Crisis humanitaria en Guaviare de pueblos Jiw y Nükak amenaza su exterminio

Entre 2020 y 2022 se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual contra menores de 18 años.

En San José del Guaviare, los niños, niñas y adolescentes indígenas permanecen en alto riesgo de reclutamiento Foto: Defensoría del Pueblo

16.01.2023 19:36 Actualizado: 17.01.2023 00:00

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La crisis humanitaria del departamento del Guaviare hoy traspasa profundas problemáticas sociales, que de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, tienen relación con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas con fines de mendicidad ajena, violencia de género, narcotráfico, enfrentamientos entre grupos armados ilegales y formas de violencia institucional.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un informe sobre las vulneraciones a las comunidades indígenas del departamento en el que se evidencia una amenaza de exterminio que atraviesan los pueblos Jiw y Nükak como consecuencia de factores asociados a la pobreza, la exclusión, despojo territorial y el conflicto armado interno que estos pueblos han vivido desde hace más de cincuenta años en sus territorios.

Hace 19 años, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004, y luego en los Autos 004 de 2009 y 173 de 2012, declaró que estas comunidades se encontraban en peligro de extinción física y cultural y determinó órdenes judiciales para la protección de sus derechos e integridad.

En el informe presentado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó un aumento de casos de violencia sexual en el Guaviare en los últimos 3 años. Mientras que en 2020 se registraron 67 casos; en 2021 la cifra aumentó a 69 y en 2022 a 81 presuntos abusos sexuales, de los cuales 23 fueron menores de edad.

Así mismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha practicado 206 exámenes médico legales a niños, niñas y adolescentes por presunto abuso sexual en el mismo periodo de tiempo. Solo en 2022, la entidad practicó 79 exámenes de este tipo.

Frente a las denuncias que recibió la Policía Nacional el año pasado por delitos sexuales a menores de edad, la cifra llegó a 59 acciones legales. El 2 por ciento de estos casos correspondió al delito de carnal abusivo a menores de 14 años, el 34 por ciento a explotación sexual a menores de 18 años y el 63 por ciento a actos sexuales con menores de 14 años.

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En relación con denuncias penales, la Fiscalía General reportó 13 investigaciones en el 2022 por delitos de explotación sexual comercial de menores de 18 años, 89 por acto sexual violento con menor de catorce años y tres por proxenetismo con menores de edad.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó que en 2022 atendió 125 procesos de restablecimiento de derechos, de los cuales 46 son por violencia sexual.

La Defensoría del Pueblo a través de la dupla de género, en 2022 conoció 110 casos de violencia sexual en el conflicto armado contra niñas y mujeres adultas.

Pese a estos registros, el organismo advirtió que "es posible que el número de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la región del Guaviare tengan un alto subregistro en razón de la dificultad de a medios de denuncia".

De otro lado, en la visita de verificación al departamento, funcionarios del organismo evidenciaron presencia de bases militares en territorios de comunidades indígenas como el Resguardo Barrancón. De esta manera, según informaron las mismas comunidades indígenas y habitantes de la zona, se presumen hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas por parte de agentes militares y personal de servicios de salud.

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Escenarios de riesgo para las comunidades

La Defensoría determinó escenarios de riesgo para la comunidades indígenas en espacios públicos como la zona de la 40 ubicada en la zona urbana de San José del Guaviare.

"En esta zona hay guarapearías y establecimientos de expendio de alcohol, en los que también se da la venta y consumo de sustancias psicoactivas. Allí es evidente la ausencia de control institucional, por lo cual se incentiva la trata de menores de edad con fines de explotación sexual", señaló el documento.

La calle 40, una zona contigua al puerto pesquero, niños y niñas deambulan en la mendicidad, pidiendo dinero y comida. "Esta situación afecta de manera directa a las comunidades indígenas quienes son captadas, trasladadas, acogidas y explotadas mediante esta finalidad en varias ciudades del país", explica la Defensoría.

En ese orden de ideas, situaciones de violencia sexual como abuso, venta o instrumentalización, son unas de las razones por las cuales niños y niñas se trasladan zonas urbanas, sin que alguna autoridad preste servicios de protección.

Incluso, el informe señala que agresores utilizan el licor (guarapo o cerveza) para poner en estado de indefensión a sus víctimas, quienes por lo general son mujeres y niñas y son vendidas para ser explotadas sexualmente. "Lo que podría configurar el delito de trata de personas", denunció el organismo.

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Alertas tempranas de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo señaló que ha emitido tres alertas tempranas en el departamento de Guaviare, dos de carácter estructural y una de inminencia.

En una de las alertas tempranas, publicada en 2019, y en su informe de seguimiento publicado el 31 de diciembre de 2021, se advirtió sobre el riesgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicadas en los asentamientos temporales.

Además, el organismo señaló que la grave situación humanitaria que afronta esta población ha propiciado que menores de edad de estas comunidades inicien a temprana edad el consumo de sustancias psicoactivas, sean víctimas de abusos sexuales o ingresen a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.

Por último, Camargo hizo un llamado a una acción estatal "efectiva, completa e integral, permanente y sostenida", que pueda garantizar la protección de los derechos de estas comunidades en una región con una profunda crisis humanitaria azotada por la violencia.

MAURICIO ROA MUÑOZ

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