'En la implementación del acuerdo de paz no hay intervención integral': Vicecontralor

Carlos Mario Zuluaga habló sobre el informe de seguimiento a los recursos del posconflicto.

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, en funciones de contralor general, en foro de EL TIEMPO Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

PERIODISTA11.10.2023 23:24 Actualizado: 12.10.2023 06:12

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En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Mario Zuluaga, el vicecontralor con funciones de contralor, habló del séptimo informe de seguimiento que hizo la Contraloría General de la República a la implementación del acuerdo de paz con las entonces Farc.

(Puede ver: Tras 6 años, inversión billonaria en la paz no ha logrado grandes cambios: Contraloría)

El órgano de control señala que se han invertido $ 77,45 billones, pero sostiene que hay bajos niveles de eficacia e impacto de los recursos ejecutados.

La Contraloría lleva siete años advirtiendo la insuficiencia de los recursos, en 2022 la ejecución mejoró, ¿ahora sí se están destinando suficientes recursos?

Se reitera que en los próximos años se requiere un mayor esfuerzo presupuestal ante los deficientes resultados para la transformación estructural del campo.

Se observa que, a partir de 2020, el total de recursos por vigencia supera las estimaciones anuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), presentándose la mayor asignación en 2021, con $20,59 billones de 2023. Si bien el ritmo de asignación de recursos se ha elevado a partir del año 2020 frente a lo estimado en el MFMP de 2017, se reitera que en los próximos años se requiere un mayor esfuerzo presupuestal ante los deficientes resultados para la transformación estructural del campo, puesto que los recursos resultan insuficientes para cumplir con las metas establecidas y los rezagos que se han generado en estos 7 años desde la firma del acuerdo de paz.

¿Cuánto dinero haría falta para cumplir los compromisos del acuerdo de paz?

La medición de cuántos recursos harían falta implicarían detallar cada uno de los programas, la gestión de 56 entidades que tiene responsabilidades frente a la implementación, y los recursos por cada fuente de financiación que le apuntan al acuerdo en cada uno de los seis puntos; por eso no es posible dar una cifra a hoy, entre otros factores, por las deficiencias en la información que actualmente no permiten establecer cuánto efectivamente se ha ejecutado de manera cierta.

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En temas de género, la reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz. Foto:Rodolfo González. Archivo EL TIEMPO

Es un balance que debería establecer el Gobierno Nacional con las nuevas apuestas planteadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, donde se destinan $ 50.4 billones para los próximos cuatro años. A precios contantes, solamente 3 billones de pesos más que lo asignado por el Gobierno anterior.

(Puede ver: Contraloría llama a hacer ajustes de fondo en implementación del Acuerdo)

En el informe pasado, sobre vigencia 2021, la Contraloría estimó que la implementación de la paz tomaría al menos 20 años con el ritmo de inversión. ¿A cuánto cambió este plazo en la medición de 2022?

En años anteriores, frente a las inversiones estimadas en el MFMP de 2017, se tenía un nivel de inversión por debajo del esperado, y con el ritmo de asignación de recursos que se traía desde 2017 se excederían los 15 años previstos.

Ahora el énfasis del análisis no es si se están gastando los recursos públicos, es si lo que se dice que se está gastando está logrando los resultados, y ahí está la problemática que ha evidenciado la Contraloría: los bajos niveles de eficacia e impacto de los recursos públicos para lograr la transformación estructural del campo.

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Desde el punto de vista de los resultados, no hemos determinado cuánto tiempo tardaría el país en lograr reducir las brechas entre el campo y la ciudad, planteada en el acuerdo de paz, puesto que depende de muchos factores, entre los que está el nivel de inversiones, la calidad del gasto, la integralidad de las intervenciones, la corresponsabilidad de las comunidades y los gobiernos territoriales, entre otros.

Las transformaciones se miden en el mediano plazo, no son inmediatas. Sin embargo, esta es la pregunta que debe hacerse el Gobierno nacional, responsable de la implementación.

El órgano de control advierte que el hecho de que no se vean resultados en zonas rurales es por “una ejecución desarticulada”, ¿esto en qué se ve?

Quizá este unos de los puntos más neurálgicos de la implementación por parte de los Gobiernos en estos seis años: la desarticulación y baja complementariedad de las intervenciones en territorio realizadas por más de 56 entidades en el sector rural.

La acción desarticulada se observa cuando se le ofrecen proyectos productivos a familias o asociaciones comunitarias que no tienen a tierra; cuando estos proyectos no tienen a sistemas de riego y drenaje, porque se priorizaron en otras zonas; cuando se financian proyectos productivos y no se tienen vías terciarias para sacar los productos, no llega la asistencia técnica y no tienen a los planes de comercialización. En resumen: no hay una intervención integral y articulada, por tanto se están invirtiendo los recursos, pero no se garantiza la sostenibilidad de los proyectos.

Cada entidad tiene priorizaciones y alcances diferentes, y no hay una intervención integral que genere verdaderas transformaciones, sostenibles en el tiempo.

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¿Qué llamado le hacen al Gobierno frente a la implementación de la paz?

Un compromiso real con el cumplimiento del Acuerdo que se vea reflejado, entre otros, en temas como una mayor asignación de recursos en temas estructurales, solución de cuellos de botella en el a tierras; en la revisión del Plan Marco de Implementación, que contiene los indicadores y metas establecidos para dar cumplimiento al acuerdo de paz; en el mejoramiento en la calidad de la información financiera y de avances de la implementación; en establecer mecanismos que permitan mejorar la articulación, complementariedad e integralidad de las intervenciones por parte de las entidades responsables de la implementación.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

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