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'A los órganos de control no se les pueden quitar competencias, hay que fortalecerlas’
Así lo dijo el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos M. Zuluaga, en charla con EL TIEMPO.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, en jornada en La Guajira. Foto: Contraloría
PERIODISTAActualizado:
En entrevista con EL TIEMPO, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, habló de los procesos a los que les puso la lupa la entidad en 2023, se refirió a una auditoría de los contratos del metro de Bogotá que saldrá el próximo año y a los líos por la licitación de pasaportes.
¿Cuál es el balance este año de la Contraloría?
Mejoramos sustancialmente los resultados en relación con los últimos cuatro años, en un solo año en cobro coactivo hemos recaudado 454.000 millones de pesos; abrimos procesos de responsabilidad fiscal por más de 6 billones de pesos y adelantamos un cambio sustancial en la operación y estamos decretando medidas cautelares para proteger el patrimonio.
¿Cómo es eso?
Significa que servidores públicos, ordenadores de gasto, aseguradoras, entre otros, están hoy vinculados de manera directa y tienen medidas cautelares de embargos de cuentas y bienes, esta es una medida que ha permitido reorientar la forma en la que se guarda el patrimonio.
Cuando llegamos a la Contraloría encontramos 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal que son básicamente irrecuperables porque se insolventan las personas, y quisimos con esta nueva medida garantizar que todo lo que nosotros investiguemos como detrimento patrimonial, al momento de fallar tenga la posibilidad de recuperarse.
Bogotá 14 Diciembre 2023. Frente al edificio de la Contraloría General, un numeroso grupo de personas de distintos territorios del país como Valle, Bolívar, Cauca y Santander llegaron para manifestarse en contra de instituciones como la Contraloría y la Fiscalía por las acciones encontra de las propuestas del Gobierno de Gustavo Petro. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
La Contraloría suspendió al director de la UNGRD, que no respondió a pedidos de información de la entidad, ¿vienen más suspensiones?
Cuando llegamos a la Contraloría encontramos 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal que son básicamente irrecuperables.
Lo que no puede ser frecuente es que los servidores públicos sientan que gozan de una inmunidad que les permite desconocer sus obligaciones como servidores, en este caso, el acatamiento y la atención a los requerimientos que realiza un órgano de control.
Lo que se busca fundamentalmente aquí es tener un precedente sobre la buena gestión, la no obstrucción a las actividades misionales de auditorías; esto no se trata de un asunto personal, si vuelve a ocurrir con él o con otro servidor público, la Contraloría está en el deber y en la obligación de hacerlo, no puede existir la sensación entre funcionarios públicos de que se pueden desconocer requerimientos de órganos de control.
En el caso de la UNGRD, la Contraloría ha advertido retrasos en las reconstrucciones de Mocoa y Piojó, ¿qué más puede hacer el órgano de control para que esos procesos avancen?
Hay dos hechos que los colombianos tienen que tener en cuenta: uno, la Unidad de Gestión del Riesgo ha tenido recursos suficientes para atender todas las emergencias y los proyectos para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Lo segundo, casi que el único funcionario público en Colombia que tiene la posibilidad de hacer contratación directa de manera expedita es el director de la UNGRD, por lo tanto aquí se esperaría de una entidad como esta que sea más efectiva.
Contraloría suspendió a Olmedo López, director de la UNGRD. Foto:Archivo particular
¿Cómo va el seguimiento al metro de Bogotá?
Tenemos proyectado en el Plan Nacional de Vigilancia Fiscal del 2024 arrancar en enero la auditoría a 1,2 billones de pesos que ya se han ejecutado de la primera línea del metro, es decir, son recursos que son parte de lo que estamos vigilando en la acción conjunta con la Contraloría Distrital. La auditoría se hará durante el primer semestre del próximo año.
En el sector del parque Gibraltar, entre carreras 99F y 90A, se comenzaron a hincar los pilotes prefabricados que sostendrán la estructura de la primera línea del metro. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Hace poco, el Gobierno aprobó un decreto para la construcción de vías veredales que permite la contratación directa, sin importar el tope, ¿cómo lo vieron?
Frente a esto hemos hecho tres alertas: la primera, que deben existir unas interventorías especializadas; dos, que los equipos de apoyo que contraten las oficinas de Invías tengan la capacidad de suministrar personal de apoyo técnico para que soporte a las asociaciones comunales en la ejecución de estos proyectos; y tres, que debe existir un mecanismo muy claro de balance contable que permita a la Contraloría hacer la verificación de la ejecución de estos recursos.
Hay controversia por la licitación de pasaportes, que se declaró desierta porque el Gobierno se niega a adjudicar licitaciones con un único oferente, pese a que esto no está prohibido por ley, ¿cómo ve esto?
No está mal que el Gobierno quiera abrir el mercado, pero como esto no es ilegal, el Gobierno no puede prohibir a los funcionarios que hagan algo que la norma no les prohíbe porque esto puede ocasionar controversias contractuales que pueden afectar los intereses patrimoniales del Estado. No puede la voluntad del Gobierno traducirse en un instrumento que jurídicamente es incompatible.
Precisamente, Thomas Greg ya demandó al Estado, ¿la Contraloría tendría que actuar?
Ahora hay una demanda en lo contencioso istrativo, si se determina que el Estado tiene la razón, no hay ninguna dificultad, pero en caso contrario, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal, y la Contraloría tendría que aplicar medidas cautelares contra los responsables del daño al patrimonio público; una vez se abre el proceso, se embargan cuentas y bienes de las personas responsables, del canciller y de quienes estuvieron a cargo de esas decisiones.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga habló de la demanda por la licitación de los pasaportes. Foto:Archivo
¿Cómo estuvo la ejecución presupuestal del Gobierno este año?
Al 31 de octubre tenía una muy baja ejecución, aspiramos a que hayan creado compromisos, pero si uno dijera cuánta plata se dejó de ejecutar a esa fecha, estamos hablando de casi más de una reforma tributaria.
Un seguimiento a la siniestralidad vial encontró varias falencias, ¿qué determinaron?
La siniestralidad vial en Colombia, en por lo menos cinco departamentos y casi 379 municipios, es más alta que las muertes ocasionadas por la violencia por el conflicto interno, y eso ya pone de presente que este es un problema de salud pública que se ha convertido en una epidemia porque tenemos un aumento permanente del número de muertes por accidentes de tránsito asociadas a motos, motos que tuvieron un descuento del 50 por ciento en el valor del Soat, motos que ocasionan el 90 por ciento de la accidentalidad, hemos detectado seguros o Soat falsos, vencidos, y personas que desaparecen de la escena de los hechos; en todos esos casos, el Estado tiene que proteger al afectado.
Hoy en la Adres hay en reclamaciones pagos por 530.000 millones de pesos, lo que significa que la accidentalidad nos está ocasionando un desangre no solamente de muertes, sino también en los recursos que el sistema de salud tiene que poner para atender a las personas.
Imagen de referencia de accidente. Foto:iStock
¿Está en desacuerdo la Contraloría con mantener el descuento del Soat?
No es conveniente porque está asfixiando el sistema de salud, no es conveniente que se mantenga la congelación de los peajes, no es conveniente que se mantenga el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, o sea, no es conveniente que se mantengan unas medidas que finalmente lo que van a provocar es que en menos de un año estemos hablando de otra reforma tributaria para apalancar un déficit que podemos estar arrastrando cada año por tomar unas medidas que tienen unos impactos fiscales de un tamaño como este.
¿Tiene hoy la Contraloría suficientes ‘dientes’ para cumplir sus funciones de vigilar el uso de recursos públicos?
Sí los tenemos, después de la última reforma tenemos cómo recuperar la plata, cómo llegar a tiempo a donde están los recursos perdidos, cómo hacer control preventivo concomitante para prevenir un daño, cómo advertir a través del control de advertencia riesgos inminentes en la pérdida de recursos; es decir, tenemos todos los instrumentos jurídicos y los estamos usando sin ningún tipo de restricción porque un uso razonable de las competencias que tiene el órgano de control tiene que combatir la corrupción y tiene que garantizar que sigamos recuperando proyectos críticos y obras inconclusas, como los más de 700.000 millones de pesos que recuperamos de elefantes blancos en este primer año de gestión.
En su momento, el Gobierno habló de un proyecto para quitarles a los órganos de control unas funciones, ¿cómo vieron ese intento de restarles facultades?
Nosotros estuvimos en desacuerdo y lo manifestamos porque a los órganos de control no se les pueden reducir las competencias de vigilancia frente a los servidores públicos, por el contrario, hay que fortalecerlas, ese es el equilibrio de poderes de un Estado de pesos y contrapesos, y en últimas nosotros hemos sido respetuosos del uso de todas las competencias que tenemos para darles señales de respeto y de independencia a los colombianos frente a lo que debe ser el ejercicio de los órganos de control.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
En X: @MIOF_
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