Contraloría alerta por riesgo millonario si se aplica resolución de Minagricultura sobre vivienda de interés rural

Señalando que habría un riesgo de afectar el patrimonio público en más de 50.000 millones de pesos, la Contraloría General de la República le envió al Ministerio de Agricultura una advertencia frente a una resolución sobre la financiación de vivienda de interés rural.

La advertencia, que también se envió al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, tiene que ver con los riesgos técnicos y económicos que implica la Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023, que para el órgano de control “generarían una alta posibilidad de afectación al erario”.

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Esa afectación se daría por una posible vulneración a los principios de la función istrativa y de la gestión fiscal, que además llevarían a la vulneración de derechos fundamentales de los beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social Rural.

“Se presenta vulneración de la función istrativa, al expedir un acto istrativo sin el previo respaldo presupuestal y determinar la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica, en contravía del marco normativo presupuestal”, porque se trata de recursos con destinación específica, señaló la entidad.

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Según el órgano de control, la Resolución 490 de 2023 permite la destinación de subsidios otorgados a beneficiarios a los que el Estado reconoció su derecho a una vivienda digna, para ser aplicados a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural.

Además, el organismo considera que esto ralentizaría el Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.

“Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio, que solo consideró 5 Gerencias Integrales del Programa de Vivienda de Interés Social Rural”, señaló la Contraloría mediante un comunicado de prensa.

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Sobre el posible daño patrimonial, el organismo sostiene que la Resolución del Minagricultura establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las 5 Gerencias Integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas en la ley sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones.

Además, para la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, hay un riesgo financiero porque la resolución cuestionada determina realizar desembolsos por un valor total de $54.652 millones por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario.

“De esta manera se desconoce que dicho monto de recursos no se encuentra disponible, y apenas está en curso el trámite de aprobación de aproximadamente $10 mil millones vía Presupuesto General de la Nación, lo cual, como se aprecia a simple vista es insuficiente para atender lo estimado. Por lo tanto, no se cuenta con respaldo presupuestal y financiero que permita llevar a cabo compromisos y desembolsos en la cuantía antes señalada ($54.652.477.974,52)”, dijo la Contraloría.

Frente al riesgo jurídico, esto se daría porque la Resolución 490 de 2023, según la Contraloría, excede lo señalado en el artículo 300 de la Ley 2294 de 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo, “por cuanto dicha ley considera unas fuentes de financiación que al corresponder a recursos con destinación específica, en ningún momento señala que se conforme unidad de caja como lo pretende la Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, excediendo sus competencias. Riesgo financiero por recursos no disponibles”.

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Finalmente, el ente de control señaló que se ha venido evaluando el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, y en esto se ha encontrando un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 a 2019, que corresponden a beneficiarios a los que no se les ha construido o entregado su vivienda, aunque algunos demolieron sus casas de bahareque pensando que recibirían una vivienda por parte del Estado y a la fecha esto no ha sido así.

También se habla de hallazgos fiscales por la pérdida de recursos por apropiación de los desembolsos por parte de los operadores del programa (gerencias integrales) y/o casos donde los contratistas de obra no resuelven la situación de fondo, que es la de entregar a los ciudadanos de una vivienda digna para ellos y sus familias.