Contraloría revela crítico diagnóstico de la desigualdad regional: ¿qué tan competentes son los departamentos?

La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad son flagelos que, aunque han tenido alicientes, siguen siendo imposibles de erradicar. En 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro se anotó un logro al lograr sacar a 1.623.788 colombianos de la pobreza, pero el 11,4% de la población aún vive en pobreza extrema, un indicador que se hace más crítico en las regiones que, por sus condiciones geográficas, tienen mayor rezago.

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Esta brecha fue la que abordó la Contraloría en el estudio "Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia”, en el que desagrega los indicadores sociales a nivel territorial y saca a la luz las flaquezas del Estado para cubrir sus necesidades, barreras que perpetúan el ciclo de precariedades.

El Índice de Desarrollo Humano, que se mide mediante tres variables: salud, con la esperanza de vida de las personas; educación, con los años de escolaridad; y el ingreso nacional bruto per cápita, no ha mostrado mejoría en los últimos años en Colombia.

Según esta medición, para el periodo 2023 - 2024, el país cayó tres escalones en el ranking mundial (pasando del 88 al 91), a pesar de la ligera mejora. Obtuvo un puntaje de 0,758, seis décimas por encima de los 0,72 puntos alcanzados en el período anterior.

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Con esta cifra, a nivel regional, Colombia quedó en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Bolivia y Venezuela.

La lectura que hace la Contraloría de esos números, como entidad que hace seguimiento al aprovechamiento de los recursos públicos, es que "uno de los problemas más complejos que afronta el país tiene que ver con la inequitativa redistribución de la riqueza".

A nivel mundial, la desigualdad, que es la diferencia económica entre distintos grupos sociales, es una constante. De acuerdo con el Wolrd Inequality Report, en 2021, el 10 % de la población con mayores ingresos acumula más del 51 % del ingreso total, un fenómeno que se ha mantenido casi que inmutable en los últimos años.  

En el caso colombiano, para 2023, la pobreza monetaria se ubicó en 33 %, después de haber alcanzado el 42,5% en 2020, en el periodo más crítico de la pandemia, debido a la pérdida de empleo y la caída de ingresos de los hogares. Un año antes se encontraba en 37,5%, de acuerdo con el Dane.

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Por otra parte, el 11,4% de la población sigue sumida en la pobreza extrema -cifra de 2023-, con un ingreso per cápita de 218.846 pesos al mes, luego de que este indicador aumentara durante la pandemia de 2020, alcanzando el 15,1%.

Haciendo zoom a nivel territorial, Bogotá tiene la mayor participación en el PIB total con el 24,4%, seguido de la región Central (22,71%) y la Oriental (20,83%). La región Amazonía-Orinoquía mantiene la menor participación con 2,86%. 

La Contraloría, en su estudio, aseguró que una de las causas de la desigualdad es que en Colombia no existe una verdadera descentralización económica. "A pesar de que Colombia ha avanzado en términos de IDH nacional, dicho progreso esconde, lamentablemente, una realidad de avances desiguales entre los distintos territorios del país, donde las disparidades pueden llegar a ser considerablemente marcadas", se lee. 

Otro de los aspectos abordados tiene que ver con la dependencia de los ingresos de los entes territoriales de las transferencias del gobierno, aunque este indicador disminuyó durante 2023 debido al leve y mejor comportamiento de las demás fuentes de ingreso (los impuestos de industria y comercio, los recaudos por concepto de estampillas y el Impuesto al Consumo). 

En promedio, los ingresos propios de las entidades territoriales representan el 3.06% del PIB, mientras que las transferencias casi duplican esta cifra, alcanzando un promedio del 5.63% del PIB, de todas maneras sigue siendo un porcentaje muy bajo.

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"La Contraloría General de la República ha expresado preocupación por ciertos aspectos críticos en la relación fiscal entre el gobierno central y los territorios. Uno de los puntos más alarmantes es la reducción relativa de las transferencias nacionales hacia los gobiernos subnacionales, mientras que las competencias y responsabilidades asignadas a ellos se mantienen o incluso crecen", aseguraron. 

Aunado a su diagnóstico, en el índice de potencialidades de la descentralización diferencial, que mide la capacidad que pueden desarrollar las entidades territoriales para ejecutar de manera directa recursos o competencias en sus áreas jurisdiccionales (departamento y municipio) solo Bogotá y Antioquia superan los 60 puntos, mientras que departamentos como Vaupés y Guainía registran puntajes inferiores a 20, reflejando profundas desigualdades territoriales.

La descentralización ha sido un punto de debate tras la reciente posesión de los nuevos mandatarios locales, que han pedido apoyo a iniciativas (legislativas y propias, como el referendo constitucional de Autonomía fiscal del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón) para una mayor autonomía en el manejo de los recursos. 

La reforma al Sistema General de Participaciones, que pasó en verde el trámite en el Congreso, fue una de estas propuestas para engrosar la chequera de los departamentos y atender las demandas de sus habitantes.

El precedente de su aprobación radica precisamente en la disminución de la capacidad financiera de los gobiernos locales debido a la reducción de las transferencias del nivel central, lo que tiene peores consecuencias para los departamentos de menor categoría, por la concentración de la capacidad productiva en solo unas pocas regiones.

Esta realidad la aborda también el estudio. "Las entidades territoriales más pobres presentan además debilidades institucionales que les impiden ampliar su base tributaria y generar ingresos suficientes para cubrir el creciente gasto público. Esto crea un círculo vicioso: las entidades con menores ingresos fiscales no pueden generar los recursos propios suficientes para compensar la reducción en las transferencias nacionales, lo que a su vez limita su capacidad de inversión en proyectos que podrían impulsar el crecimiento económico y aumentar los ingresos fiscales futuro", afirmaron. 

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Pese a esta radiografía de disparidad, la Contraloría guarda sus reparos con respecto al acto legislativo de la reforma al Sistema General de Participaciones, que aumenta gradualmente del 24 al 39 % las transferencias del gobierno a las regiones. 

"Si la descentralización no va acompañada de mecanismos robustos de rendición de cuentas y transparencia, podrían existir riesgos para que los recursos públicos se manejen de manera adecuada en las regiones. Esto podría generar más desafíos para la CGR en términos de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos y evitar su desviación", justificó.

En este sentido, pide fortalecer las competencias y aprovechar el potencial productivo de cada departamento, según su área de fortaleza: ambiente, turismo, agricultura, entre otros.

Redacción Justicia