombia ya supera los 700 contagios a nivel nacional, suma 10 fallecimientos, y aunque en las cárceles se han tomado medidas de prevención, esto no puede garantizar en un 100 % que no haya contagios en los penales.

Además, en medio de la demora y la incertidumbre por ese decreto, en la cárcel de Popayán ya denuncian que personas les estarían exigiendo dinero a los presos, a cambio de, supuestamente, acelerar sus procesos de envío a prisión domiciliaria. Esa alerta la lanzó el mismo director del penal, coronel Darío Antonio Balen, quien aclaró que esos procesos se realizarán con total apego a la Ley.

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Además, debido a que las excarcelaciones deben ser aprobadas por jueces, en audiencias, es imperativo que cuanto antes se empiece a hacerlas, ya que los poco más de 600 jueces de garantías y de ejecución de penas tendrán que evaluar, uno a uno, cada caso. Siendo miles los casos de reclusos que deberán analizar, esto puede tomar varios días, sino semanas.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron que desde hace varios días entregaron el borrador del decreto a la Secretaría Jurídica de Presidencia, para su revisión y modificación si lo consideran necesario, pero aún no hay decreto y el tiempo apremia.

De otro lado, por los disturbios del 21 de marzo en varios penales, así como las muertes de varios presos, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para analizar varias situaciones, entre ellas, el fallecimiento de tantos presos: 23 en total en solo una noche, en La Modelo.

En esa indagación ya se ordenaron pruebas tanto en las cárceles como en el Inpec, además, se pidió información sobre el armamento de la guardia del Inpec, los protocolos seguidos, entre otros.

Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación para determinar las faltas de los presos. Por ejemplo, según lo anunció el ente acusador, se busca saber por qué tenían elementos prohibidos como celulares, que les permitieron transmitir en vivo lo que estaba pasando al interior de la cárcel.

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