Las fallas que encontró Contraloría en política para tener agua potable en todo el país

Durante los cuatro años anteriores, en lugar de avances, hubo retrocesos en el cubrimiento del servicio de agua potable en el país, y no hubo un avance significativo para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, de tener una cobertura en agua potable del 100 por ciento en 2030.

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Así lo encontró la Contraloría General que evaluó los resultados de la implementación de la política para el sector consignada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.

El órgano de control encontró que pese a que se destinó una importante cantidad de dinero entre 2018 y 2022, pues fueron invertidos más de 4 billones de pesos, no se logró satisfacer la necesidad básica de provisión de agua potable a buena parte de la población del país que no tiene un servicio adecuado de acueducto, sobre todo en las zonas rurales.

“La gestión desplegada para la ampliación de la cobertura del servicio público de acueducto no contribuyó siquiera a beneficiar una población superior al crecimiento demográfico”, sostuvo la entidad en un comunicado.

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Por demás, el estudio, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, encontró que recursos destinados por el Gobierno nacional a proyectos relacionados con agua potable se priorizan con criterios que no tienen en cuenta el déficit a nivel departamental.

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Y las fallas más recurrentes tuvieron que ver, en un 43,8 por ciento de los casos, con control y supervisión dentro de los contratos para la ejecución de los proyectos de los PDA. En segundo lugar, con deficiencias de gestión a cargo de las entidades responsables de los PDA, las cuales se presentan en el 34,1% de los hallazgos. Y en tercer lugar se identificaron falencias en estructuración y formulación de proyectos, con una presencia en el 29,6 % de los hallazgos.

Así mismo, la Contraloría advirtió que algunas de las metas planteadas, a pesar de cumplirse, habrían podido ser más ambiciosas, “ya que poco contribuyen en la solución del problema”, indicó el organismo.

En el estudio también se midió cómo va el país en cumplir los ODS, que son un compromiso internacional y en cuanto a los objetivos sobre Salud y Bienestar, se verificaron los resultados más recientes del Índice de Riesgo de Calidad para consumo Humano (Irca) para el sector urbano y rural en el año 2020.

Según estos resultados, más de 570 municipios quedaron ubicados en la categoría de “sin riesgo”, situación que aportaría en alguna medida al cumplimiento del ODS.

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Pero aún así, para la Contraloría no se podría afirmar que realmente se está aportando a cumplir este ODS “debido a las variaciones significativas de las cifras reportadas durante los dos últimos años del cuatrienio se presentan vacíos en la consecución de información, situación que no permite establecer con exactitud el verdadero grado de avance en el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano”.

Además, se aclaró que la pandemia de covid-19 afectó la toma de muestras para la obtención de datos del Irca y hubo en 2020 un total de 177 sobre los que no se contó con información.

De otro lado, una alerta que dejan los datos de 2020 es que hay ocho municipios con un Irca superior a 80,1, por lo que son clasificados en la categoría de ‘inviables sanitariamente’. Estos son:

Clemencia (Antioquia) 81,6

San Juan Nepomuceno (Bolívar) 100,0

San Sebastián (Cauca) 88,9

Gamarra (Cesar) 83,8

Francisco Pizarro (Nariño) 87,1

Sucre (Santander) 97,0

Sucre (Sucre) 84,4

Villarrica (Tolima) 8,2

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