Contraloría detecta 30 hallazgos en manejo de plata para la seguridad

Cinco drones comprados con plata del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para fortalecer los planes de seguridad ciudadana en el Atlántico estuvieron un año guardados.

Esos elementos no se pusieron al servicio porque no contaban con pólizas para cubrir los daños que puedan ocasionar o porque no se había capacitado a los uniformados que los tenían que manipular en sus operaciones contra la delincuencia común.

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 Y en Palmira (Valle), la alcaldía local entregó al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi un moderno equipo de video y seguridad y se detectó que esa unidad no contaba con personal capacitado para su manejo y que 5 de las cámaras no estaban funcionando adecuadamente.

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Estos son solo dos de los casos que aparecen en una auditoría de la Contraloría General de la República a las Fuerzas Militares y de Policía que examinó el manejo de recursos girados para el apoyo de las autoridades y encontró 30 hallazgos istrativos, uno de los cuales tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y tres, indagaciones preliminares.

El informe del organismo de control menciona la compra de un dron y la adecuación de un vehículo por 471 millones de pesos para la Policía en Neiva.

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Sin embargo, señala que “no se detallan ni relacionan los rios y/o demás equipamiento tecnológico entregados junto al Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (Siart), donde conste las características de los mismos, tampoco se establece documento alguno que evidencie la realización de pruebas de funcionamiento, así como la capacitación y el entrenamiento, aspectos establecidos en las especificaciones técnicas del proceso contractual y en la ficha técnica de los estudios previos”.  El dron fue dado de baja por un siniestro.

Aunque el año pasado en todo el país las fuerzas recibieron recursos por 250.000 millones de pesos, la auditoría se concentró en algunas zonas puntuales del país.

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En el documento conocido por EL TIEMPO y entregado a la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía se relacionan los peros al manejo de los recursos en otros temas como el del combustible entregado para el desarrollo de las operaciones.

Por ejemplo, se detalla que la alcaldía de Aguazul (Casanare) destinó en julio del año pasado 39 millones para la unidad militar Coronel Ramón Nonato Pérez. El combustible fue retirado de la estación de servicio local, pero, a juicio de la Contraloría, “no existen soportes que permitan acreditar que el combustible fue utilizado”.

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Esa misma unidad militar presentó ante las alcaldías de Maní y Monterrey proyectos dirigidos a la consecución del suministro de combustible “para garantizar la movilidad y la funcionalidad en las operaciones”. Los dos contratos sumados tenía un valor de 31 millones de pesos.

“En inspección adelantada por el ente de control en visita a las instalaciones del Birna el 20 de abril de 2022, se logró determinar la inexistencia de documentos con los cuales se acredite la utilización del material, con el agravante de que de la revisión del “Reporte de Stock Valorado” del SAP a la fecha de la diligencia aún permanecen los saldos del combustible en el inventario, y según se informa, no se han dado de baja por falta de los soportes que demuestren el consumo. Pese a existir actas de recibo a satisfacción debidamente suscritas, y dado que en los soportes de pago arrimados por el ente territorial no se pudo establecer con claridad si el final del combustible”, señaló la Contraloría en su informe.

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En el Meta se detectó que el Ejército recibió de la alcaldía de Castilla La Nueva combustible para sus operaciones por valor de 26 millones de pesos, pero la Contraloría consideró que “revisada la información suministrada mediante correo institucional de fecha 24 de febrero de 2022 al equipo auditor, se evidencia que el Ejército no cuenta con los soportes de ingreso del combustible como acta a satisfacción, la orden para combustible o valeras, entradas y salidas de bienes en el sistema SAP Silog, y en consecuencia no existe la causación del gasto”.

Por los lados de la Armada, en Cartagena se encontró un hallazgo relacionado con la compra de cuatrimotos con plata del Fonset y que no fueron utilizadas “para el desarrollo de la política de seguridad y convivencia ciudadana por los altos costos de mantenimiento y consumo de combustible”.

De hecho, en el momento de la auditoría de las cuatrimotos los automotores “no estaban en condiciones técnicas para su uso”.

La auditoría encontró además en el departamento de Policía Huila había una diferencia en los recursos que se destinaron para enfrentar las protestas que se registraron en el 2020 en esa región del país.

Según el registro de la institución se gastaron 227 millones de pesos en ‘Operaciones policiales extraordinarias en relación con la minga indígena 2020’ para la alimentación y el hospedaje de los uniformados. Sin embargo, la Contraloría señala que al revisar la contabilidad están sin justificar 77 millones de pesos.

Durante la indagación, cada una de las unidades cuestionadas respondió a las inquietudes del equipo de la Contraloría entregando los soportes, que, a su juicio, justificaban los gastos realizados o el uso adecuado del dinero recibido, o también se referían a investigaciones internas para establecer la existencia de presuntas irregularidades.

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