Contraloría dice que se gasta más en protección a un congresista que a un líder social

La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial en el que determinó que entre los años 2019 y 2022 hubo 114.703 solicitudes de medidas de protección radicadas por personas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que de estos solo 39.299 casos fueron evaluando, otorgando finalmente 10.459 medidas.

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Es decir, solamente se asignaron 9,1 por ciento de los pedidos, y se evaluaron solo el 26,6 por ciento de casos. Por otra parte, en su análisis la Contraloría halló que las medidas que otorgó la UNP entre 2021 y 2022 dejaron un costo de 1,9 billones de pesos, valor que representa un 63,5 por ciento del presupuesto ejecutado por la entidad durante este periodo.

La mayoría de gastos se fueron en el pago de escoltas (1,08 billones de pesos) y en alquiler de camionetas (644.653 millones de pesos), mientras que para los apoyos de transporte y reubicación de protegidos se entregaron 29.258 millones.

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El anuncio fue compartido este lunes por Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el Sector Defensa y Seguridad, quien empezó explicando que "la primera etapa es la solicitud de la medida, poner en conocimiento el riesgo, después viene la evaluación, a eso entraron cerca de 40.000 personas, y a cerca de 11.000 se les otorgaron medidas".

Además, de las 114.703 solicitudes

de protección ante la UNP, únicamente en 24.373 se alcanzó a iniciar el procedimiento para la asignación de medidas. Esto tendría una explicación según la Contraloría, y es que la mayoría de las solicitudes no cumplen con los requisitos; como la acreditación de pertenencia a uno de los grupos poblacionales que pueden ser beneficiarios de protección.

Otro tipo de pedidos no están en competencia de la UNP, y son enviados a otras instituciones como la Policía Nacional; o también hay casos en los que el solicitante no autoriza la realización de la evaluación de riesgo, necesaria para otorgar la medida.

Entre esta serie de cifras, otro hallazgo de la Contraloría es que al cierre del año 2022, 8.014 personas se beneficiaron con medidas de protección, y que de ellas se destacaron 1.591 de comunidades indígenas y afrocolombianas, 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados de grupos ilegales en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.

Es decir, se encontraron diferencias en la configuración de las medidas de protección que se dan a grupos poblacionales y a congresistas. Mientras que a un funcionario del Legislativo se le destinaron en promedio 374 millones de pesos el año entre 2021 y 2022, para la protección de un defensor o líder social se fueron 124,5 millones de pesos al año, y para comunidades indígenas y afrocolombianas fue de 103,4 millones.

"Al respecto, los altos funcionarios del Estado (congresistas, magistrados, ministros, etc.) tienen las medidas de mayor importancia, entre ellas vehículos blindados y escoltas, conocidas como medidas duras. Mientras que los grupos cuya protección depende de la valoración del riesgo realizada por la UNP -como defensores, líderes sociales y comunidades étnicas-, cuentan, en la mayoría de los casos, con medidas blandas que primordialmente incluyen equipos de comunicación y chalecos antibalas", explicó la entidad a cargo de Carlos Mario Zuluaga.

Para el contralor delegado Parra, "esa diferencia que establece el estudio es que mientras para proteger a un congresista, el promedio son 374 millones de pesos el valor de su medida; para proteger a un líder social la inversión es de 124 millones de pesos, y para proteger a toda una comunidad es de apenas 103 millones de pesos. Entonces menos del 30 por ciento para una medida colectiva gasta el Estado que en un congresista".

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El funcionario subrayó que él tiene un gran aprecio por el poder legislativo, en el que tiene muy buenos amigos en el Congreso, pero eso no le impidió afirmar que hay congresistas que tienen un riesgo alto, y hay otros que no, "y el llamado de atención que haría la Contraloría es que apliquemos el principio de solidaridad con aquellos que están en mayor riesgo".

El órgano de control fiscal también halló que algunos grupos poblacionales tienen una alta proporción de casos de riesgo extraordinario y extremo sobre sus vidas. Entre los mayores amenazados están las personas que fueron testigos de violaciones a los derechos humanos, antiguos de la Unión Patriótica (92,3 por ciento), desmovilizados en proceso de reintegración (83,6 por ciento), y personas que intervienen en procesos judiciales relacionados a violaciones a los derechos humanos (82,4 por ciento). 

Asimismo, se estableció en cuáles departamentos se presentan más riesgos, siendo  Arauca con 84,4 por ciento de valoraciones, Guaviare con 82,9 por ciento, Nariño con el 79,4 por ciento, Chocó con 78,9 por ciento, y Cauca con 76,4 por ciento. "Estas zonas registran los mayores niveles de amenaza, y allí continúan graves hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales y la delincuencia común", explicó la entidad.

Por otro lado, en el informe se encontró que hay varias entidades que tienen responsabilidades de protección similares, algo que no permite -dice la Contraloría- identificar cuáles son las que tienen competencia en determinados casos.

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"En tal sentido, información reportada por el Ministerio del Interior y la UNP muestra el

cumplimiento de acciones establecidas en normas y planes. Sin embargo, al contrastar las mismas, con las cifras sobre violencia contra los defensores y líderes sociales, es claro que las acciones de estas entidades no mejoraron los niveles de seguridad de dicha población", advirtieron.

Como último registro está la preocupación de las personas que piden esquemas de protección es el tiempo que se demoran las autoridades para resolver sus casos, especialmente en las evaluaciones de riesgo individuales y colectivas que efectúa la UNP.

Eso sí, se halló una disminución del tiempo empleado en estas evaluaciones, el cual pasó de 103,8 días calendario en 2019 a 63,1 en 2022. "Sin embargo, es evidente la enorme diferencia entre la duración de las evaluaciones de riesgo individual y las de riesgo colectivo, pues estas últimas, registran un promedio de 269 días calendario en el año 2022".

Con todo esto, la Contraloría le pidió al Gobierno Nacional tener en cuenta la distribución y la oportunidad de las medidas de protección orientadas a personas y comunidades en riesgo, teniendo en cuenta el alto nivel de violencia contra esta población, ya que según la Defensoría del Pueblo hubo 854 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales entre 2019 y 2022.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49