Caso Laura Sarabia: chuzadas ilegales, un delito vivo pese a escándalos y reformas

Marelbys Meza, quien fue niñera de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, fue interceptada ilegalmente junto a una empleada llamada Fabiola, luego de que un patrullero investigador de la Dijín de la Policía Nacional las incluyera (sin serlo) en un informe judicial como supuestas integrantes del ‘clan del Golfo’, que fue entregado a un fiscal en Chocó que adelanta una investigación en contra de Wilmer Antonio Giraldo (‘Siopas’), quien era el segundo al mando de esa organización ilegal.

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Con base en ese informe, el fiscal pidió ante un juez de la República el aval para realizar la interceptación que duró cinco días, según dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, hasta que un investigador en Bogotá que realizaba las escuchas indicó que esos números de teléfono no tenían que ver con la investigación.

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El fiscal Barbosa indicó que lo que pasó “es una burla a la Judicatura” porque “lo que hace un fiscal, le dice al señor juez que hay informe que dice, además, que se tiene certeza de la información de la fuente humana”.

¿Qué hacer para evitar estos números colados y evitar escuchas ilegales? EL TIEMPO consultó con varios expertos que indicaron que actualmente hay controles vigentes y que hay un factor ético de los empleados difícil de controlar.

“En Colombia siempre este tipo de abusos de poder ha sido problemático. Por ello, en el año 2004 se introduce, a través de una reforma, que este tipo de procedimientos requieren el aval de un juez de control de garantías. Con posterioridad, en una ley que se expide con ocasión de las chuzadas, se aumentaron las penas y se crearon delitos, pero la realidad es que, cuando un fiscal solicita ante un juez la interceptación, no existe un mecanismo que permita validar quién es el titular”, dijo el penalista Francisco Bernate.

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El jurista precisó que las personas a quienes se suele interceptar por posible participación en actividades criminales, en muchos casos, usan otros nombres. Además,  en el país no hay un control sobre quiénes son los propietarios de los diferentes abonados.

“Pensemos no más en lo fácil que es comprar una sim card, ponerla en un celular y destruirlo. Legalmente no existe una forma para que haya un control. Incluso, hoy en día habría tres controles, el investigador, el fiscal y el juez y, aun así suceden estos eventos. De manera que el problema no es legal sino de ética profesional de quienes actúan de esta manera”, precisó.

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El abogado penalista Andrés Garzón dijo a este diario que la interceptación de las comunicaciones es una herramienta de investigación muy poderosa porque permite anticipar el actuar de los criminales, pero, a la vez, muy peligrosa, porque los controles que tiene no son suficientes y no hay uno previo.

“Hemos visto cómo se ha comprado y se han pervertido las actividades de interceptación para espiar a terceros u obtener información ilegal. Se volvió una empresa del crimen. ¿Cuál sería la solución? Que el Fiscal verifique lo que dice el informe de policía judicial, que es la mano derecho del Fiscal. Es necesario que se aumenten los estándares y debe consignarse en el Código de Procedimiento Penal la obligación del Fiscal de verificar”, dijo.

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Garzón fue abogado del excomandante del Ejército general Mario Montoya, hoy en retiro, y ha denunciado ser víctima de una interceptación ilegal cuando su abonado telefónico fue incluido en un expediente en el Quindío por petición que se hizo entonces por una fiscal.

“Utilizaron un proceso en Quindío en donde yo era abogado”, recordó Garzón, quien indicó que la verificación de los datos del informe, que llevaría a perder la posibilidad de anticipar el delito, es necesaria para evitar que “la policía judicial que en el 99 por ciento de los casos actúa bien, sea corrompida o utilizada para este tipo de actos reprochable y que son criminales”.

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El exfiscal Guillermo Mendoza Diago señaló que no hay una fórmula establecida para resolver esta situación porque el proceso parte de la confianza entre el investigador y el fiscal del caso, por lo que no se puede “diseñar un programa preventivo para que no se realicen escuchas no autorizadas: obviamente, es un procedimiento ilegal”.

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“Se parte de que dicha solicitud es con base en el programa metodológico que se elabora entre el fiscal y el investigador asignado al caso, quien presenta la necesidad de intervenir la línea”, dijo Mendoza, quien añadió que aunque hay unos protocolos establecidos para evitar irregularidades, “los organismos de inteligencia tienen un poder amplio para monitorear llamadas para identificar a integrantes de redes criminales o grupos guerrilleros”.

El exfiscal explicó que estos son monitoreos, sin un objetivo judicial, pero que “cuando es una persona en concreto se tiene que cumplir estrictamente con la Ley 906.

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